Por: Carlos Maslatón
El dictador Nicolás Maduro quiere conferenciar, para buscar la paz dice, y terminar con las protestas. Si yo fuese venezolano y opositor, línea Henrique Capriles, Corina Machado, Leopoldo López o un jerarca oxidado de Acción Democrática o COPEI, respondería de inmediato a la convocatoria con un afirmativo y con la siguiente exigencia para lograr la pacificación nacional bajo la amenaza de desatar guerra popular prolongada en caso de incumplimiento:
1) Separación inmediata del partido chavista del Estado venezolano.
2) Baja inmediata de toda la cúpula militar chavista y su reemplazo por oficiales imparciales alejados de la ideología fascista oficial.
3) Libertad inmediata de todos los presos políticos y reaparición con vida de los desaparecidos por ejercicio de terrorismo de Estado chavista.
4) Disolución instantánea del Consejo Nacional Electoral, del voto electrónico y de todos los mecanismos de fraude vigentes.
5) Reconocimiento de que el resultado electoral del 14 de abril de 2013 fue fraudulento y que los comicios NO fueron ganados por Nicolás Maduro.
6) Renuncia automática a la presidencia por parte de Nicolás Maduro y constitución de un gobierno transicional que llamará a elecciones en el plazo de 90 días, las que serán libres, democráticas y en las que el partido chavista no podrá imponer su fraude electoral crónico.
7) La participación en la campaña electoral se realizará respetando la igualdad de derechos entre todos los sectores políticos. La utilización de espacios radiales, televisivos y de medios escritos será equitativa y no podrá seguir flameando la banderá única chavista por los medios de comunicación.
8) Desmantelamiento del aparato de represión chavista, de las fuerzas parapoliciales y de inteligencia de la dictadura chavista.
9) Esclarecimiento relativo a la fecha y circunstancias de la muerte de Hugo Chávez, admisión de que su cuerpo no se encontraba en la capilla ardiente ubicada en la Academia Militar de Caracas en el funeral de marzo de 2013.
10) Contra el cumplimiento de los 9 puntos anteriores, el próximo gobierno democrático que surja de las urnas amnistiará de modo general a los jerarcas chavistas del período 1999-2014 por los delitos cometidos desde el Estado, pero este privilegio de ningún modo validará la corrupción administrativa ni el enriquecimiento ilícito de los personeros del régimen, todo el patrimonio robado deberá volver a las arcas del Estado venezolano, el que será utilizado para reconstruir la República usurpada. En caso de incumplimiento del plan político, todos los delitos cometidos serán juzgados y se considerarán imprescriptibles y de lesa humanidad.