Por: Carlos Heller
Definir estos diez años de régimen económico significa poner de relieve la intervención decisiva de un Estado comprometido con el proceso de cambios para fomentar el crecimiento económico, con el objetivo explícito, y logrado, de sostener y mejorar el empleo y alcanzar una mejor redistribución de la renta y la riqueza.
Son muchas las decisiones que han ido hilvanando esta política, que van más allá de lo económico: las políticas de derechos humanos y sociales -articuladas en pilares incontrastables como son la memoria, la justicia y la no represión de la protesta social-, la conformación de una nueva Corte Suprema de Justicia, la Ley de Matrimonio Igualitario, Fútbol para Todos, la ley de muerte digna; la Ley de tierras, que limita la tenencia de tierras en manos extranjeras; y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que democratiza la actividad y regula a los actuales monopolios, por mencionar sólo algunas. Creo que, entre las políticas económicas, resaltan aquellas que han tenido un impacto directo en las condiciones sociales, por ejemplo la estatización de las AFJP, que cerró el negocio especulativo con los fondos de los jubilados y habilitó que prácticamente se duplicara la cantidad de beneficiarios previsionales incorporando a más de tres millones de personas y permitiendo el financiamiento de la actualización semestral de los haberes previsionales. Otra política esencial es la Asignación Universal por Hijo (AUH), implementada en noviembre de 2009 y que actualmente alcanza a más de 3,5 millones de niños, transformándola en una de las herramientas de política social más ambiciosa a escala regional. No se pueden dejar de mencionar las leyes sobre trata de personas, como norma fundamental para el accionar contra el trabajo esclavo, la prohibición del trabajo infantil para menores de 16 años, el Nuevo Estatuto del Trabajador Rural y la reciente ley de Trabajadores de Casas Particulares.
Otro importante grupo de decisiones es aquel que impacta en la estructura económica y que revierte las herencias de la dictadura genocida y de la década neoliberal de los noventa, como la reestatización de Aerolíneas Argentinas y de YPF, que recuperan soberanía; las nuevas funciones otorgadas en su Carta Orgánica al Banco Central, por las que éste puede direccionar el crédito, fijando montos y tasas; al igual que la nueva Ley de Mercado de Capitales, que derriba la autorregulación y unifica el control en el Estado. Por último, y no por ello menos importante, cabe mencionar otra medida que caracteriza al modelo iniciado en 2003: la implementación de retenciones sobre los productos primarios, para captar parte de la renta extraordinaria de ciertos sectores exportadores, así como desvincular los precios internos de la volatilidad de las cotizaciones de las materias primas en los mercados internacionales.
Se ha logrado muchísimo, pero también queda mucho por avanzar, como realizar una reforma impositiva profundamente progresiva; una nueva ley de inversiones extranjeras -para lo cual es necesario ir desarmando los tratados bilaterales de libre comercio que se firmaron en la década menemista y que impiden que las inversiones extranjeras sean funcionales a los intereses del país-; y también hay que desactivar la adhesión al Ciadi, la justicia del Banco Mundial que siempre falla a favor de las empresas multinacionales. De allí la importancia de sustentar la continuidad de este proyecto político que es el único que garantiza no volver a las políticas neoliberales de los noventa.