Por: George Chaya
Una sociedad no puede ser neutral al elegir entre la vida y la muerte, entre aquellos, por ejemplo, que están preparados para trabajar dentro de los límites de un sistema democrático y aquellos que están trabajando para su eliminación. La falta de criterio a este respecto de mucha dirigencia política en Argentina es evidente cuando miran al mundo de la política como a una glorificada sociedad de debates y diagnósticos -casi siempre estériles- carentes de las soluciones concretas que reclama su ciudadanía.
El propósito del kirchnerismo en cuanto a respetar e imponer ideas que han fracasado como sacrosantas, a menudo muestra la ineptitud en organizar la defensa eficaz de sus propias posiciones políticas y filosóficas, y marca el desgobierno en áreas sensibles como economía, salud, educación, seguridad y un sinfín de etcéteras.
La noble aunque muy gastada afirmación de fe democrática: ‘puedo no estar de acuerdo con su opinión, pero moriría por su derecho a decirla’, pierde significado si a quien se dirige es precisamente al que se propone amordazar al orador, y el gobierno argentino se empeña a diario en que las personas comiencen a pensar de tal manera. Aunque no es justamente una cuestión acerca de lo que toleraremos, sino de lo que defenderemos. En una sociedad democrática el consenso debe ser notablemente inclusivo y tolerante. Pero la tolerancia no puede incluir a grupos y sectores que son abiertamente antidemocráticos y capaces de manipular las libertades y oportunidades políticas que les ofrece una sociedad libre y pacífica ante la propia corrupción e intolerancia diaria oficialista.
La tolerancia al autoritarismo no puede ser infinitamente elástica. La medida en que puede estirarse o circunscribirse dependerá de las circunstancias históricas, sobre todo, ante la proximidad de la amenaza que estos grupos presentan a las instituciones democráticas y si recurren o no a la violencia o a otros medios ilegales.
La dificultad estriba en que si las oportunidades para que crezca una amenaza totalitaria se mantienen abiertas demasiado tiempo y cuando esas amenazas anidan justamente en el propio gobierno que ejerce el poder de manera totalitaria, la ciudadanía debe necesariamente confrontar democráticamente a ese gobierno que, aunque electo por vías democráticas, se apartó de las reglas políticas de la democracia en su sentido amplio.
Hay ejemplos en la historia: el más claro y nefasto ha sido el nacional-socialismo alemán. Pero los nazis no estaban solos en la violencia callejera y en la hostilidad a la constitución alemana, había grupos paramilitares y patotas organizadas y armadas. Una justicia correcta e independiente habría prohibido esos grupos y movimientos violentos. Pero la justicia no pudo y el gobierno alemán no se preocupó en hacer tal cosa. Ello habría significado pedirles a los dirigentes políticos de centro y centro izquierda, generalmente inocuos e inseguros de su ideología, que tomaran medidas necesarias y patrióticas. Algo similar a la Argentina de hoy.
El argumento de que los nazis debieron ser detenidos y denostados no se asienta tanto en su camino a secuestrar la República y sus instituciones democráticas, sino en los crímenes terribles que cometieron luego al obtener la sumatoria del poder público. Aunque este fue un movimiento que asumió el poder por medios democráticos es justamente el caso en que un movimiento totalitario cultivo con éxito una falsa legitimidad dentro de un contexto democrático.
La magnitud del problema argentino se presenta no cuando algunos opositores recuerdan a los nazis, sino que radica en el reconocimiento de los otrora poderosos partidos como movimientos legítimos y aun democráticos por las grandes masas de electores frente a fragmentadas coaliciones o frentes en los que los egos personales de los lideres que los integran han demostrado ser perniciosos y acabaron haciendo el juego a los totalitarios.
Es de esperar que esa conducta y el personalismo que ha caracterizado a la clase política opositora argentina se haya modificado y madurado lo suficiente como para evolucionar en materia de una oferta seria de gobernabilidad de cara a las elecciones parlamentarias de 2013 y desde luego para las presidenciales de 2015. De lo contrario, los ciudadanos continuaran inmersos en las históricas y fracasadas internas de los movimientos mayoritarios.