Por: Damián Bonari
Distintos indicadores y resultados demuestran que, en la última década, los avances en materia de protección social en América Latina han sido significativos. Entre ellos, los mayores umbrales alcanzados de gasto público destinado a la protección social, como subconjunto del gasto público social -frecuentemente el mayor componente del presupuesto de los países-, dan cuenta de una gran oportunidad para fortalecer el marco de políticas en este campo.
Más allá de la importancia, desde el punto de vista social, económico y político que se le ha otorgado a la política de protección social, cualquier debate sobre su alcance, dirección futura y perfeccionamiento de estrategias, sólo será posible si se basa en un diagnóstico consistente. Este diagnóstico debe comprender fundamentalmente los siguientes aspectos: el nivel, la evolución y las características del gasto y del financiamiento, el impacto sobre la distribución del ingreso y el bienestar de la población, el impacto macroeconómico y el grado de efectividad.
El primer aspecto, asociado con las finanzas públicas de la protección social, adquiere una importancia especial, no sólo porque sin un abordaje detallado se dificulta emprender el estudio del resto de los aspectos, sino porque también es un insumo primordial para desarrollar análisis prospectivos que permitan, entre otras cosas, examinar la sostenibilidad de los nuevos y diferentes sistemas de protección social implementados en la región. Así, invertir en la producción, la sistematización y el análisis de información fiscal y estadística, en general, es esencial. Es fundamental conocer en detalle la composición del gasto y financiamiento públicos, pero también los contextos demográficos, económicos, laborales e institucionales presentes y futuros. Esto facilita el desarrollo de conocimiento y de propuestas de políticas para articular las distintas intervenciones y favorece la tan mentada coordinación inter institucional.
Por otro lado, el presupuesto del sistema de protección social debe ser parte de los procesos presupuestarios y de planificación general de cada país, tanto en su visión de corto, mediano y largo plazo. Siempre está el riesgo latente de que los ciclos económicos cambien de signo y esto afecte los niveles de empleo, salarios, pobreza y desigualdad y, en consecuencia, se enfrenten nuevas demandas de protección social. Analizar las actuales configuraciones de los sistemas de protección social bajo distintos escenarios económicos da sustento al proceso político de toma de decisiones para eventuales alternativas de reformas o cambios futuros. Allí subyace, entre otros, la importancia de los esfuerzos orientados a mejorar la efectividad de las políticas.
La aspiración a consolidar sistemas integrales de protección social no puede estar disociada de la generación de condiciones que posibiliten contar con suficientes recursos y fuentes de financiamiento sólidas. Todo esto contribuye a pasar de pactos fiscales y sociales implícitos a explícitos, y así favorecer la construcción de sociedades más cohesionadas, donde los lazos de identidad común y solidaridad se refuerzan.