Con el retorno a los controles de precios ya no quedan dudas que la simpatía que tiene el gobierno por los años setenta no es sólo política sino también económica. No es la primera vez que en Argentina se toman este tipo de medidas en contextos de inflación alta y sostenida.
Un desprevenido podría pensar que el control de precios no es después de todo una medida equivocada. Si el problema parece ser precios que aumentan alocadamente qué mejor que el gobierno fije, restringa o imponga severos controles sobre determinados productos. Así se acabaría el problema, ya que dichos precios dejarían de aumentar, evitando el perjuicio sobre los consumidores que son quienes sufren dichas subas, y consecuentemente, quienes pierden poder adquisitivo.
El problema con este planteo es que asume que la inflación es un problema específico que sólo sufren los consumidores de bienes finales, y no un fenómeno más complejo, abarcativo y generalizado que afecta a todos los actores de la vida económica.
Efectivamente, la inflación impacta fuertemente sobre todos aquellos que poseen ingresos fijos (i.e. asalariados, jubilados, beneficiarios de planes sociales), ya que por definición estos últimos quedan pactados por períodos relativamente más largos, y consecuentemente siempre terminan rezagados con respecto a la variación de precios. De ahí la brillante observación del general Perón cuando advertía que cuando hay inflación “los sueldos suben por la escalera mientras los precios suben por el ascensor”. Un funcionario del gobierno podría argumentar que éste no es el caso, ya que actualmente hay paritarias, y convenios colectivos de trabajo que contemplan la suba de precios. El problema, nuevamente, es que la revisión de los salarios en la mayor parte del sector privado se realiza una vez al año, mientras que los precios suben a cada momento. A su vez, dichas revisiones difieren según el sector, el tipo de industria, y empresa, y en la mayoría de los casos siempre han sido menores a los niveles de inflación. Por último, un argumento de estas características tampoco contempla (lamentablemente) a aquellos que trabajan en el sector informal, que representa más de un tercio de la economía (según publicaciones dela OIT para el año 2011).
Pero la inflación también afecta a los empresarios y productores, actores tan necesarios para coordinar lo que una economía produce. En este sentido, tengamos en cuenta que los controles de precios siempre abarcan a un conjunto limitado de productos y servicios, generalmente los que tienen mayor incidencia sobre la canasta básica, algo lógico al ser los más representativos de lo que la gente consume. Pero el problema es que por más que se fijen los precios de determinados productos, queda toda una infinidad de otros precios sin controlar. Así, una empresa controlada enfrenta la curiosa particularidad de tener que operar en un contexto donde toda su estructura de costos varía mientras que el precio de lo que produce permanece inalterado. Es evidente que bajo estas condiciones se afectan seriamente las decisiones de inversión y se paraliza la producción. Algunas empresas podrán compensar esta medida aumentando el precio de otros productos que no se encuentren regulados para amortiguar la pérdida de rentabilidad, pero no todos los empresarios pueden seguir esta estrategia. Eventualmente, restringirán o limitarán su producción, y al poco tiempo surgirá la escasez.
Pero la inflación y los controles de precios, además de impactar sobre la rentabilidad de las empresas, ejercen un efecto negativo mucho más sutil. Veamos.
Los empresarios están acostumbrados a lidiar con los riesgos propios del sector particular en el que operan, y los riesgos inherentes de su negocio y de sus respectivos procesos de producción. Es decir, que en su “día a día” tiene que enfrentar riesgos, pero estos se encuentran identificados, son conocidos, y por ende, el empresario puede diseñar estrategias empresariales para mitigarlos. Puede que no siempre lo hagan satisfactoriamente. Pero en contextos de alta inflación las decisiones de inversión se enfrentan con un elemento de incertidumbre adicional (y no menor). El problema radica en que los precios no se mueven de manera lineal, o siguiendo un patrón previamente identificable, sino que lo hacen de una forma completamente aleatoria, y difícil de predecir. En este contexto, la inflación termina impactando de una forma impredecible sobre variables que son clave para el desarrollo de cualquier proyecto. Este hecho sumado a la imposibilidad de poder fijar libremente el precio de sus respectivos productos (siguiendo su propia ecuación económica y modelo de negocios), imposibilita una adecuada planificación de los proyectos de inversión y del propio negocio. Estos elementos generan tal nivel de incertidumbre que interrumpen cualquier propensión a invertir o a seguir produciendo, y por ende, agravan el problema.
