Por: Victoria Donda Pérez
Hoy en día es evidente que la sociedad tiene razones para sentirse confundida. Asistimos impávidos a la destitución de José María Campagnoli, Fiscal de la Nación, por razones que no se dan a conocer públicamente, ni se sostienen frente a la ciudadanía. Pero no se trata de cualquier fiscal, sino de uno que ha dado muestras de “querer meterse con los poderosos”, de querer investigar, aún cuando ello lo comprometa personalmente y caiga quien caiga. Es interesante advertir que no hay figuras públicas que “acusen a Campagnoli de alguna irregularidad” o que apoyen la medida promovida por la defensa de “su acusado”.
Por otro lado, la autonomía del Ministerio Público se asienta en la división de Poderes y pretende que los acusadores públicos tengan la libertad para promover la defensa de la legalidad aún contra los poderosos. Para eso es importante que ejerzan su labor tranquilos, despojados de presiones adicionales a las que suelen venir acompañados los casos de trascendencia pública.
A su vez, la procuradora Alejandra Gils Carbó fue votada y designada en su cargo por sus agallas como funcionaria judicial, pero curiosamente encaminó una cruzada contra un fiscal a quien debería respaldar. Es un disparate que las causales que promueven la destitución de Campagnoli no estén claras para nadie, como también lo es, que se la prive de conocer qué ocurre puertas adentro de la audiencia de juicio político.
Como contrapartida los argentinos vemos gozando de buena salud a jueces cuyas sentencias parecen ser dictadas por fuera del Palacio de Tribunales.
La Argentina debe alguna vez dejar de ser el reino del revés.