En marzo de 2013, en ocasión de la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, anunció el envío de un proyecto de ley para la creación del Instituto de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa. Por aquel entonces, antes de conocer el texto de la iniciativa desde La Fábrica Porteña escribimos un artículo señalando los principales puntos que debería tener una política de evaluación educativa.
En la apertura de sesiones de 2014, lo encontramos nuevamente a Macri dando cuenta del ente evaluador, en esta oportunidad, promoviendo la re-discusión del proyecto en el ámbito de la Legislatura. ¿Cuál ha sido la suerte del proyecto a lo largo de 2013? En el mes de abril de 2013, fue enviado a la cámara y estuvo a la orden del día en las reuniones de la Comisión de Educación. El PRO pretendió darle un tratamiento “express” en el recinto, en tanto estuvo planificado para la última reunión del año pasado, donde se consideraron múltiples iniciativas luego de 11 horas de sesión. De todas maneras, ante la falta de apoyo de la iniciativa, el bloque oficialista decidió retirar el proyecto del plan de labor parlamentaria.
Sin embargo, sería cuando menos reduccionista detenernos únicamente en la trayectoria del expediente. El proyecto recibió numerosas críticas de los gremios docentes y de diversos espacios políticos. El Frente para la Victoria elaboró un proyecto alternativo y superador de evaluación educativa que fue consensuado con los sindicatos, trabajadores de la cartera educativa y diputados de otros partidos opositores. Lleva el nombre de “Ley de Evaluación Educativa Integral”.
¿Cuáles son las diferencias con la iniciativa del PRO?
El primer contraste lo podemos encontrar en la entidad que evalúa. Mientras en el proyecto PRO se promueve la creación de un ente autárquico, el proyecto FPV descansa en las estructuras ya existentes en el Ministerio de Educación porteño – Direcciones de Planeamiento y Evaluación – que ya tienen entre sus funciones el diseño e implementación de las políticas de evaluación educativa. De esta manera, se aprovecha la expertise y el recorrido dentro del sistema educativo que tienen los equipos técnicos de esas dependencias. Por otra parte, si entendemos a la evaluación como una herramienta de gestión para identificar los problemas y desafíos en vistas al diseño de mejores políticas educativas, no pareciera ser una buena opción separar el relevamiento de información de la elaboración de políticas.
Esta separación queda evidente en la declaración de las funciones del Instituto de Evaluación, por un lado, y de la Ley de Evaluación Educativa Integral, por otro. El instituto macrista busca evaluar, en tanto agente externo, los niveles de aprendizaje alcanzados por los alumnos, la formación y desempeño docente y el impacto de las políticas educativas del Ministerio de Educación. En cambio, el proyecto de ley del FPV orienta sus objetivos hacia la evaluación de las prácticas, estrategias e instrumentos que se desarrollan en los procesos de enseñanza y aprendizaje (y no únicamente sus resultados) y de la implementación de las políticas que lleva adelante el Ministerio de Educación (y no únicamente su impacto).
Por otra parte, la propuesta del FPV alienta la promoción de una cultura evaluativa institucional participativa. De hecho, el proyecto tuvo el consenso de un amplio espectro político. Entendemos que para que una política de evaluación tenga sentido es necesario que sea concebida, percibida y empleada como un mecanismo de responsabilización pública de todos los actores del sistema educativo. Para ello, la política debe estar dotada de legitimidad y ser fruto del consenso y la articulación de todos los actores involucrados. Como sabemos, el proyecto de ley del Instituto de Evaluación del PRO se realizó en soledad y pretendió ser aprobado sin prácticamente ser debatido en el recinto de la Legislatura porteña.
En línea con el argumento de la necesidad de legitimar una política de evaluación, la Ley de Evaluación Educativa Integral es ampliamente superador en relación a la búsqueda de consensos y de participación de los múltiples actores del sistema educativo. Es un proyecto que procura acercar la problemática educativa a las comunas e involucrar también a las organizaciones estudiantiles.
Como decíamos al principio, hace apenas unos días Mauricio Macri volvió a la carga con el proyecto del Instituto de Evaluación, sosteniendo que “la calidad educativa” no puede esperar. Estamos de acuerdo con ello; las disparidades existentes entre los alumnos de las zonas con mayores recursos y las más pobres de la Ciudad de Buenos Aires son muy profundas. Ahora bien, sería bueno que, en la coyuntura actual, el Jefe de Gobierno tenga presente que en este momento los que menos pueden esperar son los miles de chicos que han quedando sin vacantes.