Luego del default de la deuda soberana por 144.000 millones de dólares a fines de 2001, Argentina realizó una exitosa reestructuración en dos tramos: la principal en 2005 y una de menor envergadura en 2010. El éxito de restructuración se mide –entre otras– de acuerdo con su grado de quita, posibilidad de cumplimiento y aceptación, que en este caso llegó al 93%.
Por lo tanto, bonos por aproximadamente 11.000 millones de dólares quedaron en cesación de pago y en manos de bonistas denominados “holdouts”, por su condición de no haber ingresado en ninguno de los mencionados canjes de deuda. De estos holdouts, algunos son conocidos como fondos buitres o especulativos, ya que compran deuda pública externa a muy bajo precio para luego judicialmente intentar cobrarla a su valor nominal.
El fondo NML Capital, poseedor de títulos de deuda argentinos que no ingresaron al canje, inició acciones ante los Tribunales de Nueva York contra Argentina en pos de intentar cobrar judicialmente el 100% del valor nominal de bonos.
Luego de casi una década de batallar, el juez interviniente en el expediente, Thomas P. Griesa, emitió el 23 de febrero de 2012 su fallo a favor de los fondos NML Capital, Aurelius, ACP Partner, Blue Angel y Olifant Fund, y trece ahorristas minoristas. El fallo del Griesa estableció que el pago realizado por la República Argentina a los bonistas que adhirieron al canje implica un grave daño al fondo NML y demás, ya que viola la cláusula “pari passu” establecida en el párrafo 1(c) del Fiscal Agency Agreement de 1994. El magistrado entendió que Argentina honra ciertas deudas (las de los bonos reestructurados) dejando de lado el pago de aquellos bonos que entraron en default. Por lo que obligó a Argentina a pagar a los demandantes conjuntamente y “en proporción” con el pago a bonistas de deuda reestructurada. El 5 de marzo siguiente el juez otorgó al fallo efecto suspensivo hasta tanto se defina la apelación presentada por la demandada.
El 26 de octubre del mismo año, el Segundo Tribunal de Circuito de Apelaciones de Estados Unidos confirmó el fallo de Griesa. La Cámara dictaminó que Argentina violó la provisión de “tratamiento igualitario” en los bonos al considerar que los tenedores de deuda que no aceptaron la reestructuración fueron puestos en un escalón inferior a los otros acreedores. Asimismo, la Cámara remitió a Griesa el expediente para que éste clarifique dos cuestiones sobre su fallo de febrero. En particular, solicitó al juez Griesa que precise “cómo funcionaría la fórmula de pago” propuesta en su fallo de febrero, y cómo aplicar la orden judicial a las “terceras partes” intervinientes en el pago de los bonos reestructurados.
La respuesta a las consultas de la Cámara fueron debidamente respondidas por el magistrado el 21 de noviembre. En ese sentido, dejó en claro que la fórmula para cumplir con los demandantes es “pagándoles al contado el 100% del capital adeudado y los intereses devengados” desde el incumplimiento de pago. Esta suma asciende –a la fecha de emisión del fallo– a 1.333 millones de dólares. Según el escrito de Griesa, el momento para cancelar esta suma de dinero sería al momento que Argentina cancele cualquier suma adeudada según los bonos reestructurados en 2005 y 2010. Inclusive hizo mención en su opinión a que Argentina debería pagar a los holdhouts su deuda conjuntamente con el pago de 3.140 millones de dólares de intereses devengados que Argentina debía pagar en diciembre de 2012.
En cuanto a terceras partes, Griesa determinó y clarificó a la Cámara que toda institución que intervenga en el proceso de pago de los bonos argentinos debe ser considerada responsable de ese pago. En ese sentido, graficó claramente el proceso de pago de los bonos argentinos e intimó a todos los agentes intervinientes a realizar cualquier acción que implique un incumplimiento a pagar a bonistas sin el correspondiente pago a los holdouts.
Evidenció el magistrado, en sus dos escritos del 21 de noviembre, su ofuscación con las manifestaciones y acciones del Estado argentino tendientes a no cumplir la obligación de pago a los holdouts. Por ello, finalmente eliminó el efecto suspensivo que pesaba sobre el fallo de febrero.
Luego de una rápida apelación de parte de la República Argentina, la Cámara de Apelaciones interviniente emitió el 28 de noviembre una orden restableciendo el efecto suspensivo al fallo que obliga a Argentina a pagar a los holdouts, y fijó para el próximo 27 de febrero a las 14 la audiencia para que las partes –incluyendo ciertos “amigos del tribunal”– presenten sus alegatos finales. El restablecimiento del efecto suspensivo permitió a la Argentina cumplir en diciembre pasado con sus compromisos de pago de los bonos reestructurados.
Luego de esta audiencia se espera el fallo de la Cámara de Apelaciones respecto de la orden –en suspenso– de Griesa de cancelar el 100% del capital y los intereses devengados a los holdouts al contado y conjuntamente con el próximo pago de deuda que Argentina tenga que afrontar. La Cámara no tiene plazo para emitir esta decisión.
En líneas generales, la Cámara interviniente mantuvo a lo largo de estos años las decisiones del juez Griesa. Sin embargo, es posible que exima de responsabilidad a las terceras partes intervinientes, entre ellos y principalmente, los agentes de pago de la deuda reestructurada. De esta manera, dándole la razón a los fondos buitres, se les hará difícil a éstos efectivizar su cobro. Sin embargo, hasta tanto se emita el fallo en cuestión, todo será mera especulación.