Los desbalances macro van en crecimiento. En particular, es innegable la existencia de una distorsión importante en materia de precios relativos, que se agrava por la presencia de una tasa de inflación instalada bien por encima del 20% anual.
Desde el punto de vista macroeconómico, los dos precios relativos más distorsionados son el tipo de cambio real y el precio de la energía. La evidencia de que el precio del dólar está distorsionado es que el superávit comercial está cayendo a pesar de la represión de importaciones; que el gasto de turismo sube de manera exponencial hasta el punto de generar un desequilibrio externo comparable con el desequilibrio energético y que las empresas aprovechan para repagar deudas en dólares. La evidencia de que el precio de la energía está distorsionado es el creciente déficit comercial energético y el elevado peso de los subsidios a la energía en el gasto público.
Ahora bien, el gobierno parece -finalmente- haber tomado nota de esta situación. De hecho, este año ha impulsado diversas medidas que en otro contexto resultarían impensadas en un año electoral, como limitar los incrementos salariales, acelerar la depreciación del dólar en el mercado oficial, incrementar las tasas de interés, o permitir una importante suba en el precio de las naftas. Pero estas iniciativas resultan, sin embargo, insuficientes, dada la magnitud de las distorsiones existentes, y especialmente teniendo en cuenta el inadecuado enfoque adoptado desde el gobierno. Es que desde que fue impulsado el cambio de régimen suscitado allá por fines de 2011, la política económica se ha caracterizado por la ausencia de una estrategia integral para atacar los problemas, apuntando sólo a las consecuencias y no a las causas de los desequilibrios, y adoptando medidas de una manera descoordinada y con los instrumentos menos recomendables (principalmente la represión de los mercados), con una mala implementación y una peor comunicación.
Así, llegamos en 2013 a una situación en la que las distorsiones de precios relativos resultan de magnitud, escenario que no parece sostenible de cara al futuro. En este sentido, podemos mencionar algunos ejemplos elocuentes:
- Hoy un kilo de pan cuesta lo mismo que un mes entero de servicio de luz en la Ciudad de Buenos Aires ($20,0 versus $18,9). Aunque hay que tener en cuenta que esta situación es bien distinta en el interior del país. De hecho, el costo del servicio eléctrico residencial en la ciudad de Santa Fe resulta casi 7 veces mayor que el que se paga en Capital.
- Un litro de leche cuesta cinco veces más que un boleto de colectivo en CABA, cuatro veces más que un boleto de tren, y triplica el precio del subte (aún luego del reciente ajuste de 150% en este último).
Por tanto, las distorsiones existentes requieren, a esta altura, mucho más que medidas aisladas. En cambio, hace falta un replanteo general del esquema actual de política económica, que necesariamente deberá comenzar por diseñar una estrategia que contemple todos los factores que hoy explican el aumento sostenido de los precios. Es que podría resultar infructuoso -e incluso riesgoso- intentar compensar la pérdida de competitividad a través de una aceleración del ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial, si no se resuelven antes otras cuestiones como el creciente financiamiento del déficit con emisión monetaria. Y lo mismo si no se lleva a cabo un ajuste de las tarifas energéticas, dado que en este caso se agravarían en lugar de mejorarse los desbalances, especialmente el déficits fiscal, al encarecer las importaciones de combustibles, y con esto, requerir mayores subsidios. Obviamente, resulta impensado dar una solución al mercado cambiario paralelo si no se enfrentan antes los desequilibrios que dan lugar a su existencia.
El problema es que el principal perjudicado de la corrección de precios relativos sería el salario real: un dólar y una energía más caros implican que habrá un fuerte aumento en transporte, gasto de gas y luz domiciliarios y, sobre todo, alimentos. Esto significa un elevado costo en términos políticos.
Por eso es que el gobierno ha venido posponiendo el ajuste. Pero hay algo que es claro: la corrección ocurrirá en algún momento. Si el ajuste no lo lleva a cabo la política económica (en el futuro cercano), lo terminará haciendo el mercado. Y este último no lo suele hacer en forma gradual y ordenada, ni evalúa la equidad en el reparto de pérdidas. Este riesgo es mayor sobre todo en el caso del dólar: si la brecha se dispara, será imposible evitar una corrección más fuerte en el ritmo de la devaluación oficial.