No ha habido ningún anuncio oficial, pero las negociaciones que comenzaron en Ginebra a finales de 2012 y continuaron en el año en curso pudieron haber dejado una suerte de doble gobierno en Irán.

El gobierno de iure está encabezado por el “guía supremo” Alí Khamenei y su grupo, ellos manejan la presidencia y el Majlis Islámico (parlamento). Su autoridad y responsabilidad se definen en la Constitución que, aunque a menudo violaron, sigue siendo un punto de referencia.

Sin embargo, un gobierno de facto parece haber surgido a la sombra del gobierno de iure, y eso es lo que se llama el Grupo 5+1, algo que está comenzando a preocupar al régimen de Teherán como antes no había sucedido.

Al negociar el llamado Acuerdo de Ginebra o “Plan de Acción Conjunto,” el régimen iraní está reconociendo implícitamente la autoridad del gobierno de facto sobre una serie de cuestiones. La prórroga de siete meses del plan de acción conjunta de Viena la semana pasada lo reafirmó.

El G5+1 se ha concedido el derecho de supervisión sobre una serie de puntos de interés nacional para Irán. En la jerga diplomática: droit de regard, que permite “tener el derecho de observación y participación”. El término francés se aplica cuando una nación permite injerencia externa en sus asuntos a otro poder ajeno al propio estado o gobierno. A pesar que no es el equivale al veto, el droit de regard deja cierto margen para dar forma a las políticas de una nación desde fuera de las decisiones mismas de su gobierno nacional.

Así las cosas ¿Cuáles son los derechos que Irán ha concedido implícita o explícitamente a una autoridad externa?

En primer lugar ha sido el derecho de imponer sanciones. Bajo los mandatos de los presidentes Khatami y Ahmadineyad, la posición de Irán sobre las seis rondas de sanciones que le fueron impuestas -particularmente por EE.UU y la Unión Europea- se consideraron ilegales e injustas. Irán exigió su levantamiento inmediato como condición previa para negociar sobre cualquier tema, en particular su dossier nuclear.

Bajo la presidencia de Rouhani, esas sanciones siguen siendo consideradas como injustas, “pero ya no como ilegales”. La aceptación implícita del presidente Rouhani sobre la legalidad de las sanciones se demuestra por su disposición a vincular su levantamiento a las concesiones que Irán se dispone a otorgar.

En el marco del “Plan de Acción Conjunto”, Irán otorgó 23 concesiones a cambio de 11 promesas del G5+1. “Si eso no significa el reconocimiento y la legalización tacita o implícita de las sanciones”: entonces habrá que buscar semánticamente alguna herramienta lingüística que defina lo que es una victoria o una derrota de un Estado en materia de diplomacia moderna.

El G5+1 habla de mantener las sanciones por 25 años para poner a prueba la buena conducta de Irán de cara al futuro. Muchos podemos pensar, y con razón, que eso es una injusta y brutal injerencia en los asuntos de un Estado. Sin embargo, ¿Por qué Rouhani quiere acortarlas a cinco años? Si son ilegales por 25 años también deben ser ilegales por cinco años o por cinco minutos. ¿Cuál es el criterio que usa el régimen iraní para mensurar la legalidad o la ilegalidad de tales sanciones?

Otra cosa que también sucedió en las presidencias de Khatami y Ahmadineyad, es que Irán consideró las reuniones con el G5+1 como un intercambio de opiniones, “no como negociaciones formales”. La parte iraní nunca fue conducida por un ministro que representara la soberanía o la política formal de la cancillería, sino por distintos funcionarios designados cuya tarea consistía en escuchar las opiniones del G5+1 e informar los puntos de vista de Irán, pero no llevar a cabo negociaciones que involucraran la soberanía nacional o sus políticas de estado.

El método actual no fue el elegido por Khatami ni por Ahmadineyad. Ellos actuaron de conformidad con la práctica diplomática establecida desde los Tratados de Westfalia en el siglo XVII. Y sostenían que como nación soberana, Irán no podía negociar con un organismo informal al que le negaron validez jurídica alguna.

El G5+1 es un grupo constituido ad hoc a partir de una iniciativa de la UE+3 integrado por los ministros de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Francia y Alemania. El G5+1 nació en la residencia del (entonces) Secretario de Relaciones Exteriores británico, Jack Straw, en el año 2006 en Londres. Para el caso, ninguna de las versiones de este grupo contó con estatus legal, ni antes no ahora. No tiene ningún mandato de Naciones Unidas, de la Unión Europea o incluso Estados miembros individuales.

