Presentados como la panacea para terminar con los privilegios de la corporación judicial, los proyectos enviados por el Ejecutivo, que trataron en el Congreso de la Nación, son una combinación de medidas efectistas, inocuas y completamente reaccionarias, muy lejanas a garantizar la mentada democratización de la justicia.

Lo que es seguro es que el Gobierno aumentará su poder, fundamentalmente con la creación de las Cámaras de Casación, que le permitirán unificar jurisprudencia según sus intereses, manejar los tiempos del conjunto de las causas y garantizarse una instancia de jueces íntegramente nombrados por ellos como garantía más allá del mandato (como pasó con la Cámara de Casación Penal creada en la década menemista).

A la par, al extenderse la duración de los procesos, evidentemente se está favoreciendo a la parte con más poder para “aguantar el juicio”, a los que más tienen en detrimento del pueblo trabajador, de los jubilados.

Lejos está esta reforma de ser democrática cuando mantiene en pie y amplía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, cuyas actividades plagadas de sospechas son de público y notorio. La incorporación de cinco miembros y que sean elegidos por el voto popular resulta hasta risible. Más allá de los cambios, continuará el mecanismo de elección de jueces por el Ejecutivo con acuerdo del Senado, como dice la Constitución.

Se completa con medidas menores como la publicación de las declaraciones juradas de los funcionarios, el ingreso al Poder Judicial por concurso, el acceso a las causas judiciales en Internet. Sobre este último punto debemos decir que en parte ya existe, y la poca claridad del proyecto nos preocupa porque puede terminar siendo una especie de “Veraz” contra los trabajadores, como reclamaban hace un tiempo las empresas.

Desde la izquierda, nos oponemos a esta reforma por motivos muy distintos a los de la oposición parlamentaria, que se apoya en los sectores más derechistas de la “familia” judicial, con cientos de jueces nombrados por la dictadura y que cobran entre $37.000 y $120.000 por mes y ni siquiera pagan ganancias.

Medidas cautelares. Macrismo puro

Emulando al empresario que gobierna la Ciudad de Buenos Aires, el kirchnerismo quiere reservarse para sí la determinación de cuándo se puede aplicar una medida cautelar contra un acto de su mismo Gobierno.

Poniendo una vez más como rival al Grupo Clarín, los verdaderos perjudicados por este proyecto serán los trabajadores y el pueblo pobre, los jubilados y los pueblos originarios, quienes se verán aún más desfavorecidos para sostener litigios. Las restricciones que contiene el proyecto sobre cautelares viola el derecho de toda persona a una “tutela judicial efectiva” establecido en los pactos de derechos humanos.

Retrocedieron contra el derecho a huelga y a la protesta social, pero… Los artículos 16 y 17 del proyecto de cautelares mandado originalmente por la Presidencia eran un nuevo y poderoso elemento coercitivo del Estado contra las libertades democráticas. Tan escandaloso era el 17 que directamente acababa con el derecho de huelga de los trabajadores de los servicios públicos. Un proyecto antiobrero de un gobierno que se precia de ser “nacional y popular” y que no criminaliza la protesta social.

Finalmente y ante la presión de varias organizaciones en defensa de los derechos humanos y de los trabajadores, el oficialismo eliminó este aspecto contra las huelgas. Pero dejó en pie el artículo 16: el Estado podrá, como nadie, solicitar cautelares cuando entienda afectado el “interés público” o el patrimonio estatal, categorías sumamente amplias e imprecisas.

Medidas democráticas, en serio

Lo que queremos debatir son verdaderas medidas que vayan al fondo de la cuestión, para terminar en serio con todos los privilegios para los jueces, como la inamovilidad e intangibilidad de sus sueldos y la exención del pago de ganancias. Entre esas medidas, que todos sean elegidos por elección directa, por voto popular, revocables por sus electores y que no ganen más que un docente. Que en todos los juicios, de todos los fueros, se instaure el juicio por jurados. Con estas medidas el Consejo de la Magistratura, costoso e inútil, no tiene razón de ser.

A la par que realizaremos todas las medidas legales que estén a nuestro alcance en defensa de los trabajadores y los sectores afectados por estas reformas, sabemos que la principal herramienta que tenemos es la movilización en las calles. Las organizaciones obreras, empezando por las CGT y las CTA, deben llamar a acciones de lucha contra esta ley reaccionaria.