La Universidad pública, donde los pobres subsidian a los ricos, es un modelo que no se aplica ni en Cuba.   Pero en la Argentina no se discute ni siquiera sobre lo que sucede en materia educativa en un país tan frívolamente admirado por los estudiantes universitarios locales.   Al respecto, Prensa Latina, la agencia oficial de noticias de Cuba, había emitido un despacho muy revelador fechado en La Habana el 8 de abril del 2010 a las 14,15 horas, con el categórico título ''Cuba ajusta ingreso universitario a necesidades de la economía''.   La noticia, que seguramente pasó por todos los filtros del caso, comenzaba así: "Autoridades educacionales cubanas anunciaron hoy que el ingreso a carreras universitarias estará en correspondencia con las necesidades de la economía y previeron para el ciclo 2010-2011 una disminución en relación con años anteriores''.   El despacho de la agencia oficial destacaba que se otorgarían 100 mil plazas, adelantando que ''cifras preliminares dan cuenta que para este año deben presentarse a exámenes de ingreso de 140 a 150 mil aspirantes a centros de altos estudios''.   Al respecto, el director de Ingreso y Ubicación Laboral del Ministerio de Educación Superior de Cuba, René Sánchez, tendría que ser acusado por los jóvenes argentinos de conservador derechista, luego de señalar que ''una de las novedades para este año académico es que los candidatos deben obtener al menos 60 de 100 puntos en matemáticas, lengua española e historia de Cuba para poder acceder a la enseñanza superior''.   Otras expresiones interesantes que deberían provocar una encendida protesta de las organizaciones estudiantiles y aun una manifestación frente a la embajada del país revolucionario, ubicada en el coqueto barrio de Belgrano de la capital argentina, es que en Cuba ''es requisito demostrar las competencias para acceder a esa enseñanza'' pues, según lo manifestado por el funcionario cubano, ''el que aprueba tiene más posibilidades de éxito en la carrera escogida''.   La referencia sobre Cuba indica que algo hay que cambiar en la política universitaria argentina, salvo que hasta los castristas sean considerados de derecha.   Precisamente, como "de derecha'' fue calificada Camila Vallejo, la joven líder de las protestas estudiantiles en Santiago, perteneciente al Partido Comunista de Chile, por hablar de ''oferta y demanda en la educación''. El mote se lo aplicó una estudiante argentina vinculada al sector más moderado de las agrupaciones políticas en ''La Siberia'', como se conoce a la sede en la que se encuentra la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), a 300 km de Buenos Aires, durante una charla del analista político Patricio Navia sobre ''Radiografía del descontento actual en Chile''.   Para la estudiante rosarina, en la Argentina es inconcebible hablar como lo hizo Camila, pues aquí la universidad pública gratuita y de ingreso irrestricto ''es un derecho''. Y no hay dudas de que tiene razón, al señalar los límites al debate que existen en la Argentina sobre la universidad pública.   Es que un hecho tan obvio, como que los sectores más bajos subsidien a los sectores medios y altos es un tema que en la Argentina no admite cuestionamientos. En especial, porque una mayoría silenciosa que cursa en la universidad pública se guarda sus pensamientos.   Pero para intentar aclarar lo obvio, el Diccionario de la Real Academia Española brinda la siguiente definición de pobre: ''Necesitado, que no tiene lo necesario para vivir''. Por lo tanto, ¿puede alguien pobre ir a la Universidad?   Corresponde plantearse entonces si alguien que puede pagarse una blackberry -entre ellos, varios de los estudiantes de una universidad nacional y popular como ''La Siberia''- o movilizarse en un automóvil moderno, tiene ''derecho'' a que la sociedad en su conjunto -incluyendo a los sectores de menores recursos que pagan IVA en sus compras de alimentos básicos- le subsidie su educación superior.   O inclusive interrogarse acerca de si no existen otras prioridades socialmente más urgentes para asignar los recursos con los cuales actualmente se beneficia a un grupo privilegiado.   Estas cuestiones irrefutables no significan cuestionar la existencia de la universidad pública, sino su característica de ingreso irrestricto y sin costo alguno por parte de todos los estudiantes.   La universidad pública sí puede brindar mayores facilidades que las privadas otorgando becas, tanto a los estudiantes de menores ingresos como a aquellos que registran un desempeño académico sobresaliente y hasta ofrecer carreras cuyo auto-financiamiento es inviable, por lo cual requiere ser subsidiada.   Lo contradictorio es que, por el bajo nivel académico de las carreras de grado, la misma universidad pública arancele las carreras o especializaciones de posgrados.   Sin embargo, algo tan elemental y justo no puede debatirse en la Argentina, entre otros motivos porque la mayoría de las agrupaciones estudiantiles, principalmente las de la izquierda autoritaria e irrealista -cuyas ideas no se aplican ni en el ''paraíso'' cubano- controlan los centros estudiantiles e impiden el libre intercambio democrático de ideas.       (*) En las universidades públicas argentinas no existe cupo de ingreso