Khatami y Ahmadineyad sabían que el grupo no podía negociar tratados internacionales sin una base de estricta igualdad jurídica entre las partes interesadas, ello no es ningún misterio, está consagrado -de conformidad- en la Carta constitutiva de Naciones Unidas.

Si nada se firmó en Ginebra el año pasado y tampoco diez días atrás en Viena porque el G5+1 no tiene ninguna autoridad para firmar nada en nombre de nadie y si todo lo que el G5+1 puede hacer es recomendar medidas a sus respectivos gobiernos. Entonces ¿por qué el actual presidente Rouhani está cediendo aspectos de la soberanía de Irán?

El lector puede pensar -y está en su justo derecho- que Irán no está cediendo su soberanía. A mi juicio si lo está haciendo. Citare sólo unos pocos ejemplos: Según lo que está negociando el presidente iraní: El G5+1 tendrá decisión en cuanto a las cantidades de petróleo que se permita exportar a Irán. Lo mismo respecto a lo que Irán debería percibir y gastar de su propio dinero influyendo de esa manera en la economía y la política industrial de Irán mediante el control de importaciones de tecnología, maquinaria y piezas de repuestos incluso para fines civiles. El G5+1 también se reserva el derecho a la inspección de los buques y aviones utilizados para las exportaciones y las importaciones iraníes.

En el curso de este año, la aduana alemana incautó docenas de cargamentos con destino a Irán. El G5+1 puede restringir y monitorear el acceso de Irán a los mercados de capitales, mientras que supervisará los pagos iraníes al exterior a través de medidas contra el Banco Central de Irán.

Más de 3.000 proyectos están congelados en Irán porque las empresas extranjeras no están dispuestas a invertir o proporcionar tecnología hasta que se levanten las sanciones (el pasado lunes, Rouhani dijo a un diario en Teherán que las empresas extranjeras le informaron que no se puede hacer nada hasta que se levanten las sanciones).

Incluso las naciones extranjeras que no participan en el sistema de sanciones las observan en la práctica. India se retiró de un proyecto de un gasoducto iraní. China dejo sin efecto su programa para desarrollar un importante puerto iraní en el Golfo de Omán y Japón se retiró de un proyecto petroquímico bilateral gigante con Irán.

En el mismo sentido, el ministro de Relaciones Exteriores iraní está obligado a informar al G5+1 periódicamente sobre la cuestión nuclear. Así, el grupo busca limitar la industria de armamento de Irán, aparentemente para evitar el desarrollo de misiles capaces de transportar ojivas nucleares.

Asimismo, es el G 5+1 quien decide los montos de las remesas que se envíen a los estudiantes iraníes en el extranjero. También decide y fiscaliza la cantidad de uranio que Irán puede enriquecer y en qué grado autoriza a funcionarios iraníes y hombres de negocios a viajar al extranjero. Ellos deciden a qué conferencias internacionales los científicos iraníes pueden asistir. Y están monitoreando quienes son nombrados como embajadores en Irán. Cuatro nominaciones fueron vetadas en el transcurso del 2014, incluyendo la del embajador de Irán ante las Naciones Unidas.

Lo notable es que mientras -supuestamente- Irán ha congelado su industria nuclear desde el año pasado, el G5+1 ha permitido que la máquina de las sanciones continúe operando como desde el primer día.

Desde noviembre de 2013, los EE.UU. y la UE han decretado 108 nuevas sanciones contra compañías iraníes, empresarios, científicos e incluso universidades, al tiempo que se impusieron multas millonarias a 13 bancos internacionales y a una docena de empresas iraníes con éste bloqueo en curso contra Irán.

Es verdad que el G5+1 accedió a liberar unos 70 millones de dólares en activos iraníes congelados. Sin embargo al momento de escribir este artículo, USD 48.000.000 continúan efectivamente congelados y desde julio hasta hoy, el G5+1 solo está liberando USD 700 millones al mes, mientras por otro lado, congela USD 1000 millones al mes. Esto significa un total neto de 300 millones de dólares estadounidenses de activos iraníes congelados cada mes.

¿No es hora de que los iraníes reflexionen sobre las consecuencias de la política de un régimen que podría poner a su país bajo la tutela extranjera durante años, si no décadas?