El primero de enero pasado se cumplieron 53 años del triunfo de la Revolución Cubana, cuyos ideales democráticos quedaron rápidamente olvidados y, en su lugar, sucedió aquello que George Orwell expresara diez años antes en su libro 1984: "No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución; se hace la revolución para establecer una dictadura".   Sin embargo, así como no hay que olvidar el espíritu democrático de la mayoría de los que lucharon para derrocar a la dictadura militar de Fulgencio Batista, es necesario precisar el tiempo que el pueblo cubano lleva sin ejercer su derecho a elegir libremente a sus gobernantes.   Así, a los 53 años del régimen totalitario de los hermanos Fidel y Raúl Castro, hay que sumar los 7 años de la dictadura de Batista, aclarar que las últimas elecciones -previas al 52- fueron fraudulentas y que la edad mínima para votar era de 21 años. Conclusión obvia: en Cuba prácticamente no hay nadie que haya participado en una elección libre, con lo cual su pueblo padece el mayor analfabetismo cívico de América Latina.   Por supuesto que la mayor parte del tiempo que el pueblo cubano lleva con sus libertades democráticas conculcadas es responsabilidad del régimen de partido y pensamiento único de los hermanos Castro. Pero parte de esa responsabilidad es compartida por los gobiernos democráticos de América Latina, pues le vienen brindando igualdad de trato y distintas muestras de apoyo a una dictadura remanente en la región que se ha mantenido en el poder debido a su implacable represión interna -como lo evidencia la reciente muerte del preso político Wilman Villar, luego de una prolongada huelga de hambre- y en esa habilidad del castrismo en conseguir legitimidad internacional.   Es cierto que muchos gobiernos y referentes sociales señalan grandes logros de la Revolución Cubana, aunque sin transparencia y libertad de prensa es difícil corroborar los mismos. Pero aún si estos logros sociales fueran reales, resulta un atraso ideológico -desde la perspectiva democrática- plantear que para ello se necesita implementar una dictadura.   Lo que debe quedarles claro a todos los que se consideran democráticos, es que el pueblo cubano no puede ser excluido en el derecho a elegir libremente a sus gobernantes de la única manera que es posible hacerlo: garantizando el respeto a las libertades civiles y políticas, lo cual implica poner fin al régimen de partido y pensamiento único, es decir, a la dictadura.   En última instancia, la ausencia de condena regional a la obscena violación a los derechos humanos en Cuba, de un reclamo de apertura política y de reconocimiento a su pacífico y valiente movimiento cívico interno, implican un claro límite a la consolidación de la cultura democrática en América Latina.