En esta instancia, el lector se podría preguntar: si esto es realmente así, ¿por qué el gobierno insiste en reflotar una política de tan dudosos resultados como el congelamiento de precios?
La respuesta radica en que el gobierno cree (erróneamente) que todo lo que se acaba de detallar no ocurrirá, ya que los controles se aplican sobre “sectores concentrados” o sobre “grandes formadores de precios”. Según la lógica del gobierno, estos sectores “concentrados” y “oligopólicos” tienen principal incidencia sobre la inflación, ya que, por su condición tienen extremada facilidad para aumentar sus precios, o eventualmente, para trasladar cualquier suba de costos (¿?).
El problema para aceptar esta “teoría” es que es muy difícil encontrar evidencia empírica que nos permita establecer algún tipo de relación estadísticamente significativa entre el grado de concentración económica e inflación. Pero independientemente de esto, la tesis del gobierno sobre la culpabilidad de los “formadores de precios” se enfrenta con algunos datos de la realidad que la contradicen.
En primer lugar, las grandes cadenas “formadoras de precios” y los “grupos concentrados” a los que el gobierno les ha impuesto controles de precios también operan en otros países de la región, como Chile, Brasil, Perú, Colombia, por nombrar algunos. En dichos países el grado de concentración con el que operan es similar al nuestro, sin embargo, la inflación allí ha sido significativamente más baja que en la Argentina, incluso teniendo tasas de crecimiento nada despreciables. En tal sentido, durante los últimos tres años Brasil ha crecido un 4% anual (en promedio) con una inflación apenas superior al 5% anual (en promedio). Perú durante los últimos tres años creció a una tasa anual del 7% (en promedio) y tuvo una inflación menor al 3% anual (en promedio) ¿Cómo puede ser que en dichos países los mismos “formadores de precios” no hayan generado inflación y acá sí lo hagan? ¿Son más buenos allá que acá? ¿Será que a la Argentina la quieren menos que a esos países?
En segundo lugar, los supuestos “formadores de precios” operan en la Argentina hace muchos años. Cuando se observa la serie histórica de inflación desde el inicio del kirchnerismo a la fecha vemos que hubo años en los que la inflación fue baja y estuvo controlada (principalmente los años 2003 con 3,61% y 2004 con 5,94%), en clara contraposición con la escalada inflacionaria que se observa especialmente desde 2007 y que se intensificó a fines de 2009 (cuando la inflación comenzó a superar el 20% anual). ¿Cómo puede ser que antes los “formadores de precios” no generaban inflación y ahora sí lo hacen? Y más aún, ya que ahora tienen el “poder” para generar inflación ¿por qué se limitan a los guarismos actuales? ¿Por qué no generar una inflación mayor, el doble o triple a la actual que les permita incrementar aún más sus beneficios?
En tercer lugar, es evidente que un empresario que opera en un mercado concentrado tiene mayor facilidad para fijar el “nivel” de sus precios en comparación a un mercado más competitivo y atomizado. Pero la inflación no se refiere al “nivel” del cual parten los precios, sino a su “aceleración”.
En cuarto lugar, la tesis del gobierno sobre los “formadores de precios” resulta ser bastante contraintuitiva. Al parecer dichos empresarios aumentan sus precios incluso en años recesivos o de poca actividad económica. El último año, 2012, el PBI estuvo prácticamente estancado, sin embargo, la inflación anual llegó al 26%. ¿Qué lógica empresaria utilizan nuestros “formadores de precios” para aumentar sus precios incluso cuando están vendiendo menos?
En fin, podríamos seguir enumerando las falencias de esta curiosa teoría sobre la inflación, pero creemos que es necesario remarcar que el control de precios lo máximo que podrá hacer es comprar un poco de tiempo mientras el gobierno termina de diseñar un plan macroeconómico serio que incluya una reformulación drástica de la política fiscal, monetaria y cambiaria (cuando menos). Lamentablemente nada de esto se está haciendo.