Por: Miguel Bazze
Con el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que revocó las multas de Moreno contra las consultoras que miden la inflación, la Justicia ha dado un paso muy importante en defensa del derecho de la sociedad a estar bien informada.
La sentencia es un claro pronunciamiento en defensa de la libertad de trabajo que asiste a las consultoras perseguidas por el secretario de Comercio, lo que ya es muy importante por cuanto a todas luces desde el gobierno se les estaba negando ese derecho fundamental.
Pero esta decisión judicial representa aún más: es un hecho trascendente por cuanto es un avance en favor de la restitución al conjunto de la sociedad de un derecho que el gobierno pretende ocultar definitivamente en la Argentina que es el derecho a la información.
Sólo un gobierno autoritario, con escasa o nula vocación democrática como el actual, puede arremeter de manera sistemática contra ese derecho inalienable.
Sin embargo, como todo gobierno con fuertes desvíos autocráticos, la gestión de la Presidenta violenta de manera sistemática al conjunto social de los argentinos con sus intentos por silenciar a la prensa y deformar desde un relato oficial falaz la realidad de nuestros días.
La clara intención de instalar desde la mentira sistemática, método utilizado por los peores regímenes políticos, la sensación de que las cosas están mejor de lo que están, la de denostar a los opositores de cualquier sector y la de ocultar los gravísimos hechos de corrupción que vinculan a funcionarios y amigos del gobierno justifica la psiquiátrica obsesión del poder por silenciar y avasallar el derecho a la información.
Por eso es que el fallo es en favor de las consultoras pero fundamentalmente beneficia al conjunto de los argentinos que en nuestra propia defensa no debemos permitirle al gobierno un solo atropello más a la libertad de expresión y el derecho a estar informados.