Los avances legislativos de los últimos años apuntaban a dar la imagen de un Estado laico, más allá de los planteos y desplantes de la Iglesia Católica. La sanción de las leyes de Matrimonio Igualitario, Identidad de Género y hasta Fertilización Asistida, eran muestras claras de un Estado que había decidido legislar en temas sensibles, por sobre los intereses propios de la corporación eclesiástica.
La discusión del Código Civil parece, por el contrario, encaminarse hacia el rumbo opuesto de lo antes dicho. Las presiones de la Iglesia han sido tenidas en cuenta y se incluyeron cambios que podrían dar señales contrarias a la laicidad del Estado. En ese sentido, quizá una de los más llamativas sea el art. 146, que mantiene a la Iglesia Católica como “Persona Jurídica Pública”, es decir, queda homologada al Estado Nacional, las provincias y los estados extranjeros, y que, según el artículo 148, estaría por encima del resto de los otros credos reconocidos legalmente, que serían “Personas Jurídicas Privadas”.
Sin embargo, esta cuestión pareciera un detalle menor en relación a la redacción del artículo 19, sobre el cual el año pasado el cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy papa Francisco, había reclamado. Este artículo originalmente preveía que la existencia humana “comienza con la concepción”. En el texto, además, se explicaba que “en el caso de técnicas de reproducción humana asistida, (la existencia) comienza con la implantación del embrión en la mujer, sin perjuicio de lo que prevea la ley especial para la protección del embrión no implantado”. Hasta acá, la obra estaba en consonancia con lo planteado por la Ley de Fertilización Asistida y abría la puerta a nueva legislación, casi de avanzada a nivel internacional. Asimismo se habían eliminado las restricciones, por acuerdo de los bloques, de que la vida se consideraba desde la concepción “en el seno materno”. Esto contaba con el aval de la Corte, de donde partió el primer borrador original del proyecto, con la firma del presidente del cuerpo Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, y la participación de la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci. Pero las presiones de la Iglesia parecen ser más fuertes que el principio de laicidad del Estado argentino.
El nuevo texto quedará redactado de tal forma que la persona humana comienza desde la concepción, eliminándose la condición de que sea dentro del seno materno. Asimismo se dispuso que la protección del embrión no implantado sea motivo de una ley especial, se eliminó el alquiler de vientre, que se contemplaba bajo condición de gratuidad, y la filiación post mórtem.
Los cambios, que fueron criticados desde la oposición por considerarlos un retroceso en materia legislativa, ya que se le otorga el carácter de persona al óvulo fecundado, lo cual complica y contraría el proceso de fertilización asistida y atenta contra los derechos establecidos en la Ley de Matrimonio Igualitario, vulneran la autonomía del Estado en materia de religión, dándole lugar y participación a la Iglesia en temas sensibles, excluyendo a grandes sectores políticos y sociales.
Estas modificaciones, a favor de los planteos de la Iglesia, deben entenderse ante la necesidad del gobierno de lograr quórum en el recinto que le permita la aprobación del nuevo código, llevando una victoria al gobierno. Entre quienes propugnaban estos cambios se encontraban sectores del peronismo disidente, encabezados por la senadora Liliana Negre de Alonso, ferviente defensora de la Iglesia Católica. Negre de Alonso, quien denunció que la Ley de Matrimonio Igualitario iba a servir para generar un mercado negro de semen, óvulos y vientres, y fue tildada de “nazi” por Pichetto en el cierre de esa discusión, parece ahora tener su revancha. De esta forma, el bloque oficialista interpuso estos cambios, consiguiendo el apoyo de sectores católicos del arco opositor, entre ellos la senadora Negre de Alonso.
El problema no es ya sólo político, sino que también debe enmarcarse en torno a la discusión de qué tipo de Estado queremos y vamos a construir para los próximos años y las próximas generaciones. Los avances en materia legislativa apuntando a la llamada “ampliación de derechos” parecen estar sujetos ahora los intereses de un sector de la sociedad, encolumnados detrás de la Iglesia Católica. La misma Iglesia que se opuso a las leyes de Matrimonio Igualitario e Identidad de Género, y que denostó a Alfonsín por la Ley de Divorcio Vincular y la patria potestad compartida.
La discusión debe centrarse en un Estado laico, que asegure los beneficios de la libertad y de la democracia, con igualdad de oportunidades, pero también igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, por encima de sus preferencias políticas, religiosas o sociales. Avanzar en materia de igualdad, pero retroceder en materia de derechos civiles, nos encamina hacia un Estado bipolar, que da mayor libertad a las personas, igualándolas ante la ley, pero que luego restringe y retrocede en materia de derechos a pedido de la Iglesia. Difícilmente podamos discutir un Estado laico cuando priman intereses políticos que dan concesiones a la Iglesia por sobre los ciudadanos para lograr la aprobación de una ley y lograr el éxito del gobierno. El Estado, laico y pluralista es la base de una sociedad más justa, igualitaria y equitativa en donde los valores de la democracia, en la que todos hoy preferimos vivir estén resguardados bajo el principio de igualdad ante la ley. Será Justicia/Amén.