[En el artículo que reproducimos a continuación, publicado el 6 de septiembre de 2011,  José Luis Espert está polemizando con el entonces ministro de Agricultura, Julián Domínguez. Sus argumentos resultan relevantes y oportunos al celebrarse hoy el Día Mundial de la Tierra]

 

El sábado pasado en la página 3 del suplemento Campo, el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, firmó una nota titulada La tierra no es una mercancía destinada a justificar el impulso que el kirchnerismo le quiere dar al proyecto de Ley de Tierras que en abril pasado presentó en el Congreso de la Nación.

Como él dice, es cierto que la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) desde hace rato viene alertando sobre el proceso de degradación de tierras en el mundo y de la explosión de la demanda de alimentos (proveniente particularmente de India y China), cuestiones estructurales que le dan firmeza al precio de los alimentos más allá de las volatilidades de corto plazo generadas por los mercados financieros (monedas y tasas de interés).

Pero también es justo mencionar que en el último informe de la FAO de 2011, se remarca el boom en la producción de alimentos de los últimos 20 años fruto del progreso tecnológico en el agro que, por un lado, permite mantener su tendencia secular al abaratamiento relativo (respecto de los servicios particularmente) y por otro, hizo posible que a pesar de la recesión de 2009, el número de hambrientos como porcentaje de la población mundial esté en los mínimos de los últimos 40 años.

Luego en su nota el ministro afirma que la tierra es un recurso no renovable. Esto no es cierto. Por un lado, el avance tecnológico en el agro, además del riego, ha permitido transformar en aptas para cultivo, millones de hectáreas de tierra que antes no lo eran y además, con el uso adecuado, las que ya lo son, pueden seguir siéndolo sin ningún tipo de inconvenientes.

Su mención a la presión (absurda) de algunos países desarrollados (particularmente Francia) de poner límites a la suba de los precios mundiales de los alimentos es poco seria, porque al mismo tiempo que la Argentina se niega a ellos (correctamente), el gobierno K persigue al agro como si fuera productor de un veneno planetario en vez de alimentos, con su parafernalia de retenciones, prohibiciones para exportar, intervenciones de mercados (el de frutas y verduras y el de hacienda de Liniers), decenas de trámites burocráticos impuestos por la Oncca y corruptos acuerdos con molineros y cerealeras. Todo para extraerle al agro la “renta agropecuaria”. Claro, nada dice el Gobierno de la renta de los empresarios que viven del proteccionismo industrial que hace que hoy un conjuntito de bombacha y corpiño de Caro Cuore cueste $325, casi lo mismo que media tonelada de trigo en Buenos Aires.

Pero la primera “frutilla del postre” aparece hacia la mitad de la nota cuando apunta a uno de los reales y profundos motivos del proyecto de Ley de Tierras: preservar para los argentinos el 80% (200 millones de hectáreas según el ministro) de nuestras tierras rurales.

En primer lugar, la extranjerización de las tierras rurales en la Argentina, hasta ahora, es mínima (no así la minería que el Gobierno defiende con uñas y dientes contra los defensores del medio ambiente). En las zonas en las que se producen los cereales que tantos ingresos fiscales le proporcionan al Gobierno al cual pertenece el ministro, no hay inversiones extranjeras, salvo que estemos hablando de producción de tecnología agropecuaria y no de granos y eso es otra cosa totalmente diferente.

En segundo lugar, Domínguez considera que el proyecto de Ley apunta a evitar que los capitales especulativos se hagan de nuestra tierra. El tema es que el gobierno K tiene un control sobre los capitales golondrinas desde la época de Roberto Lavagna y del cual, muchos de sus compañeros de gabinete, están orgullosos por lo bien que funciona, así que no haría falta nada más para ahuyentarlos. Raro que Domínguez no hable o no sepa de él. Y si el control fuera inefectivo como espantapájaros de los “especuladores”, la política económica K es lo suficientemente disuasiva.

Así que el ministro pareciera que se está atajando de los fantasmas.

Tercero, resulta insólito que en un país que se ha construido a partir de la inmigración, la definición de extranjero (artículo 3 del proyecto de Ley) sea la de una persona que nació fuera del territorio geográfico de la Argentina aunque haya residido aquí toda la vida, armando su hogar y su empresa, criando a sus hijos y disfrutando a sus nietos.

