Durante esta semana se publicó un informe de la organización no gubernamental Intermón Oxfam titulado “Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad económica” en las vísperas del Foro Económico Mundial (FEM), cuya celebración se hizo en estos días en la ciudad de Davos, Suiza. En dicho informe, la ONG comparte el análisis realizado previamente por el FEM que posiciona al incremento de la desigualdad en los ingresos como la segunda mayor amenaza mundial de los próximos meses.
Al comienzo del informe, Oxfam parte del principio ideológico según el cual la existencia de un cierto grado de desigualdad económica es fundamental para estimular el progreso, el crecimiento y los talentos de aquellas personas que han hecho esfuerzos necesarios para el desarrollo de sus propias habilidades y que tienen la ambición necesaria para innovar y asumir riesgos empresariales.
A pesar que esta idea individualista no tiene asideros en la realidad (excluye total e intencionadamente relaciones sociales entre los distintos actores, desconociendo el mayor económico y simbólico de unos sobre otros), la ONG detalla que la desigualdad económica extrema es perjudicial y preocupante por varios motivos: moralmente cuestionable, repercute negativamente en el crecimiento económico, agrava problemas sociales y políticos. Como resultado, se genera un debilitamiento y/o destrucción del sistema democrático, de la cohesión social y de la igualdad de oportunidades.
Para ello, ofrece datos de magnitud sobre la situación actual de la desigualdad y concentración económica alrededor del mundo: siete de cada diez personas viven en países donde la desigualdad económica ha aumentado desde la década de los ochenta; el 1% de las familias de todo el mundo centralizan el 46% de la riqueza (110 billones de dólares); a nivel mundial, las empresas y las personas más ricas esconden billones de dólares en una compleja red de paraísos fiscales repartidos por todo el mundo (se estima que hay 21 billones de dólares no registrados o en terceros países), entre otras cosas.
En el marco de lo explicado anteriormente, Oxfam propone una serie de “recomendaciones” a los líderes y a los gobiernos participantes del Foro Económico Mundial: la adopción de medidas firmes contra el secreto bancario y la evasión fiscal; las transferencias redistributivas y el fortalecimiento de los mecanismos de protección social; la inversión en el acceso universal a la atención sanitaria y la educación; la fiscalidad progresiva; el fortalecimiento de los umbrales salariales y de los derechos de los trabajadores; la eliminación de las barreras a la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres.
Después de leer lo desarrollado anteriormente, surgen los siguientes interrogantes: ¿Cómo ha sido la evolución de las desigualdades en nuestro país a lo largo de los últimos diez años desde la llegada al gobierno de Néstor Kirchner en el 2003? ¿Siguió la tendencia mundial de un fuerte proceso de concentración de la riqueza o fue a contracorriente, como lo hacen los salmones en los ríos?
Si uno observa las anteriores “sugerencias”, se podría deducir que el Gobierno Nacional las “cumplió”, poniendo en marcha un sin fin de políticas sociales y económicas (creación de cinco millones de puestos de trabajo, reducción del desempleo, aumento del salario real, fortalecimiento de instituciones laborales tales como convenios colectivos y el Salario Mínimo Vital y Móvil y la ampliación de la cobertura de los programas de protección social como la moratoria jubilatoria y la Asignación Universal por Hijos, además del reciente plan ProgreAR) en pos de lograr una mayor redistribución del ingreso a favor de los sectores sociales más desfavorecidos.
Para ver los logros, se utilizará algunos indicadores que muestran los avances durante la última década. El primero de ellos es el Coeficiente de Gini. Mide el grado de desigualdad del ingreso y se encuentra entre los valores 0 y 1 (valores cercano a cero implica mayor igualdad mientras que cerca de uno significa mayor desigualdad). Según los estándares internacionales, el índice en un país desarrollado debería estar cercano a 0,25, mientras que de 0,55 en adelante la situación es considerada de “alta asimetría”. Cabe subrayar que dicho indicador se construye a partir de la medición de los salarios y otras fuentes de ingreso de la población, sin considerar la variación de los precios, de modo que se descarta cualquier cuestionamiento sobre el Índice de Precios al Consumidor. El Coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar de la población tuvo un descenso del orden del 20% pasando de 0,534 a 0,429 entre el tercer trimestre de 2003 y del 2013 (último dato disponible).
El otro es la brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre, es decir cuántas veces se supera el ingreso de los más ricos con los de los más pobres. También se ve una dinámica de disminución realmente importante. Mientras que en el tercer trimestre de 2003 era de 13,4 %, en el tercer trimestre del 2013 fue 8 %, una caída de 40%. Como se puede observar, nuestro país ha tenido un recorrido totalmente contrario a lo sucedido a los principales países del mundo debido a la decisión política de lograr mejoras en el bienestar social mediante la distribución de la riqueza y del ingreso, a pesar de las presiones e intereses para que dicho fin no sea llevado a cabo.