Por: Christian Findling
Recientemente, la Corte Suprema ordenó al Estado nacional entregar pauta publicitaria a La Cornisa Producciones, la productora periodística de Luis Majul, luego de una denuncia realizada en octubre de 2011. De acuerdo con el fallo, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner quitó apoyo económico a la empresa con el objetivo de asfixiarla económica y financieramente.
La puja legal entre Majul y el kirchnerismo deja en evidencia, nuevamente, un problema que afecta a una gran cantidad de medios en Argentina: la falta de una ley que especifique los criterios de selección y atribución de pauta oficial.
El panorama mediático
Desde su llegada al poder, en 2003, el kirchnerismo entendió la comunicación como pilar básico de su arquitectura política. Con la inyección de recursos económicos públicos —más de doce mil millones en 2015—, una gran cantidad de publicaciones abiertamente oficialistas sirvieron como voz del Gobierno y campo de batalla contra la prensa opositora.
La llegada de Mauricio Macri cambió por completo el mapa mediático. Sin la espalda de la publicidad estatal, la mayoría de la prensa afín al kirchnerismo entró en un rojo insalvable. Mientras que algunos denunciaron el silenciamiento de voces opositoras al Gobierno de Cambiemos, la respuesta tajante de otros no tardó en llegar: si la subsistencia de un medio depende exclusivamente de la pauta oficial, algo está fallando.
Vale aclarar, sin embargo, que existen publicaciones pequeñas que son inevitablemente dependientes del sostén económico oficial. Esos casos hay que evaluarlos y contemplarlos, porque la lógica del rating no remedia el problema. Pero el Estado no puede administrar la publicidad a beneficio y antojo propio, en función de la simpatía de un medio con la gestión de Gobierno. Esa práctica se conoce como asignación discrecional de la pauta.
Veamos un ejemplo. Según un análisis estadístico de Chequeado.com, con base en datos de la jefatura de gabinete de ministros de la nación, los grupos Veintitrés, Telefe, Albavisión (Canal 9), Uno y La Página (Página 12), fueron las cinco empresas de medios que más fondos recibieron en el reparto de la pauta del Gobierno nacional entre el primer semestre de 2010 —primer año luego de la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual— y el mismo período de 2012.
Asimismo, el gasto publicitario en 2003 del Gobierno de la ciudad era del 14,6% de lo que fue en 2010, lo cual demuestra los crecientes recursos utilizados desde el Estado porteño para ejercer influencia sobre la prensa.
¿Qué quiere decir esto? Ante la ausencia de un marco regulatorio claro, existe cierta tendencia por parte de los poderes de turno a utilizar la pauta oficial como herramienta de presión y censura indirecta. Esta problemática se extiende a distintos países de la región, como Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras y Uruguay. No existe una normativa específica que establezca criterios o procedimientos a seguir.
En conclusión, la ley de pauta oficial es una cuenta pendiente que debe ser resuelta de inmediato. De ella depende un equilibrio más justo en el mapa de medios en nuestro país.