Por: Héctor Huici
Recientemente, la Legislatura de la Ciudad expresó su profunda preocupación por la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, ordenada por el gobierno de Nicolás Maduro bajo acusaciones de “golpismo”. A su vez, instó a la liberación del dirigente político Leopoldo López, al cumplirse un año de su arresto por su condición de opositor al gobierno; y finalmente, declaró su solidaridad con el pueblo venezolano en el anhelo de unidad, libertad y pluralismo.
El abuso contra Ledezma se suma a otros que se vienen perpetrando de manera sistemática contra la oposición venezolana. En este sentido, se destaca, además del ya mencionado arresto ilegítimo de López, la destitución arbitraria de su cargo de la diputada María Corina Machado y la reciente muerte de Rodolfo González en la prisión del Sebin.
Los dirigentes opositores son autores de un plan de transición para Venezuela ante la crisis política, económica y social que atraviesa el país y que fue presentado por Ledezma la semana anterior a su detención.
La situación sólo puede condenarse, ya que no existen factores atenuantes cuando se trata de la libertad y del respeto a los Derechos Humanos. Ni la soberanía ni el derecho a la autodeterminación pueden desconocer garantías elementales de cualquier ser humano. La declaración de Estados Unidos que señala a Venezuela como una amenaza para su seguridad -rechazada por toda la oposición nucleada en el Movimiento de Unidad Democrática- tampoco justifica la creciente represión por parte del régimen bolivariano. Esta situación viene siendo denunciada por instituciones de prestigio en la materia como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En este sentido, es de lamentar no sólo el silencio del gobierno argentino sino también la pasividad de la región, en tanto gobiernos y organismos como la UNASUR. Las acciones antidemocráticas y antirepublicanas sobre las que se basa esta declaración no constituyen hechos aislados sino un estado de cosas en Venezuela que, sumado a la crisis económica y social, pone de manifiesto una creciente agresión a la que está expuesta la ciudadanía venezolana.
La desconexión del gobierno nacional con la realidad y su afán por tergiversar la realidad llevan al Estado argentino a defender régimenes autoritarios que deberían ser repudiados por la comunidad internacional en su conjunto.
Es un imperativo moral continuar denunciando el constante avasallamiento de todas las libertades individuales y el hostigamiento hacia no sólo dirigentes políticos opositores sino la población en su conjunto.