Por: Ricardo Romano
Ante la posibilidad de que se ratifique la propuesta del Poder Ejecutivo para que se le confiera forma legal a la llamada “reforma judicial” siento como argentino el deber moral de expresar a los legisladores la concreta oposición a esa iniciativa, que es la de muchos compatriotas, como lo demostró la reciente movilización ciudadana.
Una legislación de esa índole requiere del más amplio debate que incluya a personas y organizaciones que pueden aportar su conocimiento y experiencia en la mejora del servicio de Justicia para la comunidad y sus integrantes. Así se ha hecho y se hace en los países que profesan el culto a la democracia.
La evidencia de este proceso de vaciamiento de sentido es que el actual Poder Legislativo no ha logrado legitimar esta desmesura.
Un solo partido, obediente del Ejecutivo, ha logrado para algunos de estos proyectos el número mínimo de votos para convertirlos en una normativa legal pero de modo alguno legítima. Sin consenso, la ley es una mera expresión sectaria.
Al margen de las tachas de inconstitucionalidad en los proyectos que ya han destacado juristas y estudiosos, se percibe el apuro del Ejecutivo para tener un Consejo de la Magistratura que, con mayoría simple, pueda destituir o nombrar jueces.
Poco podrá esperarse de jueces que teman decidir con independencia de criterio. Menos aún cuando los candidatos al Consejo que decidirá su suerte se elijan dentro de la boleta de un partido político. Nada podrán esperar los ciudadanos si los jueces están así inhibidos para defender sus derechos.
Por ello, y ante la próxima elección de legisladores que mostrarán nuestra voluntad actual como mandantes soberanos, pedimos a los senadores que se abstengan de decidir acerca de esta llamada “reforma judicial” que no tendrá sustento ni futuro al colocar a la Argentina fuera del Estado de Derecho proyectado y alcanzado con la reforma de la Constitución Nacional de 1994.
La llamada “reforma judicial” desconoce de hecho la Constitución Nacional y la voluntad popular en tanto pretende reunir a los tres poderes del Estado en uno solo.