Por: Myriam Bregman
Nilda Garré se fue y con ella el intento fracasado de la política que se denominó de “seguridad democrática”, demostrando que no hay reforma posible de esas fuerzas represivas que fueron militarizadas en su estructura durante la dictadura genocida, que conservan esa formación y las prácticas que van desde la infiltración y el espionaje, hasta la tortura y la desaparición.
Los cambios ministeriales se dan cuando la gestión de Garré venía siendo sacudida por otro caso de espionaje, esta vez por parte de la Policía Federal, que infiltró durante una década a su agente Américo Alejandro Balbuena en la Agencia de Comunicaciones Rodolfo Walsh. Se suma al del “Proyecto X” de la Gendarmería Nacional, que funciona en el propio Edificio Centinela y se extiende por todo el país.
A su vez, las policías provinciales de Formosa y de Chaco, mandatadas por dos gobernadores kirchneristas, están realizando una verdadera masacre de los pueblos originarios que defienden su legítimo derecho a la tierra.
La designación de Puricelli no sólo es alarmante por los renovados bríos y la mayor influencia que ganará a partir de ahora el teniente coronel Sergio Berni. Su propia gestión en Defensa está cruzada por denuncias de corrupción y por haber devuelto el control de las Fuerzas Armadas al propio mando militar. Recientemente, en el Día del Ejército, planteó “el reencuentro definitivo de las Fuerzas Armadas con la sociedad”, la nueva forma de plantear la “reconciliación” con estas fuerzas genocidas, un programa que -independientemente de sus fundamentos- comparten tanto Elisa Carrió como Cecilia Pando.
Sergio Berni se paseó por los medios de comunicación y no dudó en relativizar el espionaje del “Proyecto X”, volviendo sobre la teoría de que “sólo es un viejo software”, cuando en febrero último hicimos público el espionaje concreto contra centenares de organizaciones populares de todo el país, como consta en el expediente judicial a cargo del juez Sebastián Casanello. También aseguró que el infiltrado Balbuena actuaba por su cuenta, cosa que la ex ministra Garré negó en el propio expediente judicial diciendo que debía investigarse a Balbuena y a sus superiores “por violación de la Ley Nacional de Inteligencia”.
Berni defiende a capa y espada estos planes de inteligencia ilegal. Cada fuerza represiva tiene el propio, como demostró una investigación periodística en el programa de Lanata en el que fui invitada a opinar, sacando a la luz lo que pasa en la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Los organismos de derechos humanos independientes del gobierno lo venimos señalando: el hecho de haber actuado como agentes encubiertos en la dictadura les permite a decenas de estos personajes reciclarse y seguir actuando. En este caso es más terrible porque incluso están en listas que se hicieron públicas. Pero como para ningún juez o fiscal parece ser motivo suficiente para investigarlos, ellos, impunes, se reciclan.
Incluso llegan a la conducción de un sindicato, como Gerardo Martínez en la UOCRA o Julio Adolfo Sosa, secretario gremial y de Interior de La Fraternidad. No podemos dejar de denunciar que las “investigaciones” que se realizan mediante la infiltración y el espionaje ilegal son utilizadas para armar causas contra los luchadores sociales. Más de 5.000 causas penales de estas características existen hoy, como la que sufren nuestros compañeros de las comisiones internas anti burocráticas y combativas de Kraft y PepsiCo, los denunciantes originales del Proyecto X.
Por eso cuando denunciamos la complicidad del Poder Judicial con la dictadura no hablamos del pasado, hablamos del presente. Y cuando hablamos de impunidad, también.