Por: Eduardo Amadeo
La muerte del Fiscal Nisman es una bisagra para este Gobierno y para el funcionamiento de nuestra democracia.
Para este Gobierno, porque la sangre de Nisman ha de teñir lo que le queda aún en el poder. Las pruebas de su investigación sobre el caso AMIA y sus implicaciones para los funcionarios se potenciarán hasta niveles impredecibles, porque se relacionan con infinitas dimensiones de un manejo inmoral, autoritario y desordenado de la política local e internacional.
En la misma investigación sobre esta muerte, el Gobierno ya aparece obligado a probar su inocencia. No solo debe demostrar que no es autor directo, sino también por qué no funcionó la custodia que estaba obligada a proteger al Fiscal. Ya es vox populi en el país que estamos frente a un asesinato político.
Tampoco queda lugar alguno para las ironías, ni para los silencios soberbios, ni las culpas ajenas de un discurso absurdo. Para el Gobierno se acabó la posibilidad de construir la realidad propia y esconder la ajena recurriendo a la fábula de las conspiraciones golpistas y los medios de comunicación complacientes. La muerte de Nisman es una realidad que lo ha de marcar hasta el final y para la cual ya no funcionarán los perversos mecanismos de negación y agresión que hasta ahora han tratado de ocultar corrupciones, accidentes y malas políticas.
Pero la muerte de Nisman también debería ser una bisagra para el funcionamiento de la democracia y para los desafíos a futuro del sistema político. Los otros dos poderes y la oposición deberán tomar este tema como un eje práctico y simbólico de su trabajo. No solo en las responsabilidades fácticas para resolver esta muerte, sino también en la energía necesaria para construir una arquitectura democrática y legal que haga que la perversidad institucional del kirchnerismo se convierta, cuanto antes, en parte de la historia.
Argentina no puede seguir más tiempo en este camino de degradación. Un país en el que es concebible que el dislate que investigaba Nisman pudiera no tener consecuencias; en el que un Vicepresidente puede estar procesado y seguir en funciones; en el que los amigos del poder se dedican a construir la arquitectura de la corrupción con total impunidad; en el que se pretende cubrir todos los cargos de la Justicia con militantes políticos; en el que los servicios de inteligencia tienen total autonomía para violar la ley. Un país en el que puede utilizarse descaradamente la mayoría legislativa para vulnerar derechos e ignorar la Constitución.
La muerte de Nisman, sea suicidio por las presiones que recibió o asesinato por los implicados, fue posible por una democracia débil, fragmentada por la corrupción, contaminada por un autoritarismo que arrastramos desde hace décadas. Por todas esas grietas se cuela la bala que mató a Alberto Nisman.