Por: Fernando Sánchez
Los recientes acontecimientos en Venezuela merecen una reflexión alejada de cualquier parcialidad partidaria. Actualmente la sociedad venezolana encuentra una honda fractura en sus cimientos que ha llegado a poner en jaque el funcionamiento de un sistema político, sumamente deteriorado por años de confrontación entre conciudadanos que tienen distintas visiones acerca de lo que desean para su país.
Esta división de la sociedad se expresa en multitudinarias marchas, de apoyo al gobierno unas, y otras con reclamos vinculados con la inseguridad, la creciente inflación, la falta de insumos básicos y la falta de libertad de expresión.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debe comprender que el poder que otorga el voto popular no es un cheque en blanco que solamente puede ser cuestionado por los ciudadanos al momento de ir nuevamente a las urnas. Por el contrario, la gestión gubernamental debe someterse diariamente al escrutinio de la población, respetando los principios democráticos y republicanos básicos de todo Estado de Derecho.
Es por esto que las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno venezolano no deben ser soslayadas. La persecución de dirigentes políticos y estudiantes por el simple hecho de pensar distinto es propia de regímenes que abandonan su condición democrática. Hannah Arendt afirmaba que “el poder y la violencia son opuestos; donde uno domina absolutamente, falta el otro.”
Ahora bien, ¿cómo deberían reaccionar los países latinoamericanos antes semejante atropello de las libertades básicas? El principio de no intervención de los asuntos internos de otros países encuentra su límite en la violación de derechos fundamentales como los denunciados.
La Unasur, el Mercosur y la OEA coinciden en un pilar fundacional: garantizar que sus miembros se reconozcan y mantengan como Estados democráticos, respetando los derechos de sus ciudadanos consagrados en sus constituciones y en los tratados internacionales.
Consecuentemente resulta necesario que el gobierno argentino recurra a los instrumentos con los que cuentan los organismos multilaterales, a fin de evaluar lo que está ocurriendo en Venezuela. Tanto en la normativa del Mercosur, como en la de Unasur encontramos cláusulas de defensa del orden democrático como requisito indispensable para poder conservar la membresía, e incluso esta última establece la obligación de que los Jefes de Estado se reúnan a deliberar ante hechos que impliquen una grave afrenta contra el sistema democrático de gobierno. Dichos mecanismos se accionaron ante la crisis institucional acontecida en la República del Paraguay, y este país debió ser suspendido como miembro de los mencionados organismos regionales.
No obstante, el gobierno argentino ha decidido respaldar firmemente al gobierno de Venezuela ante los recientes sucesos. Se equivoca una vez más. Lo que necesita la región es un claro mensaje de defensa del sistema democrático latinoamericano. Es ahí donde debe estar puesto nuestro compromiso.