Por: Adriano Mandolesi
Nota escrita en colaboración con Lic. Agustina Leonardi
La provincia de Buenos Aires muestra la menor participación de obra pública en relación con el gasto total. Esta situación explica el deterioro en términos de infraestructura que hoy se evidencia en las inundaciones, pero también en las cifras de accidentes viales (lidera el ranking de muertes por accidentes viales) y otras carencias para la población, como la falta de agua y energía eléctrica.
Las adversidades no son casualidades del destino, sino una concatenación de causalidades. Por eso en primer lugar es importante diferenciar la foto de la película. Las causas de la difícil situación que enfrentan miles de familias argentinas no responden estrictamente a las lluvias recientes en forma exclusiva. Son más bien el emergente de un extenso historial de postergaciones, la populista subordinación del largo plazo a los objetivos cortoplacistas del poder de turno en su misión exclusiva de retenerlo en su propio beneficio.
Es entonces importante conocer los factores y las causas que llevaron a esta lamentable realidad. Ahí es donde comienzan a aparecer diferentes interrogantes, siendo el principal: ¿Qué se hizo para que esta situación no suceda? Responder a esta pregunta es analizar cuánto destinan efectivamente los Gobiernos a la inversión real directa. Una de las principales variables que se contempla a la hora de analizar el crecimiento o el desarrollo de una economía.
La inversión real directa incluye nuevas obras de infraestructura y la compra de bienes de capital destinados a aumentar o reponer el patrimonio de bienes de capital del Estado. Un estudio detallado señala que para el año 2013 (último año con cifras oficiales), las jurisdicciones que presentaron la mayor proporción de inversión real directa en relación con el gasto total ejecutado fueron: Santiago del Estero (33,1 %), San Luis (32,1 %) y Formosa (27,8 %). Mientras que en el otro extremos precisamente se encuentran las provincias de Buenos Aires (2,2 %); Tierra del Fuego (4,5 %) y Neuquén (5,0 %).
Otro cálculo que puede realizarse es aquel que toma en cuenta las erogaciones per cápita, es decir, lo que cada jurisdicción destinó de sus recursos a infraestructura en relación con la cantidad de habitantes que tiene. De este modo, se obtiene lo siguiente:
La provincia de Formosa se ubica en el primer lugar, con una IRD pública de $ 5527 per cápita en 2013, mientras que en el otro extremo se encuentra Buenos Aires, con una IRD de $167 per cápita. Si se comparan ambas provincias, la primera destinó a inversión por individuo 33 veces más que la segunda. Asimismo, se distinguen en esta variable Santiago del Estero, San Luis y La Pampa, las cuales destinaron montos de $ 4673, $ 4517 y $ 4445 per cápita, respectivamente.
Los datos anteriores no hacen más que demostrar las grandes disparidades que hay entre una provincia y otra, incluso entre provincias de similares características. Por ejemplo, se puede citar el caso de Misiones, con IRD ejecutada en 2013 de $ 3278 por habitante, más de tres veces y medio del nivel alcanzado por Corrientes ($ 891 per cápita) o el caso de Formosa, que más que triplica la IRD per cápita de su vecina Chaco ($ 1759).
Si bien los valores antes mencionados están influenciados tanto por cuestiones redistributivas como demográficas, lo cierto es que las discrepancias entre las economías del interior van más allá de estos factores.
En definitiva, una de las razones que puede explicar las diferencias entre una jurisdicción y otra radica en considerar que típicamente la inversión pública es una variable con comportamiento errático y procíclico en Argentina, es decir, se ejecuta mucha obra pública cuando los recursos y los excedentes fiscales abundan y se subejecuta en períodos de escasez. También, la evolución de esta variable está ligada a los períodos electorales, esto es, aumenta en los ejercicios que hay comicios y disminuye en los que no hay.
En otras palabras, la IRD tiene una exigua participación dentro de los presupuestos provinciales. Esto se aprecia muy bien cuando se advierte que, en promedio, las distritos del interior destinan el 50 % de su presupuesto a gastos en personal, es decir, casi cuatro veces que lo dirigido a obra pública.
Más allá de los fríos números, la conclusión que emerge es clara. No hay que mirar al cielo al buscar un responsable por las trágicas consecuencias de las inundaciones, que dejan atrás pérdidas humanas y materiales. Los responsables deben buscarse entre quienes decidieron postergar las necesarias inversiones, invirtiendo los roles del Gobierno. Esto es, poniendo la gente al servicio del gobernante y no el gobernante al servicio de la gente.