Cien días: hay que mostrar la herencia, señalizar metas y usar auditorías privadas

Julio Piekarz

He votado a este Gobierno y lo apoyo. Estoy agradecido a Elisa Carrió, Ernesto Sanz y Mauricio Macri por haber alcanzado compromisos que permitieron el desenlace electoral y haber hecho desaparecer el fantasma de la decadencia terminal para Argentina a la que nos llevaba la administración saliente.

El Gobierno en funciones ha revitalizado una esperanza de cambio político no sólo respecto de la década pasada, sino respecto de décadas en que la política, apropiándose del Estado, fue incapaz de fortalecer la democracia y llevar a Argentina hacia una economía moderna, competitiva e integrada a un mundo globalizado, con un Estado transparente, austero, meritocrático y capaz de ofrecer bienes públicos en forma eficiente, y en cantidad y calidad adecuadas, que junto con el crecimiento es el principal medio para limitar la desigualdad y revertir la pobreza.

Pero el Gobierno es solamente un depositario de esa expectativa, y por ello debe no simplemente ser apoyado, sino también ayudado con propuestas y controlado para que lleve a cabo la tarea. Podría ser la última oportunidad en muchos años para que Argentina transforme la política, el Estado y la economía de modo que todos los argentinos puedan aspirar a un presente digno y un futuro brillante, que retribuya sus esfuerzos.

La herencia recibida es tan extraordinariamente pesada que las medidas iniciales para comenzar a revertirla pueden no ser adecuadamente ponderadas por la población si esa herencia no se explicita. Y hacerlo es también necesario para que las mayorías sepan cómo votar en el futuro. El Presidente avanzó parcialmente en su discurso en el Congreso, pero además prometió un diagnóstico detallado de la situación de cada área y cada ente del sector público. Que esa promesa no se diluya.

Paralelo al riesgo de que la sociedad no aprecie la dificultad de revertir tamaña herencia y rechace las medidas que necesariamente se van adoptando, existe otro riesgo, y es que el Gobierno subestime el ritmo y la intensidad con que es necesario encarar los enormes desequilibrios y vicios de administración recibidos. La política económica precedente ha sido tan disparatada que mejorarla en algún grado es casi una tarea para estudiantes avanzados. Pero mejorar un poco o de a poco la administración precedente no es suficiente para todo el tiempo perdido por Argentina.

En otros términos, la vara no puede ser la política pasada. Tiene que ponerse y mantenerse mucho más alta. Y no sólo en el tránsito hacia una economía normal y próspera, sino también en las formas en que se administra el Estado. De ese modo, también se estimulará la renovación de la política en otros partidos y en la medida en que alcance al peronismo Argentina podría aspirar a tener dos partidos políticos de centro, que es la mejor garantía para no volver atrás.

Liberar el cepo, terminar con el conflicto con los holdouts y atacar (cuando se haga) el déficit fiscal de 7% del PIB o más que se heredó serán logros encomiables, pero no alcanza. Es fundamental cambiar la gestión del 40% del PIB que representa el gasto público. Como dijo el Presidente, el Estado es de todos. Pues bien, los accionistas, que son los ciudadanos, quieren que su dinero se administre sana y eficientemente, como en la mejor empresa privada.

Las empresas están crecientemente sujetas a pautas de excelencia en el governance. Una pauta fundamental que debe incorporar el Gobierno es la señalización detallada de metas, que debe ser extendida a todas las jurisdicciones, dependencias, entes y empresas del Estado. La falta de señalización específica de las metas da espacio a la discrecionalidad y a la falta de control. Cada ente público debe anticipar cuál es la situación heredada y cuáles son los objetivos específicos de su gestión, para luego evaluar su grado de cumplimiento. Esta señalización de metas no la hemos visto aún.

La comparación periódica entre las metas específicas que se plantearon y los resultados obtenidos debe ser avalada por auditorías privadas, contables, de gestión y de compras. El público descree de las auditorías públicas, siempre enrolladas en algún conflicto o negociación políticos. Hemos visto desfilar al ex auditor general de la nación, Leandro Despouy, por canales de televisión penando por las dificultades para transparentar los informes de Auditoría debido a presiones políticas.

Y, finalmente, debe haber tolerancia cero con esa otra epidemia característica del sector público de amiguismo, nepotismo y abuso de información privilegiada. El Presidente dará el ejemplo poniendo su patrimonio en un fideicomiso ciego. Sin embargo, no queda claro qué harán todos los demás funcionarios, de qué forma se desligarán de sus intereses privados, qué períodos de carencia tendrán una vez que abandonen sus funciones y cómo evitarán el uso de información privilegiada con fines privados. Tal como sucede en las empresas con mejor governance, se requiere un sólido código de ética al que estén sujetos todos los funcionarios.