Por: Carlos Maslatón
A un mes de la asunción de Jorge Capitanich a la Jefatura de Gabinete y de Axel Kicillof al Ministerio de Economía, no aparecen ni esbozos de formulación de un plan económico de fondo que permita sacar al país de la estanflación ya prolongada en que se encuentra. Los primeros días de gestión de esta nueva fase de la administración kirchnerista brindaron algunas señales positivas, especialmente los anuncios de arreglo del conflicto con Repsol por la confiscación de YPF, la finalización del absurdo subsidio de viajes al exterior y de gastos con tarjeta a precio dólar artificial, la voluntad manifestada de cerrar las causas abiertas desde hace doce años por incumplimiento de contratos internacionales, aunque todo ello fue empañado con el elevado impuesto a los automóviles que tendrá efectos muy negativos en ese sector de la producción y del comercio. Desde el inicio de los acuartelamientos y saqueos, sin embargo, desaparecieron inclusive las manifestaciones de intención que se habían estado registrando, en particular de parte de Capitanich, favorables al reordenamiento luego de años de política destructiva consistente en reprimir las variables de la economía para lograr objetivos políticos puntuales a costa de comprometer el mediano y largo plazo de la Argentina.
La resistencia a desarmar el esquema de economía de precios y de cambios reprimidos fabricada por Guillermo Moreno y otros ideólogos y ejecutores kirchneristas, algo que no se veía en el país desde 1973-1974, sólo empeorará la posibilidad de una salida favorable para todos. El tiempo no sobra y es preciso que el gobierno no deje pasar esta oportunidad, porque con un desorden económico de tipo año 1975 o con una fracción del desastre de 1989, no podrá conducir la transición hasta el 2015 ante el estallido de la realidad de precios y de cambios. Es muy mala idea, a esta altura de los acontecimientos, seguir postergando los cambios, los costos políticos irán en ascenso, no conseguirán frenar los efectos de la inflación sino que los agravarán. La represión cambiaria que lleva más de dos años es el eje del actual desequilibrio. Se han quedado trabados psicológicamente y no pueden reaccionar. Han entrado en la locura de creer que una subida del dólar contra el peso es un atentado político a sus intereses, ello después de haber pregonado allá por 2002-2004 que no había peor cosa que un atraso cambiario consistente en la sobrevaluación de la moneda nacional al estilo Martínez de Hoz o, para ellos, también en la línea de Domingo Cavallo. Tras más de una década de controles, no sólo oficialistas sino la mayor parte de la oposición, de los economistas y hasta del periodismo económico han tomado como normal que el Estado regule, en materia de cambios, no sólo los precios sino las cantidades transables de moneda, aunque ello resulte contrario al régimen normal de casi todos los países del mundo. Impacta la manera en que se compran colectivamente ideologías en el país y la forma en que se decreta que resulta imposible modificar el esquema ya establecido, sobre la base de temores que impiden liberarnos del orden económico perjudicial que se fue creando.
El gobierno debe perderle el miedo al mercado de cambios. Tiene que abrirlo de inmediato, unilateral y prioritariamente. Que luego se ocupe de ordenar el gasto público y la expansión monetaria, pero antes que nada lo mejor es procurar que los precios reflejen la realidad de las ofertas y de las demandas en el mercado, como modo de poner en pleno funcionamiento los factores productivos al poderse volver a calcular económicamente en base a indicadores reales, no en base a disposiciones arbitrarias de funcionarios que jamás podrán determinar cuál es el precio de las cosas reemplazando las decisiones del consumidor y del oferente. Argentina puede perfectamente restablecer el mercado libre y único de cambios. Es decir, mandar a que se liquiden en el mercado todas las operaciones por exportaciones e importaciones, por ingresos y por egresos, por turismo que ingresa y por el que se va, para quien compra y para quien vende billetes. Todo ello sin permiso previo para comprar ni para vender, sin ninguna regulación de cantidades operables. ¿El precio? Que surja del acuerdo entre partes. Si al gobierno no le gusta un precio, o le parece muy caro o muy barato, siempre puede subsidiariamente vender o comprar “regulando” el mercado, aunque esto no es lo más conveniente. ¿Podrá subir el dólar desde el actual nivel blanco de 6,30 pesos y negro de 9,70 pesos? Seguramente sí, pero no debería ocurrir una catástrofe, una corrida paralizante. En paralelo debe autorizar el ingreso libre de capitales, así como la salida, de todo este juego de fuerzas se encontrarán automáticamente los precios que se necesiten, pero tiene que aceptar el gobierno que el tipo de cambio, como consecuencia del libre acceso, será flotante con todos los beneficios expansivos, y no recesivos, que traerá un hecho de este tipo luego de tanto tiempo de compresión y forzamiento de la realidad. Justamente, 1975 ó 1989 sobrevendrán si no se modifican las reglas actuales, con un esquema libre de precios móviles se eludirán las consecuencias más negativas de los ajustes que, más temprano o más tarde, deberán implementar en todas las areas del estado por aceptación política o por el propio peso de la situación creada. El fin de año es un buen momento para liberar los cambios y volver a la libre conversión del peso argentino. Nada malo sucederá.