Por: Jorge Altamira
Ya se puede decir que el impuesto al salario está provocando una rebelión nacional. La confiscación se extiende a los jubilados y monotributistas. Afecta a más de dos millones y medio de trabajadores, que históricamente estaban exentos de este gravamen a las ganancias. Al no modificar el mínimo no imponible, el gobierno descarga por completo el peso de una inflación que se aproxima al 30%, sobre la población laboriosa. El impusto alcanza a cualquier persona que gane 5.789 pesos, si es soltera, o 7.998 pesos, si es casada con dos hijos. Para echar sal sobre la herida, se anuncia que se extendería a las indemnizaciones por despido. En este punto, el gobierno nacional y popular recoge la peor herencia dela Alianza (reforma Machinea), que aumentó el impuesto del 6 al 9 por ciento, así como las alícuotas para los distintos niveles de sueldos. Aquí aparece otro aspecto confiscatorio, que no es menor, pues los aumentos de salarios, a raíz de la inflación, incrementan la alícuota que se aplica a los sucesivos escalones de la escala.
¿Es este impuesto el único que expropia a los trabajadores de gran parte de sus ingresos? El impuesto directo al salario se suma al indirecto, el IVA, que grava un 21 por ciento los consumos, e incluso una parte considerable de ingresos brutos. ¿Es tolerable que el Estado se apropie del 50 por ciento del ingreso de la fuerza de trabajo?
En una sociedad capitalista, el Estado no es, sin embargo, el beneficiario último de la confiscación impositiva. Es apenas un intermediario, una cinta transportadora. ElPresupuesto de 2013, votado por el Congreso, prevé un pago de intereses del Estado para el año, de 56 mil millones de pesos. La recaudación de los impuestos múltiples a los ingresos de los que trabajan, va a alimentar de este modo los cofres de los bancos y los fondos financieros. Estamos ante una expropiación del trabajo por el capital, a través del Tesoro Nacional.
Las propuestas para terminar con una parte de esta exacción -el impuesto al salario- son variadas. Algunos proponen llevar el mínimo no imponible a once mil pesos; otros,que se excluya del impuesto, además, a los amparados por los convenios laborales. Pocos son los que añaden la necesidad de derogar la suba del impuesto y las alícuotas sucesivas de Machinea. Virtualmente nadie plantea la eliminación completa de todo tipo de impuesto al consumo y el aumento de los impuestos directos al capital y a los beneficios capitalistas. El gobierno, de todos modos, no se inclina por estas opciones: son muy fuertes las versiones de que pretende canjear una suba (insuficiente) del mínimo no imponible por la aceptación, por parte de los sindicatos, de un tope a los aumentos salariales.
Los talibanes del kirchnerismo explican el impuesto directo al salario en función delcarácter progresista de los impuestos progresivos a los ingresos personales.Bien mirado, sin embargo, estamos ante una justificación de la baja imposición al capital y, peor, de las innumerables excensiones impositivas que benefician a las empresas. Un estudio oficial de las excensiones que benefician a las empresas, en Gran Bretaña, arribó a la conclusión de que los capitalistas son acreedores netos del Estado -y esto no incluye los intereses que cobran sobre la deuda pública-. Este fenómeno es común a la mayor parte de los países: en Argentina, el impuesto a las ganancias de las empresas aporta menos del 3 por ciento del PBI. A la luz de estos datos, es claro que la sociedad capitalista y su organización estatal son un gigantesco mecanismo de confiscación de la fuerza de trabajo.
El reclamo del Partido Obrero se puede resumir en los siguientes términos. Exceptuar del impuesto a las ganancias a los trabajadores convencionados y a los jubilados, y elevar el mínimo no imponible a 15 mil pesos, o seis salarios mínimos, ajustado por inflación; derogar la reforma de Machinea, o sea reducir el impuesto mínimo y modificar las alícuota en función de la inflación; eliminar los impuesto al consumo y compensarlos con el impuestos a los beneficios capitalistasestablecer el carácter público de las cuentas y contabilidades empresarias (única forma de determinar la materia imponible).
El gobierno prefiere ignorar que enfrenta una bomba de tiempo. En 1978, la dictadura brasileña manipuló las cifras de costo de vida para incidir en forma negativa en los aumentos de salarios. En 1979 enfrentó, por esta razón, una ola de huelgas en la gran industria. En 1980 surgió una fuerza obrera y de izquierda, el PT, y en 1981 la Central Única de Trabajadores, que dio por tierra con el ‘sindicalismo’ oficial (pelegos). Es un ejemplo, entre tantísimos otros, que ilustra la perspectiva de conflictos y luchas de 2013 y de las alternativas que emergen de ellas.