El juez Thomas Griesa acaba de comunicar una orden indicativa que marca un hito trascendente para Argentina. Está dispuesto a levantar las restricciones que pesan sobre el país sujeto a que el Congreso derogue las leyes “cerrojo” y “de pago soberano” y a que se pague a los holdouts con los que se llegue a un acuerdo antes del 29 de febrero, un día antes del reinicio de sesiones legislativas.
Hasta el presente se anunciaron acuerdos con los fondos EM Ltd. y Montreux Partners, los acreedores de la class action Brecher y el grupo Capital Markets FS, por un total estimado de Dls. 1 400 millones. No sabemos cuántos acreedores más acordarán en los próximos días, pero la fecha límite de 29 de febrero les pone algo de presión. De no acordar hasta esa fecha, no podrían ya oponerse a la salida de Argentina a los mercados internacionales, aun cuando puedan seguir litigando.
Más aun, la decisión de Griesa virtualmente exige que Argentina emita deuda, para pagar a quienes acordaron. El Juez y el mediador Pollack no son ajenos a la fragilidad fiscal que heredó Macri ni al carácter aun precario de las reservas disponibles del Banco Central.
Si, en un extremo, no se agregaran nuevos acuerdos, Argentina podría pagar usando reservas que el Tesoro recibiría a cambio de un título público de mercado, o convocando a un préstamo del sector privado local. Ambas alternativas serían un mal menor dado lo que está en juego.
Pero si hasta el 29 hay nuevos acuerdos por un monto significativo, será necesario obtener un préstamo puente del exterior y-o salir a los mercados internacionales en forma inmediata. Si aun así quedan acreedores sin acuerdo, no sabemos hasta dónde subirá la calificación de las agencias de clasificación. Estaremos en terreno algo desconocido, pero el mercado dará su dictamen en las tasas que exija. Favorece al país el consenso generalizado de que las tenencias privadas de deuda del Tesoro son bajas, Dls. 65 MM al 30.9.2015, última información oficial.
El trámite en el Congreso contará con importantes apoyos de la oposición, anticipados por el massissmo, líderes del peronismo como Juan Manuel Urtubey, miembros del nuevo Bloque Justicialista, el peronismo federal y el progresismo. Será difícil para el kirchnerismo oponerse con el viejo argumento del endeudamiento. Primero, porque la deuda del Tesoro subió de Dls. 144 MM en 2001 a Dls. 240 MM en 2015, luego incluso de dos canjes con quitas nominales. Y segundo porque no se trata de nueva deuda, y hace años que el sitio oficial de la Secretaría de Financiamiento la publica, con un total –subestimado- de Dls. 11.6 MM al 30.9.2015.
En 48 horas, el gobierno avanzó en los dos frentes más críticos en el corto plazo, la inflación y el financiamiento para su programa fiscal gradualista. Los anuncios referidos al impuesto a las ganancias y las asignaciones familiares, alientan la expectativa de que las paritarias tengan un desenlace compatible con la meta inflacionaria de 20-25 % para 2016. Y la decisión de Griesa habilita la vuelta al financiamiento externo no sólo para cubrir parte de las necesidades del Tesoro, sino también de provincias y, sobre todo, del sector privado, para poder esperar nuevas inversiones y brotes de crecimiento y más empleo en la segunda mitad del año.
Argentina ya empezó en Davos a volver ser parte del mundo. La decisión de Griesa permite pensar que volverá a ser parte de los mercados globales. Para que todo ello se traduzca en beneficios permanentes es necesario, entre muchas otras cosas, acelerar la disciplina fiscal y llegar a que la deuda pública se emita para obras e inversiones y no para el derroche del Estado. Hay que subir la vara, y mantenerla bien alta.