La discusión acerca de si la pastera uruguaya contamina o no contamina tendrá patas cortas: aunque lleguemos a un acuerdo coyuntural, ¿cuánto tardaríamos en discrepar otra vez? Después de pelearnos más de cuatro años, el Tribunal de la Haya nos recomendó acordar un análisis imparcial por algún laboratorio internacional, y ni en eso nos pusimos de acuerdo. Ahora, cada cancillería dice que la otra miente y deambula con respectivos análisis de parte, no de común acuerdo, que la otra automáticamente desmiente. Y eso que se trata de la siempre tan invocada hermandad rioplatense.
La demanda mundial de pasta de papel crece sin cesar, por lo que la presión al alza de la producción tentará a todos los países sobre la misma cuenca hídrica. Argentina incluida, que cuenta con al menos tres pasteras y numerosas industrias ribereñas muy contaminantes, respecto de las que los uruguayos señalan que no aplicamos los mismos criterios que exigimos en la UPM oriental. Brasil y Paraguay también montaron pasteras y no parece que dejen de hacerlo en el futuro. Y eso no se para con amenazas de acudir otra vez a La Haya.
En un asunto mucho más complejo, el de las obras hidroeléctricas, nuestra diplomacia de pocos años atrás se manejó con mucho mayor beneficio para los intereses nacionales. Comenzando en los setenta, pero decisivamente en los ochenta y los noventa, como verdadera política de Estado, acordamos con Brasil, Paraguay y Uruguay que todo emprendimiento sobre orillas binacionales se haría exclusivamente de manera asociada. Como resultado, hoy contamos con Yaciretá junto a Paraguay y Brasil y Salto Grande con Uruguay, que funcionan sin problemas.
Naturalmente, ese ejemplo, conseguido por gobiernos que no son el actual, ha sido sistemáticamente ignorado para optar de nuevo por la crispación, el choque y los puentes cortados, más propias de una forma de hacer política exterior que, con la consigna del vamos por todo terminan dejándonos sin nada.