Por: Daniel Sticco
En la 24 cadena nacional del año, en plena campaña electoral, cuando quedan apenas seis meses para terminar su ciclo de ocho años, la Presidente anunció el aumento del 30% de las asignaciones familiares, por embarazo y también la universal por hijo. Pero dio un paso más, que constituye una trampa para los partidos de oposición: anunció que enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley que buscará fijar la movilidad de la AUH, con el objetivo de que no se licue en las futuras gestiones.
Claramente se trata de una trampa de campaña, porque fuerza al conjunto de los legisladores a aprobar rápidamente el proyecto y ser funcionales al objetivo del oficialismo de seducir al electorado, bajo el riesgo de quedar como insensible quién se atreviera a plantear un análisis más profundo de la medida, en busca de proponer acciones legislativas y ejecutivas que posibiliten asegurar empleos de calidad para todos los residentes, antes que quedarse en el tardío pedido de ajuste automático por un índice que asegure la estabilidad de poder de compra del beneficio social.
En este punto hay que decir que resultó sensato que por un momento se abandonara el relato de que la inflación es del 15,3% como midió el Indec para mayo y que se ubicó en el 30% como surgió del consenso del cálculo de las consultoras privadas que informaron un grupo de legisladores de la oposición, para determinar un nuevo aumento de la AUH.
Pero también hubiera sido interesante oír de la Presidente que por efecto de una política inclusiva sustentada en el incentivo a la producción y el empleo de calidad el Gobierno pudo obtener ahorros en los subsidios sociales, porque la dinámica de la economía se ocupó de brindar empleos con salarios apropiados para que todos los jefes de hogar en particular, y todos los trabajadores en general, pudieran percibir salarios que posibiliten no caer en estado de pobreza, y menos aún en situación de indigencia.
Medida tardía y solitaria
Perpetuar los subsidios, y después de más de siete años con tasa de inflación de dos dígitos al año proponer un coeficiente de ajuste periódico, como se aprobó en su momento para las jubilaciones y pensiones que constituyen un derecho adquirido, es estar convencido de que pese a los recursos humanos y naturales que sobran en el país y el alto grado de capital ocioso, dentro y fuera del país, la Argentina nunca podrá romper con el núcleo duro de pobreza e indigencia, como tampoco ha logrado en los últimos 12 años reducir drásticamente el empleo en negro, tanto asalariado como más aún en el segmento del trabajador cuentapropista.
La receta existe y está acabadamente probada en la mayoría de los países que no se atreven a violar la Constitución; respetan los fallos judiciales internos e internacionales ; ejecutan políticas para acceder al gran mercado mundial de más de 7.000 millones de habitantes y hacen de la ortodoxia la regla y de la heterodoxia la excepción, para contar con moneda propia a partir de la disciplina monetaria, nulo o acotado desequilibrio presupuestario y mercados de capitales desarrollados y abiertos.
Retomar esa senda no parece difícil, ni debe ser lenta, sólo es cuestión de proponérselo con firmeza y sin atajos ni temores al reordenamiento institucional y macroeconómico, porque los resultados positivos, en particular en el orden social, serán más inmediatos de lo que muchos se imaginan.
Por el contrario, hacerlo de modo gradual y plantear el objetivo de volver a la inflación de un dígito al año en tres o cuatro años, como dicen muchos asesores económicos de los candidatos a la próxima presidencia, sólo contribuirá a agravar los índices de pobreza e indigencia.
Es que en ese escenario la confianza de los inversores y de las empresas, locales y extranjeras, demorará en manifestarse a la espera de resultados que sólo se podrán obtener por muy corto plazo, porque no se fundamentarán en políticas congruentes y sostenibles destinadas a terminar de cuajo con el flagelo de la inflación, que impliquen algunos costos presentes para muchos, pero no para todos (los que están en estado de pobreza e indigencia, porque se los deberá asistir con refuerzos de planes asistenciales a la demanda) en pos de beneficios sustentables a futuro.
La historia argentina es muy rica en mostrar repetidos planes de estabilización que aparecieron como exitosos en su comienzo, pero quedaron truncos a poco andar, 2 o 3 años. Fueron los casos del Plan de Krieger Vasena entre 1967 y 69; el Austral que propuso Juan Vital Sourrouille entre 1985 y 1987; la Convertibilidad de Domingo Cavallo entre 1991 y 95, y también ocurrió durante el gobierno de Néstor Kirchner entre 2003 y 2007.
En todos esos casos se relajaron y hasta se abandonaron las políticas iniciales, porque los presidentes de turno se contentaron con los primeros buenos resultados logrados. Las consecuencias fueron rotundos fracasos que terminaron con crisis de todo tipo, porque cada una fue diferente a la anterior: estanflación; hiperinflación; caos institucional y depresión y ahora elevados índices de pobreza e indigencia, con estanflación.