A pesar de haber transcurrido más de 18 años del brutal atentado a la sede de la AMIA con un saldo de 85 muertos y más de trescientos heridos.

A pesar de que desde hace siete años la Justicia argentina reclama la comparecencia de ocho altos funcionarios iraníes, que incluyen al actual ministro de defensa Ahmad Vahidi, al ex presidente Ali Akbar Ashemi, al ex ministro de Inteligencia Ali Fallahijan, el ex jefe de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai, el ex canciller Ali Akbar Volayali, con orden de captura internacional avalada por Interpol con “circular roja”, por la autoría intelectual, planificación y ejecución del ataque.

A pesar de la absoluta renuencia a cooperar por parte del gobierno iraní, el cual abrió causas penales paralelas contra la Justicia argentina en represalia y negó, hasta el día de hoy, toda posibilidad de responsabilidad, haciendo imputaciones inverosímiles y agraviantes, de corte antisemita como respuesta.

A pesar de que luego de las acusaciones, el gobierno iraní ascendió a uno de ellos al rango de ministro de Defensa.

A pesar de que el presidente Mahmoud Ahmadinejad es un negador del Holocausto judío y amenaza con borrar al amigo Estado de Israel del mapa, contra toda la legalidad y ética de la comunidad internacional.

A pesar de todo ello, el gobierno argentino decidió confiar en la “buena fe” de Irán y en septiembre pasado acordó en una reunión entre Timerman y el canciller iraní Ali Akbar Salehi (sucesor de uno de los acusados, y ex responsable del programa nuclear) “encontrar una solución mutuamente acordada que no esté en contradicción con los sistemas legales de ambos países” y “para todos los asuntos”, negociando “sin plazos ni interrupción”, expresaba el comunicado.

Luego de la cuarta reunión llevada a cabo en Zurich, se anuncia en otro comunicado de apenas tres líneas que hubo “avances” y fue “altamente productiva”, sin más detalles. La falta de información, el secreto que rodea estas reuniones, la falta de respeto que la apertura de una negociación implica hacia la Justicia argentina que ya habló en el pedido de extradición, nos llevan a pensar que la prioridad para la el actual gobierno argentino no es la verdad ni la justicia, sino ser parte de un eje político de hegemonía de Irán en el continente.

Esta apertura a un diálogo donde solo debería hablar la Justicia está inmersa en un intercambio comercial que no para de crecer, mientras el resto del mundo impone las más severas sanciones económicas por el desarrollo de un programa nuclear con evidentes fines militares, que ya está amenazando la paz mundial.

¿Se realizará el juicio no respetando la Justicia natural, que es donde aconteció el hecho? ¿Bajo los mismos conceptos que llevaron a Irán a atentar contra la AMIA? Este diálogo, ¿será una ofensiva más contra la Justicia argentina restándole confiabilidad a su trabajo? Demasiadas veces se ha manoseado la causa, a los familiares, a la comunidad judía y a la Argentina toda.

¿Será una estrategia de dilación indefinida, que permita estar en concordancia con la política exterior del eje “bolivariano” de estrechas relaciones con Irán y, como declaró recientemente el presidente ecuatoriano, el atentado a la AMIA es una cuestión menor que hay que poner en perspectiva?

¿Habrá sido un consejo de Chávez a la presidenta? ¿Qué fue lo que cambió la política con Irán de manera abrupta?

Una estrategia donde nada se resuelve, pero se aparenta una voluntad de hacerlo.

Esta ha sido la política negociadora iraní en sus interminables e infructíferos tratos con la comunidad internacional para resolver el problema nuclear. Esperemos que no sea también la de nuestro gobierno.

Lo que queda claro ante tanta aparente ingenuidad, ambigüedad, secretismo y declaraciones de buena fe, es que las esperanzas de juzgar a los culpables vayan quedando en la resignación y el olvido.

Desde el Parlamento Nacional, y en todos los ámbitos posibles, hemos luchado y continuaremos luchando para que esto no ocurra, ya que la necesidad de hacer justicia en el peor atentado terrorista de nuestra historia es irrenunciable y no negociable.

 

Escrito en colaboración con Dan Kucawca, secretario de relaciones internacionales de Unión por Todos.