Eran las 23.02 cuando el teléfono sonó en el departamento de José Pedraza en Puerto Madero. El llamado provenía de uno de los estudios jurídicos más reconocidos de Buenos Aires, el que dirige Esteban Righi, en Barrio Norte.

Se sabe, por los registros que las empresas de telefonía entregaron a la Justicia, que la conversación duró dos minutos. El jefe de la Unión Ferroviaria figuraba ya hacía tiempo entre los clientes del buffet del entonces Procurador General de la Nación, un funcionario que combinaba todavía una eficaz gestión al servicio del kirchnerismo y su credencial de setentista efímero pero destacado.

No hubiera sido una comunicación inusual si no fuera porque 36 horas antes Pedraza había comandado por teléfono –desde la sede de la Unión Ferroviaria- la emboscada que terminó con el crimen de Mariano Ferreyra en las inmediaciones de la estación Avellaneda.

Y si ese diálogo de dos minutos, del 22 de octubre de 2010 en la noche vip de Puerto Madero, no hubiera desencadenado otro que se produjo cuatro minutos más tarde. A las 23.08, un miembro del estudio Righi y Asociados se comunicó con el teléfono particular de Cristian “Harry” Favale, el principal acusado por el asesinato del militante del Partido Obrero, en su casa de Florencio Varela. El brazo ejecutor de una guerra frontal y sostenida –desde arriba hacia abajo- contra la lucha de los tercerizados por ingresar a la formalidad laboral.

Pedraza rompió esa noche una tradición. No se contactaba con su defensa para interiorizarse sobre las causas que lo involucran personalmente sino para pedir por “Harry” Favale, un ex barra brava del que buscaría desligarse en público.

El contacto con Florencio Varela también fue breve y derivó en un nuevo y último llamado del estudio a Pedraza, a las 23.12. Se supone que fue para ponerlo al tanto de algo. Finalmente, ya cerca de la medianoche, hubo un diálogo más entre Pedraza y el “Gallego” Juan Carlos Fernández, el número dos de la UF que -de acuerdo a las querellas- fue el jefe operativo de la cacería que consumó un grupo armado del sindicato.

Por alguna razón, el estudio Righi finalmente no se hizo cargo de la defensa de Favale. Y el contenido de las comunicaciones no se conoce porque la Justicia ordenó pinchar los teléfonos de los protagonistas bastante más tarde. Sin embargo, la descripción de esa seguidilla de llamados fue detallada por el abogado del CELS, Maximiliano Medina, en su alegato ante el juzgado como uno de los elementos centrales que prueban la relación estrecha entre Pedraza y Favale. O lo que es lo mismo, entre Pedraza y el crimen.

Medina habló de un estudio muy importante y muy prestigioso de la ciudad de Buenos Aires. Y explicó que Pedraza se involucró de esa manera personal en la defensa de Favale, pese a que no era miembro del sindicato que conducía desde hacía tres décadas.

Ese llamado y el pedido de pase a planta permanente para Favale –que el “Gallego” Fernández hizo tres días después del homicidio- son los movimientos más importantes de la conducción de la UF para proteger al autor de los disparos que mataron a Ferreyra.  Los hechos esenciales que actualizan dramáticamente el sentido del término “burocracia sindical”, en su acepción criminal.

El “Bebe” Righi defendió a Pedraza en varias causas resonantes, entre ellas en la que está procesado debido a un desfalco en su gremio que alcanzó los 34 millones de pesos. Se lo acusa de haberse quedado con ese monto que provenía de aportes de los afiliados destinados a la construcción de una funeraria para los ferroviarios, que nunca se hizo. Hace no tanto, el sindicalista que ahora tiene un pedido de cadena perpetua declaró ser “amigo” del ex Procurador. Y el “Bebe” aportó su filosofía a manera de justificación: “Los penalistas defendemos a los imputados sin preguntarle su apellido. Mientras pague los honorarios”.

Righi ya no es el jefe de los fiscales. Pero no renunció por su vínculo sinuoso con Pedraza sino porque Amado Boudou lo acusó de lobbysta de Boldt, la competidora de Ciccone en el negocio de la impresión de billetes. Después de ocho años como funcionario y de haber asumido la defensa de casi todo el gabinete nacional durante el primer y el segundo kirchnerismo, Righi se fue fastidiado y en silencio, por la puerta de atrás del proceso que apeló al setentismo como legitimación permanente.

