Mientras la corriente ideológica dominante en las altas esferas de gobierno nacional se identifique con la del Juez Zaffaroni, la respuesta a la pregunta que planteo en el título es no. Porque mientras el ciudadano honesto de nuestro país sobrevive en sistemas medievales de autodefensa, amurallando ciudades (countries) y enrejado, acudiendo a linchamientos a falta de seguridad y justicia pública, en los pasillos del Ejecutivo se debate sobre la bondad de un Código Penal que elimina la reincidencia y las penas perpetuas, permite que la tenencia de estupefacientes para consumo personal sea legal -el tráfico es levemente penado-, y eleva la edad de imputabilidad de los menores a 18 años, cuando el sentido común y la realidad imponen lo contrario.

Distinto y esperanzador es el mensaje que envía la Declaración de la Emergencia en Seguridad Pública firmada por el gobernador Daniel Scioli en la víspera. Varias de las medidas impulsadas (y otras más que detallaré más adelante en el artículo), como la baja de la Imputabilidad de Menores, la creación de Alcaidías para liberar a la policía de su contra natura función de custodiar presos, la municipalización de policías y la ampliación numeraria de efectivos fueron llevadas por la entonces senadora Hilda Duhalde con su pedido de declaración de emergencia ya en el 2010. ¿Si hubiera sido más oportuna antes? Seguro, pero miremos para adelante y el mensaje del Gobernador es positivo. Mejor aún hubiera sido que esta medida fuera acompañada desde la Nación en el mismo sentido. Los delitos federales avanzan, en especial el narcotráfico, el mayor creador de delito violento de estas épocas.

Como dije antes, algunas medidas más proponíamos con la senadora Duhalde, quien amablemente requiriera mi consejo en aquella oportunidad. Aquí se las dejo, ya que su implementación sería beneficiosa para la seguridad de todos los bonaerenses. A través de los legisladores nacionales impulsábamos:

A) La modificación del art.52 del Código Penal que estableciendo que ante el tercer delito doloso cometido, la pena será perpetua sin posibilidad de libertad condicional, para así terminar con la habitualidad del criminal.

B) La modificación del régimen de tentativa para delitos graves (Homicidios, Violaciones, Robos Calificados, Secuestros) en cuanto debe ser penada igual que el delito consumado -como es en los códigos modernos de países afectados por el delito, que no premian con rebajas de pena a delincuentes fracasados.

Asimismo:

-La creación de una Unidad Científica de Análisis Criminal que, como en toda policía moderna, es fundamental y orienta al trabajo de prevención policial identificando tendencias y patrones criminales.

-La contrucción masiva de cárceles sanas, limpias y seguras de las que nadie se escape (como manda la Constitución)  en todos los distritos provinciales, porque un sistema policial-judicial que funcione al menos triplicará la  escasa población carcelaria actual.

-El dictado de un nuevo Código Contravencional que no haga ver al vecino ni a sus hijos menores prostitutas ejerciendo su “trabajo” en cualquier barrio y a cualquier hora, ni se le obligue a pagar por estacionar en la via pública o por “servicios de limpiavidrios” que no pidió.

-Un estricto control de armas para los delincuentes y no para los ciudadanos honestos que las obtienen para defenderse de la delincuencia.

-Vista la falta de una Agencia Federal anti narcóticos, proponíamos la creación de una Unidad Provincial numerosa, capacitada a estándares internacionales y dotada técnicamente para enfrentar este flagelo y así blindar la provincia, ante la falta de blindaje de las fronteras nacionales.

-Como contrapeso de la anterior Unidad, proponíamos la creación también de una Unidad operativa y armada de Asuntos Internos.

-También la creación de un cuerpo operativo de seguimiento de excarcelados (como los probation y parole officers del sistema anglosajón) que verifique las actividades del delincuente presunto excarcelado, o al condenado que por excepción se le otorgue la libertad condicional.

-La creación del prefijo telefónico 311 para denuncias no urgentes para así descongestionar el 911 que debe funcionar con sistemas antipánico en toda la Provincia.

Cabe aclarar que algunos programas antidelictuales puntuales exceden el marco de esta nota, pero quedan a disposición del funcionario que lo requiera.