En materia portuaria, el gobierno porteño sigue amarrado al capricho y la jurisdicción del gobierno nacional. La pelea por el Puerto de Buenos Aires no es nueva, desde 1813 hasta acá ha tenido varios capítulos, muchos por todos conocidos. Pero el problema ya no radica en las regalías portuarias, sino en la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, reconocida en la reforma constitucional de 1994.
Este nuevo capítulo surge con la sanción de la Constitución de 1994, donde se otorga el carácter de “Ciudad Autónoma” a Buenos Aires, y esto incluye, además de la elección democrática de sus autoridades políticas, de sus propios tribunales de justicia y su Constitución, del manejo del puerto. La llamada “Ley de Puertos” Nº 24.093, transfería los puertos a las provincias, con la única excepción de la Ciudad de Buenos Aires, que por decreto quedaba bajo jurisdicción federal.
El problema no radica en el manejo del puerto, sino que el tema central se asienta sobre dos aspectos centrales: la imposibilidad de una autonomía completa, siendo la Ciudad de Buenos Aires tratada de manera diferente en este tema, como en otros; y por otro lado, la incapacidad de la administración local de definir acciones, participar e incidir en las decisiones en cuanto a las obras en el puerto, afectando la posibilidad del desarrollo urbanístico, la mejora de los servicios, y la inclusión del puerto dentro del Plan Urbano de la Ciudad. También deben incluirse acá todas aquellas decisiones de carácter social, político, medioambiental y de transporte. Por tanto la Ciudad queda excluida de estas decisiones, estando supeditada a las decisiones federales.
Por otro lado, aquellas obras que encare el gobierno nacional, en tanto mantenimiento o mejoramiento del puerto, saldrán del erario público de todos los argentinos, y no del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, siendo en este caso, una injusticia para todos los argentinos, que deben pagar obras que sólo benefician a los porteños. Así también, aquellas decisiones que el Estado Nacional tome en cuanto al puerto, impactan de lleno en la Ciudad de Buenos Aires y hasta podrían contradecirla. Un ejemplo de esta situación es el Casino Puerto Madero o “Casino flotante”, el cual fue instalado en 1999 a partir de artilugio legal. Al momento de habilitar el casino, la Ciudad prohibía el juego por dinero, pero al encontrarse en aguas pertenecientes al Gobierno Nacional, el casino podía funcionar. Esta situación, marca cómo el gobierno nacional avasalla el poder autónomo de la Ciudad, que al no ser una provincia, pero tampoco un municipio, queda presa de las decisiones de la Nación.
Uno de los principales problemas sigue siendo el de la autonomía porteña, un camino difícil, que si bien ha ido en ascenso logrando que la Ciudad cuente con mayores niveles de autonomía, todavía resta mucho por delante. El gobierno nacional prefiere mantener bajo su control aquellas áreas que cree necesarias, como lo marca la ley 24.588, que en su artículo 3 permite a la Nación tener bajo su jurisdicción “todos los inmuebles sitos en la Ciudad de Buenos Aires, que sirvan de asiento a los poderes de la Nación, así como cualquier otro bien de propiedad de la Nación o afectado al uso o consumo del sector público nacional”, esto no incluye el manejo del puerto, en tanto conforma parte del ejido de la Ciudad, que según la Constitución de la Ciudad, llega hasta al río.
Hablar de autonomía es hablar de la posibilidad de autogobierno, de tomar decisiones y de ejecutarlas. La Ciudad de Buenos Aires ha avanzado en materia de urbanismo, seguridad, transporte, seguridad social, aspectos legales y judiciales, y la planificación estratégica en los últimos años, haciendo uso de su autonomía. En esta línea, la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires organizó un seminario este año para generar un “Plan Estratégico del Puerto de Buenos Aires”, como una forma de consensuar visiones, planificar acciones, pero sobre todo, lograr que sea la Ciudad la que detente el monopolio de las decisiones en todo lo que concierne a su territorio, y que no afecta aquellas posesiones del gobierno federal. El Puerto de Buenos Aires, se encuentra integrado tanto física como socialmente a la Ciudad de Buenos Aires y forma parte de su historia y su desarrollo, es por tanto necesario avanzar hacia una agenda de trabajo en conjunto entre los legisladores nacionales, el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Nacional, en pos de lograr el traspaso del puerto a la Ciudad, avanzando un paso más en la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Luego de casi 20 años de sancionada la Constitución Nacional, y de cinco gobiernos locales legítimamente elegidos, es imperante completar la autonomía de Buenos Aires, para comenzar a pensar Buenos Aires como una ciudad metropolitana, integrada en su totalidad y con capacidad de autogobernarse y decidir en función de sus propias necesidades e intereses.