Entre los varios temas que se aborden en la visita del presidente Barack Obama a Buenos Aires, no debería estar ausente la ayuda de los Estados Unidos a la República Argentina en materia de los atentados terroristas acaecidos en Buenos Aires.

La nueva administración del presidente Mauricio Macri ha dado muestras de que en la Argentina finalmente se buscará hacer justicia por las víctimas del atentado de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y por resolver la dudosa muerte —hace poco más de un año— del fiscal especial Alberto Nisman, quien conducía la investigación sobre aquel ataque terrorista.

Mayoritariamente, la sociedad argentina alberga la esperanza de que se esclarezcan estos crímenes. Lo mismo en cuanto al papel de Irán en ambos casos, así como con la penetración ideológica y operativa en el continente latinoamericano de la Guardia Revolucionaria iraní, según sostenía la investigación del fiscal Nisman antes de morir.

La derrota del candidato Daniel Scioli, elegido como último recurso por la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, significó cierto alivio para la comunidad internacional, principalmente en aquellos actores preocupados por las relaciones cercanas de Argentina con Irán, dados los canales de comunicación no oficiales y los secretos de personas y agrupaciones políticas cercanas al Gobierno kirchnerista, como lo exponía el fiscal Nisman.

Desde que asumió el cargo en diciembre, el presidente Mauricio Macri ha dado señales de un cambio significativo en cuanto a la posición argentina con Irán, y muy positiva en sus acciones en cuanto al Gobierno que lo precedió. En menos de dos meses, ha trabajado para revocar el polémico memorándum de entendimiento con la República Islámica, ha nombrado a un nuevo funcionario para el seguimiento de esos asuntos a nivel oficial y ha creado una oficina para supervisar la investigación del ataque terrorista a la AMIA.

La reapertura de la investigación sobre la sospechosa muerte del fiscal aparece como muy saludable desde el Poder Judicial de la Nación. También se ha dicho que se examinará la investigación de Nisman sobre el plan del anterior Gobierno argentino en materia de apartar y borrar la participación de Irán en el ataque a cambio de profundizar las relaciones diplomáticas bilaterales en materia económica, energética e incluso en asuntos nucleares.

Si bien estos elementos sin duda son auspiciosos y entregan cierto optimismo, aún existen razones para ser cautos. A más de un año de la muerte de Nisman, los Gobiernos de Argentina y los Estados Unidos deberían colaborar fuertemente entre sí para garantizar la continuación efectiva de sus diez años de trabajo en la búsqueda de justicia para las víctimas de lo que fue el peor ataque terrorista sufrido en suelo argentino, y también para neutralizar a Irán en la exportación de su revolución a la Argentina y otros países de América Latina.

Hay que recordar que el informe de Nisman del año 2006 dio lugar a la acusación de altos funcionarios iraníes por su papel en el atentado a la AMIA y tenía una versión investigada, elaborada y clasificada por la inteligencia argentina. Esta versión del Gobierno argentino de ese momento debería ser desclasificada. Esto podría arrojar luz no sólo sobre el ataque terrorista en sí mismo —que asesinó a 85 personas y dejó centenares de heridos en Buenos Aires—, sino en la forma en que Irán construyó sus redes terroristas en toda América Latina.

El acceso público a la versión clasificada es especialmente importante tras las publicaciones no solamente de la reciente grabación del audio del año 2012 en la cual ex canciller Héctor Timerman admitió al presidente de la AMIA que Irán estaba detrás del ataque, sino de otras miles de horas de escuchas telefónicas que disponía el fiscal sobre personas y agrupaciones cercanas al Gobierno de Cristina Fernández Kirchner, donde incluso se menciona a un diputado nacional del Frente para la Victoria (FPV).

