Una extorsión con fines políticos

Jorge Yoma

Al enemigo, ni justicia (Juan Perón)

Al enemigo, (la) Justicia (Kirchner)

-Senador, teléfono para usted.

Corría mayo de 2004 y yo estaba en mi despacho preparando la acusación contra el juez Roberto Marquevich ante el Jury de Enjuiciamiento, por mal desempeño en sus funciones en la detención ilegal de la señora Ernestina de Noble.

Tomé el teléfono y era un conocido operador de Comodoro Py.

-Jorge, el juez Urso quiere hablar con vos.

-Decile que venga al Senado -respondí.

-Es algo muy delicado, dice si podés ir a su casa.

-No hay drama, en un rato voy.

Fui a lo de Urso en la calle Billinghurst y me recibió con un papel en la mano: era la requisitoria fiscal para que se investigue un denuncia anónima en mi contra por supuesto enriquecimiento ilícito.

-Llegó esto a mi juzgado -me dijo con tono de preocupación.

-Está bien, ¿querés que me presente espontáneamente?

-¡No! Quedate tranquilo que yo lo voy a llevar despacio.

Y ahí nomas vino el mensaje:

-Vos tenés el tema de Tito [Marquevich] en el Consejo,¿ no?, y también lo tienen a Galeano y un expediente mío… [una denuncia por coimas en su contra]

No hizo falta más, era una vulgar y torpe extorsión. Cuando volví al Senado llamé a dos irreprochables periodistas parlamentarios (Alfredo Gutiérrez de Clarín y Gustavo Ybarra de La Nación) para contarles lo sucedido y que en caso de ser necesario den testimonio ante la Justicia sobre los hechos que les había relatado.

A los pocos días presenté la acusación contra Marquevich y fue destituido; meses después se decidió la apertura del juicio político contra Galeano, y Urso renunció ante la inminencia de su destitución. Por supuesto, hice la denuncia judicial de la extorsión de la que fui víctima, ofrecí como testigos a los periodistas mencionados…

¿Y? Pasaron 11 años (casi el doble del plazo de prescripción para el delito del que se me acusaba, cuya pena máxima es de 6 años) y no pudieron siquiera argumentar (ni hablar de probar) algo cercano a un enriquecimiento dudoso en mi patrimonio. Hace 2 años dejé la función pública y la causa sigue abierta. Fui investigado de arriba a abajo junto con mi familia, presenté todas mis declaraciones juradas. Pidieron informes de los registros de la propiedad, bancos, etc. Me sobreseyeron hace 8 años en la Justicia provincial con la debida notificación de la sentencia a la Justicia federal, ya que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, dice la Constitución. Ahora el juez Casanello pidió un enésimo peritaje de mis ingresos desde el año 1983 a la fecha y denunció el extravío del expediente de La Rioja, que se archivó hace 10 años.

En reiteradas oportunidades pedí la reconstrucción de este expediente y el testimonio de los empleados que lo instruyeron (¡cómo voy a esconder el expediente de una causa en la cual se declara mi inocencia!). Si los abogados o los empleados no lo encuentran, se puede reconstruir con las más de mil fojas y seis cuerpos de informes y peritajes que tiene la causa de la Justicia federal.

El Pacto de San José de Costa Rica, incorporado a la Constitución Nacional, dice en su artículo 6.o que todos los ciudadanos tenemos derecho a un juicio justo y en un plazo razonable. ¡Claro, siempre y cuando no seas crítico del gobierno kirchnerista, y mucho menos si te opusiste a la “democratización de la Justicia”!