“Monumento a la impunidad”: así lo definió Adriana Calvo, primera testigo del Juicio a la Juntas en 1985 y quien, como miembro de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, luchó hasta el final de sus días por la aparición con vida de Julio. Fue ella quien, la mañana del 18 de septiembre de 2006, cuando Julio no llegó a los alegatos del juicio contra Miguel Osvaldo Etchecolatz, dijo ante la pregunta de un periodista: “Julio López está desaparecido”. Finalizaba el juicio, de cuya querella participamos, contra aquel genocida ladero de Camps, y logramos que por primera vez un tribunal aceptara que los crímenes de lesa humanidad de la dictadura fueron parte de un genocidio. Nuestra preocupación crecía exponencialmente por cada segundo que pasaba sin la llegada de Julio López. Él nunca llegó. Tenía razón Adriana.

Paradoja de la historia si las hay, Jorge Julio López fue secuestrado y está desaparecido bajo un Gobierno que en la última década construyó su “relato” en una pretendida defensa de los derechos humanos. En la causa en la que debería investigarse su desaparición forzada no hay presos, ni siquiera un solo imputado. La causa está prácticamente paralizada. El nuevo secuestro y desaparición de López es todo un símbolo del encubrimiento estatal. De un Estado comandado desde hace diez años por el mismo elenco gubernamental. Lo poco que se hizo, se hizo tarde y mal.

Cada vez que se cumple un nuevo aniversario de su desaparición, sus compañeros de aquel juicio, quienes luchamos y nos movilizamos todos estos años para que aparezca, denunciamos ante los medios de comunicación: en la causa hay pistas de sobra y las mismas conducen indefectiblemente a la Policía Bonaerense, a sus relaciones con otras fuerzas, a la protección que tienen los genocidas en el penal de Marcos Paz, donde por estos días le rindieron honores al camarada que los acaba de dejar, Jorge Rafael Videla. Son elementos políticos, no jurídicos, los que impidieron que la investigación avance en todos estos años.

Por eso el caso Julio López pasó a ser un paradigma de la actuación de las fuerzas represivas del Estado. Sacó a la luz un modus operandi de fuerzas como la Bonaerense, como pasó luego con el bochornoso y aún impune caso Candela en relación al vínculo con el crimen organizado: el narcotráfico, los desarmaderos de autos y las redes de trata, entre otros.

Debemos ser categóricos: nada de esto sería posible sin el encubrimiento del poder político que, en el caso López, tuvo distintas etapas. El Gobierno fue utilizando la causa según sus necesidades. Primero negó la desaparición; el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, dijo que no descartaban ninguna hipótesis, como se hace cada vez que la Bonaerense está implicada, y significa que no van a investigar nada. Allí el actual Senador empieza a esgrimir la increíble “teoría” de que Julio podía estar “en casa de una tía”.

Después, por las enormes movilizaciones que organizamos en La Plata y en la Capital, el entonces gobernador bonaerense Felipe Solá reconoció que López estaba desaparecido y que hay más de nueve mil policías bonaerenses en funciones desde la dictadura, pero nada se hizo al respecto. La denuncia de secuestro cobró nuevo vuelo y Néstor Kirchner retó en público a Solá recriminándole que cómo podía decir eso, que no había pruebas…

Las movilizaciones, que acompañamos todos estos años desde el Ceprodh y el PTS, encabezadas por la Multisectorial de La Plata y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, no cesaron en la denuncia, convirtiendo la causa en nacional, por lo que entonces Kirchner cambió la estrategia y empezó a decir: “El compañero Tito, acompañamos a su familia”. Absoluta utilización.

Cuando llega Cristina Fernández a la presidencia necesitan dar un vuelco y directamente pasan a negar el caso. López no existe. Cristina jamás mencionó este crimen públicamente. Encubrimiento.

Peor aún, cuando Daniel Scioli asumió como gobernador nombró a muchos de esos policías que provienen de la dictadura, que estaban en funciones cuando Julio López fue secuestrado por primera vez, como máximos funcionarios de la Bonaerense. Nosotros se lo dijimos en persona y nos prometió una respuesta en cuarenta y ocho horas. Lo único que recibimos, a los pocos días, fue la utilización de la Bonaerense en el desalojo de los trabajadores de la fábrica textil Mafissa de La Plata. Y tiempo después, en 2009, en la represión a los obreros de Kraft.

Luego de la desaparición de Julio fue asesinada en Santa Fe la testigo contra genocidas Silvia Suppo. Se quiso imponer que fue un robo o un delito común, pero sus hijos denunciaron desde el primer momento que era un crimen político con el fin de evitar su testimonio.

A siete años de su desaparición, seguimos afirmando que la impunidad de los secuestradores de López fortalece al aparato represivo del Estado.

El caso de Julio López ha sido un mensaje de muchísima gravedad: en Argentina grupos que provienen del propio Estado pueden secuestrar a una persona y no pasa nada. Encubrimiento. Impunidad.

Esto también se lo debemos a una década de Gobierno kirchnerista.

Vamos a seguir luchando por la aparición de Jorge Julio López, contra el silencio oficial, el encubrimiento y la impunidad, por el castigo a todos los responsables de su desaparición y a todos los encubridores. Julio López, ¡presente!