La reciente estatización de la mayoría accionaria de YPFplantea, como gran interrogante, si volverá o no a repetirse el mal manejo que llevó hace veinte años a la necesidad de su transformación y privatización.   ¿Acaso no resulta poco creíble que un gobierno caracterizado por su paupérrima calidad institucional pueda transformar a la petrolera estatal en una empresa pública ejemplar? Al respecto, llamó la atención que la presidente Cristina Fernández de Kirchner haya tomado como referencia a Noruega para justificar la administración estatal de YPF. Es que, teniendo en cuenta el estilo de gobierno del kirchnerismo, su utilización patrimonialista de los recursos públicos, el criterio político "militante" que prioriza para desempeñarse en cargos técnicos de organismos estatales, la falta de rendición de cuentas y el bajo nivel de transparencia, parece inverosímil la pretensión de incorporar en YPF las características ejemplares del manejo de la petrolera pública noruega Statoil.   Un detalle no menor es que Statoil está firmemente en contra de la corrupción. En setiembre del 2011, por ejemplo, lanzó un programa de aprendizaje "online" de anticorrupción, obligatorio para todos los empleados del grupo disponible en cinco idiomas; tomarlo insume alrededor de 90 minutos. El programa consta de una introducción del CEO, un repaso por la legislación estadounidense y noruega en contra de la corrupción y nueve ejercicios interactivos que tratan los siguientes casos particulares: acoso laboral, sobornos, fraude a la empresa, información interna, confidencialidad y conflictos de intereses, inversiones sociales, contacto con oficiales públicos, intermediarios y "lobby", regalos y atenciones.   A su vez, en su Código de Conducta Statoil hace referencia explícita a lo siguiente: brindar información, reportes contables e informes correctos que cumplan con las leyes aplicables de los "securities" y los estándares de las bolsas de valores; y combatir la corrupción, incluyendo coimas y tráfico de influencias.   Statoil no apoya a ningún partido político o político individual y a sus empleados se les recomienda advertir cualquier caso de incumplimiento o preocupación ética que tengan mediante los canales normales. Inclusive, existe la "Hotline" de ética, página web disponible en varios idiomas, en la cual un empleado puede hacer una denuncia hasta de forma anónima. Las denuncias se investigan en una unidad del departamento de Auditoría Corporativa.   Con presencia en 37 países y contando con 21.330 empleados, Statoil no es una empresa subsidiada o apoyada económicamente en cualquier forma por el Estado. De a cuerdo a los principios del gobierno noruego de buena gestión corporativa, la composición de la junta directiva se caracterizará por la capacidad, competencia y diversidad.   En el Informe Anual y de Sostenibilidad 2011, Statoil ofrece una página interactiva con cinco preguntas a cinco integrantes de la empresa, por ejemplo: "¿Cómo es la perspectiva de la industria de petróleo y gas en un mundo de inestabilidad financiera? ¿El 'shale gas' vale el riesgo? ¿Presta Statoil suficiente atención a la prevención de riesgos laborales y medioambientales?" Considerando la política comunicacional del kirchnerismo, sería poco probable que replique una iniciativa informativa tan innovadora como la de la petrolera noruega.   Como broche de oro, cabe destacar que toda la política de exploración y explotación de Statoil, en las áreas del Mar del Norte noruego, está orientada a asegurar flujos de caja que permitan al Estado pagar jubilaciones dignas a sus ciudadanos. Para ello tienen uno de los fondos de inversión soberano más grandes del mundo al cual van las ganancias petroleras destinadas a las próximas generaciones. Sin dudas, algo muy diferente al despojo que hizo el kirchnerismo de los aportes privados a las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión) y el manejo discrecional que tiene de la ANSES (Admnistración Nacional de la Seguridad Social).