Por: Karina Banfi
El viernes pasado, el Poder Ejecutivo Nacional envió a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley de acceso a la información pública y en los próximos días será puesto a consideración de la Comisión de Asuntos Constitucionales, junto con otros proyectos que presentamos los diputados.
Se aproxima el debate parlamentario que invitará a la participación de especialistas y organizaciones de la sociedad civil y a todos aquellos que trabajan —incansablemente— desde hace décadas para que Argentina posea una ley de acceso a la información. Tengo la certeza de que el diálogo y la participación nos permitirán alcanzar una ley consensuada que sirva para garantizar el derecho humano de acceso a la información pública.
En este debate es fundamental que todos los ciudadanos sepan que la información pública es una herramienta que puede ser utilizada para acceder a otros derechos. Asimismo es un instrumento de control, en tanto nos habilita a preguntarles a los funcionarios por el uso de los recursos públicos, el estado de las obras públicas, las políticas del Gobierno y sobre cualquier otra cuestión referida a la gestión del Estado.
Es muy importante que esta ley establezca cómo deben hacer las personas para solicitar información a los funcionarios públicos y cuáles pueden ser las excepciones por las cuales el funcionario podrá negarse a brindar dicha información. Es central que la norma obligue al funcionario a responder en un plazo determinado y, en caso de que no lo haga, debe considerarse que la información es pública y el ciudadano tiene derecho a recurrir a ella. La existencia de procesos claros y expeditos para que los funcionarios entreguen la información es una pieza clave en toda ley para su efectivo funcionamiento.
Argentina es uno de los pocos países de la región que aún no cuenta con una ley de acceso a la información pública. Es importante que durante el debate se tenga en cuenta la experiencia de otros países, como México y Chile, así como los estándares de derechos humanos trazados por los tribunales internacionales de derechos humanos y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Estamos transitando momentos de cambio y no tenemos que perder de vista que existe voluntad política para debatir y sancionar una ley de acceso a la información pública, por lo tanto, para seguir consolidando la democracia.