El primer caso que retiene la mirada pública sobre la seguridad de la provincia de Buenos Aires lejos está de ser el último. Las estructuras de seguridad, penitenciarias y judiciales, siguen siendo las mismas de la gestión anterior y de otras anteriores. Si realmente se tiene vocación de cambio y se apuesto a ello, poco podrá hacerse con las mismas herramientas que provocaron este estado de cosas.
Así, hemos acercado al ministro Cristian Ritondo el proyecto de creación de una agencia —o secretaría— provincial de lucha contra el crimen organizado, una estructura ágil y dinámica que, por fuera de la fuerza policial provincial, dé al fin soluciones al ciudadano común sobre narcotráfico, trata de personas, secuestros y otros delitos complejos o en manos de la delincuencia organizada. Esta, a la vez, deberá ser la contraparte de una agencia o una secretaría que a los mismos fines cree el Gobierno nacional.
La Policía bonaerense, así, al menos sus buenos efectivos, deberá municipalizarse para enfrentar el delito común, especialmente el violento. En cuanto al servicio penitenciario también deberá explorar otras opciones, como por ejemplo la construcción de nuevas unidades, llave en mano y, por qué no —ya no debería ser mala palabra—, darle el manejo a compañías internacionales que ya han demostrado su eficiencia a la hora de hacerlo en otros lugares del mundo.
Por último, pero no menos importante, deberán evaluarse minuciosamente los nuevos nombramientos judiciales para buscar perfiles de personas que privilegien, en sus resoluciones, los derechos de las víctimas y la seguridad pública en general.
No esperemos diferentes resultados si apostamos a las mismas soluciones.