Balance del traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires

El pasado 5 de enero, la nación y la ciudad de Buenos Aires suscribieron un convenio a efectos de acordar sujetos, acciones y modalidades de articulación para la transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad en todas las materias federales ejercidas en la jurisdicción porteña. De inmediato, el 18 de enero, la Legislatura aprobó el acta acuerdo.

Este convenio se sustenta en las disposiciones de la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), respectivamente, y en los preceptos normativos que operativizan la autonomía jurisdiccional y legislativa de la capital de la república en materia de seguridad pública. Las disposiciones de la Constitución de CABA establecen que la seguridad pública es un derecho propio e irrenunciable, lo que se plasma en la sanción de la ley CABA 2894 de seguridad pública, que, entre otras disposiciones, crea la Policía Metropolitana.

Tal como se manifestó en los debates en el recinto, todas las fuerzas de oposición solicitamos generar un ámbito de seguimiento de la trascendente y compleja operación de transferencia de 19 mil hombres y mujeres de la Federal.

Sostuvimos la importancia de esta comisión como instancia en la que se active de modo ágil la circulación de información por parte del Poder Ejecutivo sobre los principales puntos establecidos en el Convenio 1/16, la transparencia de las acciones que involucran el traspaso, la posibilidad de convocar a las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones vinculadas en la materia, y, sin lugar a dudas, la elaboración de propuestas legislativas, entre otras iniciativas.

Pasados los cuatro meses, no sólo no se ha hecho esto, sino que han ocurrido eventos de público conocimiento que dejan muchas inquietudes respecto a la conducción política y operativa en el proceso de traspaso, a la actuación policial de fuerzas federales en el territorio de CABA y al papel de las áreas de seguridad del gobierno que encabeza Horacio Rodríguez Larreta.

Comenzamos el año con el hecho de violencia institucional protagonizado por la Gendarmería Nacional, cuando hirió a niños y jóvenes que bailaban en una murga en la Villa 1-11-14. Si bien quiso ser ocultado por las autoridades nacionales, debió ser luego reconocido por la circulación de videos y testimonios que precisaban lo ocurrido.

Al poco tiempo, asistimos a la presentación del supuesto Protocolo “Antipiquetes”, impulsado por el Ejecutivo Nacional y aceptado por las provincias y CABA en ocasión de una reunión del Consejo de Seguridad Interior. Su validez fue luego cuestionada por la propia Policía Federal traspasada, actuante en manifestaciones de la ciudad de Buenos Aires, al desconocerla como norma reglamentaria.

Acontecimientos más recientes también tienen a las fuerzas de seguridad y al papel del Gobierno local bajo la lupa.

El lamentable hecho que terminó con cinco jóvenes muertos y otros tantos en grave estado en la conocida fiesta electrónica Time Warp dejó al descubierto un sistema que, cuando queda en manos de los intereses del mercado o de grupos que se mueven corporativamente, hace estragos sobre los sectores de mayor vulnerabilidad como lo son nuestros jóvenes.

Ha develado no sólo una actuación irregular de la Prefectura Naval (la Justicia determinará si delictiva), sino también la ausencia absoluta del Estado en prevención, regulación, fiscalización y planificación de dispositivos de seguridad para tal evento.

En este caso, hacerse cargo de los problemas implica tener una política de prevención en seguridad. La tarea preventiva pudo haber sido realizada, sin excusas, con los 19 mil efectivos de la Policía Federal (PFA) que ha recibido la ciudad. Porque la tarea preventiva y de seguridad ciudadana es de absoluta y total responsabilidad de la ciudad, y siempre lo fue, con la PFA traspasada, la Policía Metropolitana, el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transportes o la Agencia Gubernamental de Control.

Cuando hablamos de tareas preventivas, nos referimos, por ejemplo, a operativos de control de alcoholemia o de venta de bebidas alcohólicas, o consumo de estupefacientes. No se requiere a las fuerzas federales para esto. Se requiere previsión, planificación, conducción.

