Por: Myriam Bregman
Algo inédito recorre los Tribunales estos días. Luminosos guardapolvos blancos están siendo sentados en el banquillo de los acusados. Imputados por un ex ministro de la Nación como “terroristas sanitarios” -en medio de la huelga que llevaron adelante en el año 2005-, están siendo juzgados por amenazas coactivas cuatro trabajadores del Hospital Garrahan. Esos mismos trabajadores a los que el país entero, que no entiende de prepagas ni costosos sanatorios con “buena hotelería”, les confía sus hijos.
Lejos de defenderse, estos trabajadores utilizaron su declaración para dar cuenta de lo que ocurre en la salud pública, especialmente en la atención de los niños, de esos chicos que llegan al Hospital Garrahan desnutridos, deshidratados, enfermos por tener bajas defensas, acompañados de un familiar que muchas veces regresa solo a su pueblo. Y son estos trabajadores quienes los acompañan en esos duros momentos, tal vez los más duros por los que una persona pueda pasar.
Su mejor defensa ante este ataque infame fue transformar su declaración en una enorme denuncia sobre los padecimientos de los trabajadores de la salud, de las enfermeras que mantienen su hogar con bajos salarios, de las condiciones del hospital público, la violencia de género, el gran negocio de las tercerizaciones que atenta contra el salario y en el que se pierden en bolsillos privados cuarenta millones de pesos cada año y que podrían ir a mejorar el hospital.
También denunciaron las patotas que les mandaron para quebrar la huelga y a la burocracia sindical, a la par que destacaron la solidaridad de los trabajadores de Zanon y de distintos puntos del país, la solidaridad de clase. Contaron además cómo el Gobierno de Néstor Kirchner intentó estigmatizarlos y luego les armó esta causa que llega a juicio después de ocho años.
La sala entera lloró cuando relataron el sufrimiento de esos niños que atienden cada día. Lloramos porque duele escuchar que tienen que pinchar a un chico varias veces para pasarle una medicación o sacarle sangre por la mala calidad de los materiales que les proveen. Lloramos porque relataron crudamente el estado de desnutrición con que llegan esos chicos. En la actualidad, ahora, cada día.
Como no podía ser de otro modo, las personas que supuestamente fueron amenazadas por los trabajadores -funcionarios del Ministerio de Trabajo- declararon que hicieron la denuncia contra ellos porque se los ordenó la viceministra de Trabajo Noemí Rial, dando cuenta una vez más de una causa armada desde lo más alto del gobierno.
Pero, aun así, esos chicos esta semana no tuvieron ni a Gustavo Lerer, ni a Adriana Agüero, ni a Eduardo García ni a Marcelo Mansilla para atenderlos. Los cuatro fueron sacados del hospital para defenderse ante la Justicia que los juzga porque el por entonces ministro de Salud Ginés González García los llamó “terroristas sanitarios”.
Donde ellos ven “terroristas”, nosotros vemos trabajadores que defienden sus derechos y a la salud pública, por eso integramos su defensa.