El Indice de Libertad Económica elaborado por Heritage Foundation y The Wall Street Journal cumple 20 años. Este indicador, de compleja construcción, permite trazar la evolución de la libertad económica de un país durante las últimas dos décadas y compararla con el resto del mundo. Vale destacar que es una referencia para buena parte de los inversores internacionales.
El mayor problema de este índice es que asume que estar en las posiciones más altas del ranking es mejor. Sin embargo, una política económica puede promover una mayor libertad económica y no por eso ser necesariamente consistente.
Lamentablemente, la última crisis financiera internacional con epicentro en Estados Unidos (5º en el ranking mundial de libertad económica en 2008) nos demostró que dejar libre a los mercados no garantiza un crecimiento estable y sostenido.
Algo similar ocurrió en nuestro país en 2001. La Argentina se ubicaba en una muy buena posición en el ranking mundial (32º vs. 166º en 2014), pero eso no evitó una de las peores crisis económicas de nuestra historia.
Si bien cuestiono la idea de que mayor libertad económica implica necesariamente mayor crecimiento (de hecho apoyo la tesis de Keynes acerca del rol clave del Estado en épocas recesivas o de crisis), bajos niveles de libertad afectan negativamente la performance de una economía, especialmente si los agentes habían gozado de ella en el pasado.
En este sentido, lo más importante de este ranking es estar en torno al promedio mundial: no desvela el podio pero sí preocupa estar rezagado. Lamentablemente, Argentina ha perdido mucho terreno en los últimos años. El índice de libertad económica de 2014 ubica a nuestro país en la posición 166º de 186 países, varios puestos por debajo del ranking de 2011 (135º) y en zona crítica considerada de libertad económica “reprimida”.
No hace falta ver este indicador para saber que en Argentina los agentes económicos operan en un contexto de mayores restricciones. Desde la aparición del cepo (trabas a la compra de divisas, giro de utilidades, importaciones, etc.), el Ejecutivo avanzó en una mayor intervención y control de la economía.
El problema es que la mayor injerencia estatal ha agravado los desequilibrios de la economía argentina. Éstos son cada vez más graves: inflación elevada, persistente y creciente; cuellos de botella en sectores claves como infraestructura y energía; escasez de inversión por elevada incertidumbre, continuo cambio de reglas y falta de financiamiento; atraso cambiario, con fuerte caída de reservas y surgimiento de un mercado paralelo; y un abultado déficit fiscal, financiado con emisión en un contexto de presión tributaria récord.
Seguir avanzando sobre el sector privado, aplicando parches y sin atacar las causas originales de los problemas, no garantiza modificar el rumbo. De hecho, para encauzar las expectativas de los agentes, el Ejecutivo debería implementar una política económica consistente.
En la medida que se coordinen los frentes de acción, se tengan en cuenta las interacciones de las diversas variables económicas, se comunique correctamente el accionar estatal y se conozcan los posibles desvíos o puntos débiles del plan oficial, la política económica ganará en efectividad.
Si esta se implementa correctamente, los logros económicos permitirán, tarde o temprano, moderar las restricciones que pesan sobre la libertad económica de los agentes, iniciando un círculo virtuoso.