En las democracias modernas la rendición de cuentas es una manifestación del buen gobierno que apunta a informar a la ciudadanía sobre la marcha de las cuestiones de Estado. En general, su ejercicio involucra un alto grado de procesamiento de datos duros e información sobre avances y logros de las políticas públicas.
En América Latina, Estados como los de Colombia, México y Nicaragua adoptaron un proceso virtuoso de planificación, monitoreo y evaluación de los planes nacionales de desarrollo que les permite entregar informes regulares sobre los impactos y resultados de la acción de gobierno. Al mismo tiempo, implementaron mecanismos de comunicación de esos avances a través de los Informes Presidenciales al Congreso o plataformas en línea que publican información de diferentes indicadores. Así, facilitan el monitoreo y la evaluación por parte de la comunidad a través del pleno acceso a los resultados y datos de gestión.
Este sábado la presidenta abrirá el 132° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. La Constitución indica que es el momento para dar cuenta del estado de la Nación y recomendar las medidas pertinentes y necesarias. En algunos países de la región, como Colombia, Brasil y Paraguay, este momento se utiliza también para rendir cuentas sobre los avances en términos de las metas de gobierno con base en el plan nacional de desarrollo.
En 2013, durante el mismo ejercicio constitucional, la presidenta mencionó información vinculada con 147 indicadores cuantitativos que hacían a los avances en la gestión del gobierno. Según el análisis de CIPPEC, los indicadores mencionados estaban concentrados en las áreas de salud (22%), justicia (13%) y planificación federal (12%). Todos los indicadores estuvieron vinculados al trabajo de los distintos ministerios, salvo el de Defensa, que no recibió tratamiento cuantitativo. Luego de ese esfuerzo, no ha habido seguimiento ni comunicación específica sobre cómo se vinculan con los objetivos de gobierno ni sobre el avance que han tenido con posterioridad a ese mensaje.
En cambio, se han elaborado las Metas Estratégicas 2014, compuestas por 204 objetivos y 272 metas anuales, a cargo de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Es una iniciativa positiva para mejorar el foco estratégico de la acción de gobierno, el desempeño de los ministerios en sus áreas de competencia y aumentar la materialidad de la acción del Estado.
Las Metas Estratégicas 2014 incluyen objetivos que buscan promover industrias, fortalecer el trabajo de determinados grupos sociales, reducir situaciones no deseadas, fortalecer la presencia argentina en determinados territorios estratégicos, diversificar y la provisión de servicios, fortalecer la producción, aumentar variables macroeconómicas como el consumo y la inversión, aumentar la cobertura de programas existentes, entre muchos otros.
Los diversos objetivos se traducen en metas concretas como la puesta en valor de edificios, la inversión en obras de infraestructura, el rediseño en un determinado porcentaje de sistemas de gestión, la reducción porcentual de situaciones no deseadas como accidentes viales, el reequipamiento de hospitales, un determinado aumento en la cobertura de programas, la formación de un determinado número de docentes o el aumento porcentual en el rendimiento de alumnos. Las metas se basan en alcanzar aspectos observables y cuantificables en los distintos ámbitos de acción del Estado.
Así, las metas funcionan como indicadores de cumplimiento y pueden ser asociadas al logro de actividades, productos, resultados de corto o mediano plazo o impactos. En este sentido, cumplir con metas vinculadas a indicadores de actividad o de producto da cuenta de que efectivamente se cumplió con realizar una actividad o con realizar un trabajo y la respectiva materialización del mismo. En este sentido, ayudan a pensar y evaluar el desempeño organizacional y dicen mucho de la eficiencia y la eficacia de la implementación de una tarea.
Sin embargo, también pueden establecerse metas más complejas, como las vinculadas a objetivos nacionales de desarrollo (como en el caso del Plan Nacional de Desarrollo de México 2013-2018). Alcanzar metas vinculadas a impacto implica alcanzar fines últimos de política pública, como mejorar la calidad educativa o la desnutrición infantil, entre otros.
Con todo, es esperable que se avance aún más en la explicitación, integración y sistematización de los resultados de la acción de gobierno en una línea que manifieste los objetivos de desarrollo, fije metas de logro, proponga indicadores de avance y cumplimiento para brindar información confiable sobre la gestión del Estado y así apoyar su evaluación.
Un plan nacional de desarrollo podría constituir una herramienta para aumentar la alineación de planes y programas con objetivos medibles, el análisis de los resultados e impacto de las políticas públicas y enriquecer la rendición de cuentas tanto para con los actores estatales como para con la ciudadanía en general. En este contexto, sería deseable que la presidenta alimente la 132° apertura con más datos que brinden información sobre la marcha del estado de la Nación y marquen el horizonte esperable para los objetivos de desarrollo.