La inflación es un fenómeno que prácticamente todos reconocen como negativo, y su causa está bien documentada. No se trata de que una parte de la biblioteca tenga una tesis, y la otra apoye una tesis diferente. A pesar de lo que digan los políticos, es bien sabido entre los economistas que la inflación es un fenómeno monetario: cuanto más de un bien hay, menos vale ese bien (un vaso de agua aquí ahora vale menos que un vaso de agua en el desierto). El peso argentino es un bien. Por lo tanto, cuantos más pesos emite el Banco Central, menos valen los pesos, así que cada vez es necesaria una mayor cantidad de pesos para comprar el mismo bien. Eso es el aumento generalizado de precios, al que llamamos inflación.
Esto explica por qué la inflación fue aumentando a medida que el Banco Central fue perdiendo independencia: durante su gestión como presidenta del Banco Central, que se caracterizó por responder sumisamente a las órdenes del gobierno, Marcó del Pont sostuvo que no hay que temerle a la emisión monetaria porque no genera inflación. Bueno sería, porque podría acabarse con la pobreza en unos pocos días: emitiendo millones de pesos para cada argentino. Pero cuando el gobierno emite para financiarse, los precios suben y el poder adquisitivo de la gente baja: la inflación es un traslado oculto de dinero, de la gente hacia los políticos. Y lo afirmado es consistente con que países como Estados Unidos estén en condiciones de emitir más dinero que otros: la emisión genera inflación cuando supera lo que la gente demanda de dinero para ahorrar, y en el mundo la gente demanda más dólares que pesos argentinos.
Por ingenuo o perverso, el Banco Central emitió descontroladamente para financiar el altísimo gasto público dado por las pérdidas millonarias de Aerolíneas Argentinas, Fútbol para Todos, propaganda gubernamental y subsidios a empresarios amigos del poder, entre otros. Para no perder apoyo electoral, la estrategia del gobierno fue culpar a los comerciantes y empresarios, que en su irrefrenable ambición de poder, dice el relato, aumentan los precios y se abusan de los indefensos consumidores. Ingenuo es pensar que los empresarios y comerciantes son más codiciosos en Argentina que en otros países con menor inflación, y son más codiciosos ahora que en 2005, cuando la inflación era menor, pero ésa fue la estrategia del gobierno para distraer la atención. Así nació el programa “Pecios Cuidados”: el gobierno quiso posicionarse como paladín en la lucha contra la inflación, y no como su causante.
Programas como “Precios Cuidados” no son nuevos en la historia argentina. Como este gobierno, José Alfredo Martínez de Hoz simpatizó con este tipo de políticas, dando lugar a su famoso acuerdo de precios de 120 días. Quizá el actual gobierno haya aprendido algo de las justificaciones de los 70, porque el gobierno de facto también eligió culpar del aumento de precios a los comerciantes y empresarios, quienes tenían la obligación de “deponer sus pretensiones alcistas”, sostenía el gobierno de Videla. Es que para un gobierno es muy tentador culpar a los privados, porque es consciente de que muchos no conocen la causa de la inflación y simplemente ven que los oferentes cobran más caro ahora que antes.
Lo cierto es que en los 70 el control de precios fracasó, y no por un problema de implementación. En su libro 4000 Años de Controles de Precios, Robert Schuettinger y Eamonn Butler muestran cómo los controles de precios son un fracaso a nivel mundial: generaron caída en la actividad económica, precios paralelos y desabastecimiento, entre otros efectos negativos. Es probable que el objetivo de “Precios Cuidados” no sea combatir la inflación, sino hacerle creer a la gente que se la combate. Tal vez quienes critican a este gobierno por su ignorancia económica tengan una visión demasiado caritativa de su estatus moral.