Curiosamente, en febrero de 2015, a poco de la muerte de Nisman, la ex Presidente disolvió la Secretaría de Inteligencia, sólo un mes después de la muerte del fiscal, cuando en enero, Nisman se aprestaba a exponer ante el Congreso de la Nación su denuncia penal, adelantada en una entrevista a un medio televisivo de Buenos Aires, tres días antes de que se lo encontrara muerto en su domicilio. En su última entrevista, el fiscal Alberto Nisman identificó a varios individuos que ayudaban y colaboraron de una u otra manera con Irán. Este elemento fue de conocimiento de la opinión pública, pues las escuchas telefónicas fueron reproducidas por varios medios de prensa gráficos, radiales y televisivos. En esas conversaciones se utilizaban canales alternos al Gobierno de Cristina F. de Kirchner, pero las personas eran sumamente cercanas al poder kirchnerista.

Varios de esos individuos que aparecen en las escuchas probablemente se desempeñen como recursos de inteligencia favorables a Irán en la reestructurada Agencia Federal de Inteligencia. La investigación de estas personas podría ayudar a desentrañar la trama de espías que pudieron obstruir los esfuerzos argentinos en la investigación de la AMIA. Y esto es algo que la actual administración debe atender en profundidad.

Con una nueva investigación, del nuevo Gobierno, Argentina debe realizar —y los Estados Unidos deberían apoyar— una investigación independiente sobre si Irán jugó algún papel en la muerte de Nisman. Washington debe compartir la información de inteligencia que disponga sobre el actuar de las redes filoiraníes en Argentina y países vecinos en el momento de la muerte de Nisman.

Por lo menos tres de los cinco iraníes —Mohsen Rabbani, Mohammad Asghari y Ali Fallahian— sobre quienes Interpol emitió alertas rojas en relación con el ataque a la AMIA han presentado apelaciones para que esas circulares rojas sean dejadas sin efecto; sus pedidos fueron rechazados y las alertas siguen vigentes, lo que equivale a una orden de detención internacional para los tres funcionarios iraníes. Argentina y Estados Unidos deben cooperar en este campo y avanzar en la ratificación de esas circulares rojas.

En correcto actuar e impecable gestión, los funcionarios de la administración del presidente Macri han manifestado a Interpol que están “decididos a mantener los pedidos de alertas rojas” y preguntaron al secretario general de Interpol si necesita más información para que se mantengan. Los Estados Unidos deberían apoyar a los funcionarios argentinos para el mantenimiento y la ratificación de las notificaciones rojas cuando sean objeto de revisión en noviembre próximo.

Sin embargo, el levantamiento de sanciones, la liberación de activos congelados y la ampliación del comercio como parte de la implementación del acuerdo nuclear con Teherán hará más difícil para el nuevo Gobierno argentino contrarrestar la influencia de Irán en sus fronteras. El flujo de dinero iraní en efectivo puede ser utilizado para ganar favores políticos y de inteligencia; también las industrias argentinas podrían verse en la tentación de aceptar ofertas debido a dificultades en su situación económica. Irán es conocido por proporcionar cobertura comercial en zonas donde elije objetivos regionales; la Venezuela chavista ha sido un ejemplo palmario. Por lo tanto, el Gobierno argentino deberá ejercer una firme observancia de la actividad comercial de Irán con sus industrias locales y trabajar con los Estados Unidos y otros socios de la comunidad internacional para identificar potenciales conductas ilícitas, teniendo en cuenta que Irán ha utilizado coberturas comerciales y culturales para sus actividades antidemocráticas en varios países de mundo.

La inversión internacional de Irán y su disposición de miles de millones de dólares descongelados luego del acuerdo nuclear pondrán a prueba los esfuerzos de los Gobiernos latinoamericanos y desde luego del argentino para frenar la influencia local de Teherán.

Hasta el momento, el Gobierno de Mauricio Macri ha demostrado que está haciendo muy bien la tarea. Es imperativo que los Estados Unidos y otros Gobiernos amigos ayuden al nuevo Presidente de Argentina en su esfuerzo en la lucha contra el terrorismo.

La administración Macri está haciendo lo que corresponde para corregir y fortalecer, sin interferir y respetando la independencia de poderes, principalmente la integridad del Poder Judicial, en un valorable y significativo esfuerzo en todos los campos contra la impunidad. En particular en el caso de Alberto Nisman, quien dio su vida en directa relación con la investigación que llevaba adelante.