Por: Ricardo Romano
En vísperas de asumir su primera Presidencia, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, ya Perón proponía la unidad de la dirigencia gremial como expresión orgánica del ejercicio de la solidaridad social para con la clase trabajadora del país.
Cuando fue desalojado del poder por un gobierno de facto, obviamente la siguió formulando (la unidad) como un elemento de sostén (la columna vertebral) del frente político con el que se proponía reagrupar fuerzas desde un forzado exilio, hasta crear las condiciones para poder regresar al país. En ese período les explicaba a los dirigentes sindicales afectos a dialogar con el poder de turno la inconveniencia de hacerlo a espaldas del conjunto de la organización gremial. Pues al hacerlo perdían autoridad ante la clase trabajadora y esto, a su vez, debilitaba su representación ante el Gobierno. Es decir, terminaban mal vistos por los trabajadores y por el poder militar. Y, como hemos visto, esto fue causa de desgracia para muchos de los que lo practicaron.
Cuando finalmente regresa al país en 1973, Perón propone un pacto social (CGT, empresarios y Estado) que, según él, era salvífico para los trabajadores. Y era verdad, pues en ese acuerdo tripartito, “él” (Perón) representaba al Estado, evitando con su presencia y participación que algunos dirigentes gremiales y empresariales negociaran en detrimento del interés del trabajador.
Pero, como vemos, ahora “ella”, que no encarna esa representación (basta ver las cifras de la inflación oficial), ha conseguido que aun la CGT oficialista la presione para bajar Ganancias (impuesto al trabajo) “y reconozca que la inflación que mide el Indec es un dibujo”. Por eso, de momento, y aunque resulte paradójico, la división de la CGT contribuye más a la defensa del salario que su unidad. Pues mientras la ruptura obliga a los sectores que la componen (Moyano, “Gordos”, Azul y Blanca, CTA…) a la competencia entre ellos respecto del gobierno para ganarse un mayor grado de representatividad ante los trabajadores, la unidad significaría la connivencia (con el gobierno) para el mantenimiento del privilegio personal.