Por: Nito Artaza
Hace tiempo que en el Congreso de la Nación varios legisladores estamos buscando que la telefonía móvil sea declarada servicio público. El último miércoles 13 de noviembre íbamos a tener la oportunidad de analizar los proyectos que se presentaron en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión para debatirlos, darles dictamen y que se discutan en el recinto.
El oficialismo, sin embargo, no dio lugar al debate de ninguno de los más de 15 proyectos y se limitó a exponer, a través del secretario de Comunicaciones de la Nación, Roberto Berner, sobre una situación que todos conocemos pero sólo algunos queremos modificar.
Una vez más nos expusimos a la transformación del Congreso en un foro para que el Poder Ejecutivo exponga sus ideas y se justifique. Una vez más nos hicieron olvidar de que el Congreso es el espacio para legislar.
¿Quién puede hablar dos minutos por su celular sin que se le corte la llamada? ¿Cuántas zonas del país hay sin cobertura? ¿Quién puede utilizar el 3G? ¿Cuántas veces se reciben facturas por montos más altos que los acordados? ¿Cuántos mensajes reciben los usuarios por día ofreciéndoles créditos y autos que jamás solicitaron? ¿Cuántos mensajes llegan con minutos y hasta horas de retraso?
Éstas son sólo algunas de las preguntas que podemos hacernos sobre un servicio que es el que más denuncias recibe por parte de los consumidores.
En Argentina hay 50 millones de celulares y 8 millones de teléfonos fijos. Sin embargo, la telefonía fija es una servicio público y la telefonía móvil no.
Estamos hablando de un sistema en el que los sectores de bajos recursos financian a los sectores con más ingresos. Esto se debe entre otras cosas a que el 64% de la sociedad realiza sus llamadas a través del servicio prepago que tiene un valor por minuto más alto que el que pagan quienes abonan planes premium. Es decir que las clases bajas subsidian a las clases altas.
Además, al tratarse de empresas privadas no reguladas, las telefónicas no instalan antenas en aquellas zonas que no les resultan rentables, lo que hace que miles de argentinos que viven en poblaciones pequeñas no cuenten con cobertura. El propio Berner, durante su larga exposición en la Comisión de Medios, reconoció que mientras las empresas invierten sólo un 8% de sus ganancias es necesaria una inversión del 20% para desarrollar las áreas de cobertura.
Esta desigualdad en el funcionamiento del servicio, su baja calidad, los abusos tarifarios y las limitaciones en el acceso en múltiples zonas del país podrían empezar a revertirse si logramos transformar a la telefonía móvil en un servicio público. No se trata de estatizar. Se trata de que el Estado esté presente allí donde se lo necesita. De que se empiece a regular uno de los servicio más extendidos en el país y en el mundo que cada vez es más central en nuestras vidas. Las telefónicas deben empezar a invertir enserio y dejar de estafar a sus usuarios y es el Estado el único actor social capaz de impulsar este cambio.
Desde el mes de abril nuestro proyecto (número 1433/13) para ratificar el carácter de servicio público de la telefonía móvil está a la espera de ser tratado en el Senado al igual que otro proyecto (número 2708/13) que también presentamos para que los créditos no caduquen después de 30 días.
Los proyectos están presentados. Los usuarios cada vez se quejan más. Sin embargo, las excelentes relaciones que el Poder Ejecutivo tiene con las telefónicas hace que la situación siga empeorando para todos los ciudadanos mientras las telefónicas obtienen el 65% de sus ganancias por un servicio deficiente, abusivo y de mala calidad.
Siempre se debatió a lo largo de nuestra historia sobre las ventajas y desventajas del Estado chico y el Estado grande. Pero lo que importa no es tanto el tamaño sino los intereses que ese Estado defiende. Por eso, en relación a este tema le preguntaría al Gobierno a quién representa: ¿a los ciudadanos o a las telefónicas?