Vemos con preocupación la falta de transparencia en las acciones del traspaso, sin información certera, con desconocimiento por parte de autoridades locales de normas vigentes, más la falta de conducción en el proceso de traspaso y la descoordinación con la actuación policial de fuerzas federales en el territorio de CABA.

En seguridad, los temas son urgentes y no permiten improvisaciones. Hoy, a fuerza de lucha social, incluso a fuerza de sentido común, resulta ineludible e indelegable la responsabilidad del Estado en sus distintos niveles en la búsqueda de resoluciones integrales.

Gobernar la ciudad no es lo mismo que manejar un auto con piloto automático. Hay que conducir. Y para conducir hay que estar presentes y hay que tener política de Estado.

Hacerse cargo es designar funcionarios y asignar funciones en una estructura que ha sido aprobada en enero. El Ministerio de Justicia y Seguridad de ciudad tiene un sinnúmero de estructuras sin funcionarios designados.

Existe una Dirección de Eventos Masivos, en la órbita de la Subsecretaría Operativa dependiente de la Secretaría de Seguridad, creada según decreto 121/2016, en la que desconocemos quién es el funcionario a cargo, cuáles son sus responsabilidades y sus competencias, qué tipo de intervención realizó o debió tener en esta fiesta, como en los diferentes eventos masivos que se dan en la ciudad. Porque más allá de la sutil diferencia entre 10.800 asistentes y 20 mil, como estaría afirmando la Justicia, lo que está claro es que se trató de un evento masivo, con múltiples aristas organizativas, empresas de turismo, productoras, fábricas de agua, etcétera.

La ciudadanía tiene que saber cuáles son las obligaciones del Estado, los alcances y las competencias de sus áreas y si aún no han sido puestas en funcionamiento, conocer los motivos. Porque, de lo contrario, lo que vemos es una desidia por parte de este Gobierno en hacerse cargo de los problemas, particularmente los de seguridad. Cuando, contraria o paradójicamente, nos llevaron a votar el convenio de traspaso con una velocidad inusitada, sin considerar ni una sola de nuestras recomendaciones, sin tener claridad sobre el uso de los recursos económicos, los mecanismos de coordinación, ni las responsabilidades que implicaba.

Hasta ahora, y por la escasa información circulante, traspasar la Policía Federal se torna más un problema administrativo a resolver internamente por la fuerza de seguridad traspasada que un problema político, institucional y social. El eje está corrido de lugar y de ahí los primeros resultados.

Manejos desprolijos de fondos (el pasado 24 de marzo, la ciudad le ha devuelto a la nación fondos equivalentes al pago de honorarios de enero y febrero de los agentes traspasados), operativos descoordinados o inexistentes, desconcierto por parte de los agentes sobre su pertenencia institucional, protocolos que se anuncian mediáticamente pero que luego no son aplicados y no han sido notificados a las fuerzas. Más inexistencia de operativos de control, de operativos específicos de prevención y control en ocasión de eventos masivos como el de Time Warp, desgobierno político y su contracara, la autonomía policial.

El último hecho fue el ocurrido en la comuna 4. Refleja no sólo un modo policial de liberar zonas, sino una visión de la resolución de la conflictividad social por la vía de la violencia y no de la democracia ni de la política.

Mientras ocurren estos acontecimientos de extremísima gravedad institucional, social y política como los antedichos, se desconocen los temas de fondo en materia de política de seguridad para CABA.

O lo que es peor, se dan a conocer medidas de gran trascendencia para la ciudadanía, por medio de portales de internet (de fuentes no oficiales) como los divulgados durante el fin de semana, con posterioridad a una firma de acta acuerdo entre el ministro Martín Ocampo y la ministra Patricia Bullrich.

Por eso es que necesitamos poner la discusión donde tiene que estar. En los ámbitos político-institucionales pertinentes, con los responsables de impulsar las políticas públicas y con quienes tenemos la obligación de legislar y regular este nuevo proceso. Nuestra Legislatura tuvo un papel central para aprobar el instrumento que habilitó el proceso de traspaso y ahora, por el mandato que le otorga la representación popular, tiene la obligación de regular y legislar a favor de los derechos de la ciudadanía.