Por: Felipe Solá
La Argentina rural, la potencia agrícola más eficiente del mundo, es despreciada por sus gobernantes, que la castigan precisamente por esa condición. Sin políticas proactivas, el gobierno tiene una actitud hipócrita y vergonzante. Hipócrita, porque los productores, mientras se los critica sistemáticamente aportan los dólares más seguros y baratos que nuestro país puede conseguir, y se esconde ese obvio mérito en el discurso oficial.
Vergonzante, porque el gobierno también calla cuando el ambientalismo denuncia el masivo uso de agroquímicos en la producción moderna. Pero hace contratos con Monsanto y le reconoce por primera vez el pago de regalías por sus semillas transgénicas. Y calla, además, porque el fisco se queda con alrededor de 8000 millones de dólares por año, gracias al aumento constante de la producción y a los elevados derechos de exportación vigentes.
Una política agropecuaria activa podría haber eliminado los derechos de exportación del maíz, el sorgo y el girasol; cubrir fletes largos, premiar la forestación y la tenencia de montes nativos, defender a las poblaciones asentadas en base a producción familiar y muchas otras acciones. Se prefirió la inacción.
Nadie fue más neoliberal en sus criterios frente al agro que los funcionarios de la década kirchnerista. Se dejó actuar al capital financiero, a la oferta tecnológica y al productor, en su búsqueda obvia de mayor rentabilidad, pero no se lo orientó.
Transcurridos cinco años de gobierno (2008), el kirchnerismo denunció lo que había fomentado: la concentración de los actores productivos. Demonizó la soja. Sojero pasó a ser sinónimo de depredador y oligarca y metió en la misma bolsa a todos los productores rurales.
Mientras tanto, el gobierno decidió abaratar el pan, pero sólo consiguió una insólita transferencia de ingresos de productores a exportadores y molineros en la cadena del trigo. Además de desalentar la siembra (nunca se sembró menos trigo), redujo las exportaciones de maíz, cultivo caro y riesgoso, mientras crecía, favorecida, la soja.
Con la acción del secretario de Comercio en el mercado ganadero se consiguió una liquidación de vientres sin antecedentes (2009-2011), la quiebra de los frigoríficos de consumo y, ahora también, la caída de los que exportan; y aplicó además un sistema de subsidios que instaló la coima como rutina en el organismo encargado de administrarlo (ONCCA). Disminuyó el número de tambos, aumentaron los porcentajes de la industria y del transporte en el precio final de la leche en el mostrador, en detrimento del productor y hoy el futuro de la lechería es muy complejo.
Con una inflación de alrededor del 24% anual y el pan, la carne y la leche con precios muy por encima de los que se pretendieron, la política agropecuaria y su cómplice, la intervención comercial, lo hicieron: perdieron productores y consumidores a la vez. Cinco años para dejar hacer al productor y sólo cobrar retenciones, y cinco para intervenir el comercio y destruir casi todo lo que se tocó. La década (rural) perdida.