El ex Procurador es un abogado de larga trayectoria que quedó congelado en el bronce de haber sido, a los 34 años, el fugaz ministro del Interior de Héctor Cámpora en 1973. Pronunció un discurso frente a la plana mayor de la Policía Federal en el que condenó la tortura. Y firmó a disgusto la amnistía para los presos políticos, una vez de que la movilización callejera los hubiera arrancado, literalmente, de la cárcel de Devoto. Por su cátedra de Derecho Penal en la UBA pasaron ex funcionarios como su amigo Alberto Fernández y otros que aún revistan en la secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia, de Carlos Zannini.

En el estudio jurídico que fundó cuando regresó de su exilio mexicano trabajan su hijo Federico; su hermano Roberto, su segunda esposa, Ana María García, y sus socios históricos Fabián Musso –ex concejal de San Martín y amigo de Alberto Fernández- y Daniel Carral. Sus clientes habituales siempre fueron las grandes empresas, los sindicatos y los sindicalistas del estilo Pedraza, los bancos –unos cuantos de capitales españoles– y a partir de 2003 los funcionarios públicos, a los que siempre dijo que no les cobraba nada.

En los últimos años, Righi defendió a Néstor y Cristina Kirchner en una demanda contra la SIDE de los noventa y en una causa en la que eran investigados por enriquecimiento ilícito. Y logró que el juez federal Julián Ercolini –ex abogado de su estudio- firmara el sobreseimiento del matrimonio.

Según cuentan Pablo Abiad y Mariano Thieberger en Justicia era Kirchner, en la lista de los sindicalistas que defendía Righi también figuraba el ex secretario general del SMATA, José Rodríguez, un macartista orgulloso e irreductible que murió en 2009 y fue denunciado por haber entregado listas de obreros a las patronal de Ford durante la última dictadura. Righi lo defendió en una causa sobre la desaparición de trabajadores de la empresa Mercedes Benz durante la última dictadura militar. En esa causa, y en otras tres por presunta defraudación a la obra social del sindicato, que suman un perjuicio para los afiliados de 12 millones de dólares.

La trayectoria de Pedraza es más conocida. También anida sobre un pasado combativo en el fondo de los tiempos. Después de las privatizaciones, fue el artífice de un proceso en el que las empresas tercerizadas explotaban a los trabajadores y enriquecían a los dirigentes. El Estado kirchnerista lo tuvo de socio en el esquema tripartito de las concesiones y los subsidios y en el Belgrano Cargas, donde le cedió la conducción de las ruinas de ese ferrocarril estratégico para la Argentina de los commodities.

Que Pedraza se haya comunicado con el estudio de Righi –entonces aún Procurador General de la Nación-, 36 horas después de un asesinato que lo involucraba y que haya pedido asesoramiento para el último eslabón de una cadena criminal confirma que el jefe de la Unión Ferroviaria no era un paria, como parece ahora que llega la sentencia, sino todo lo contrario. Su amistad y su trato jocoso con el ministro de Trabajo Carlos Tomada –en los días posteriores al homicidio- van en el mismo sentido. Las escuchas de sus conversaciones atestiguan: Pedraza y Tomada seguían en guerra contra la izquierda después del crimen de Mariano Ferreyra.

Está a la vista: el gobierno se abrazó con el sindicalismo empresario y forjó una alianza indestructible, quizás la única que en sus diez años de gestión se mantuvo intacta, pese a todo. No sólo nunca alentó las corrientes sindicales de base ni un recambio en la dirigencia: hizo lo imposible para combatir cualquier expresión que no hablara su mismo lenguaje. Gordos oxidados como Pedraza fueron los traductores designados para implementar una política oficial para la nueva clase obrera que combinó paritarias con disciplinamiento. Y que trazó una línea de fuego para separar a los trabajadores en blanco con acceso al consumo del 35 por ciento de empleados en negro, que siguen viviendo en la década del noventa. En esa ecuación inalterable, se sostiene la viabilidad del modelo.

Los llamados del 22 de octubre de 2010 entre Puerto Madero y Barrio Norte muestran el acto reflejo de una clase política que es capaz de conjugar los negocios de siempre con el barniz de una épica saturada de efemérides. Sirven en lo inmediato para probar que Pedraza estuvo detrás del crimen de Ferreyra y arrimarse a la Justicia. Para entender mejor una época y a sus figuras centrales. Para perforar esa alianza de hierro que se mantuvo firme durante los últimos 20 años.

 

Publicado originalmente en Justicia por Mariano – El diario del juicio.