Ni siquiera se respeta la definición (más light) que proviene de la Economía, en la que “extranjero” es aquél cuyo principal centro (aunque suene redundante) de actividad económica está fuera del país. Así, casi todos los extranjeros que “hicieron la América” en la Argentina serían argentinos y no extranjeros como sí ocurre con la iniciativa oficial.

Además, se le impone que como máximo podrá tener 1000 ha rurales a su nombre en el país (aunque no lo obliga a desinvertir si al momento de la sanción de la ley tiene más de ese máximo) ¿Por qué no 1003, 1050, 1200, 2432?

Por si el Preámbulo de nuestra Constitución se quedara corto, el Artículo 20 de las Declaraciones, Derechos y Garantías es contundente: “Los extranjeros gozan de todos los derechos civiles del ciudadano. Pueden poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos”. Si la Argentina ha funcionado desde 1853 con ese espíritu y ha alternado buenas y malas así ¿para qué cambiar?

Entonces, considerar como extranjera a una persona que nació fuera del país pero vivió toda la vida en la Argentina, con nuestra historia de país de inmigrantes, es ridículo conceptualmente y claramente anticonstitucional.

Pero vayamos ahora más al extremo todavía, el de un extranjero económico, o sea, un extranjero que tiene toda su vida económica fuera del país pero tiene tierras rurales en la Argentina ¿Por qué es mejor el gaucho Martín Fierro trabajando la tierra que el Tío Sam o Madame Tour Eiffel haciéndola trabajar? Después de todo y con el tiempo, ambos podrían enamorarse de nosotros, transformarse en residentes argentinos y dejar de ser extranjeros económicos.

Y además, una cuestión irrefutable: según los propios datos del BCRA conducido por la kirchnerista Mercedes Marcó del Pont, los fugadores sistemáticos de capitales del país son los argentinos, no los extranjeros. Así que eso del “capitalismo de origen nacional” es puro humo para que unos pocos argentos vivillos de siempre hagan negocios con el Estado a costa de los que no tienen poder de lobby en la sociedad, o sea, casi todos.

Esto nos lleva directamente a un dislate del ministro de Agricultura en su nota. Afirma que la tierra no es una mercancía. Segunda “frutilla del postre”.

Pasando por alto que, desde el punto de vista económico, la tierra no es el fruto de un proceso de producción (mercancía) sino uno de los tantos factores de producción junto con el capital, el trabajo y la educación, que sí generan mercancías, ¿por qué Ignacio de Mendiguren puede vender su fábrica textil (capital) a un marciano, si el marciano le paga una fortuna, pero José Tierra para vender su campo tendrá que hacerlo a argentinos nativos o a extranjeros (salvo por el 20%) con menos de 1000 ha de campo en la Argentina?

Para rematarla, dice en su nota que si no se acuerda una Ley de Tierras en el Congreso (con un espíritu como el proyecto K), sería el colmo del colonialismo porque sería un colonialismo intelectual. Tercera “frutilla del postre”.

¿Qué relación hay entre tierra rural en manos de extranjeros y colonialismo intelectual? ¿Por qué para el ministro no la hay entre fábricas argentinas con chimeneas que largan humo y su enajenación a ciudadanos de otros países? Que se sepa, durante el gobierno K, Amalita Fortabat vendió Loma Negra, Carlos Oliva Funes a Swift, etc. Pero no, ahí no hubo colonización brasileña sino una maravilla K de modelo productivo que se exporta y que hace irresistible a la Argentina. Y después de todo, en el siglo XXI, ¿cómo se define colonialismo? ¿Y si fuera una manera de vivir mejor independientemente de los símbolos?

Menear el fantasma de la seguridad alimentaria cuando este gobierno hace todo lo posible para un mundo inseguro de alimentos, definir extranjero como lo hace el proyecto de ley y hablar de colonialismo intelectual sino se impide a los foráneos tener toda la tierra rural que les plazca (cuando siempre fue así en la Argentina), suena por lo menos sospechoso y más de un gobierno que hace negocios espurios hasta con cuestiones tan sensibles como los desaparecidos (caso Schoklender-Madres de Plaza de Mayo).

¿No será que ahora que se viene la “radicalización del populismo”, además de las jubilaciones, los medios de comunicación, el Futbol y de Papel Prensa, el Kismo viene por la tierra? Al menos, la mise en scène, parece que será la misma…

 

(*) Este artículo fue publicado originalmente en el diario La Nación