Pocas dudas quedan en Uruguay de que toda crisis económica trae consigo buenas oportunidades para empezar de nuevo y reestructurar la economía.

Este pequeño país ubicado en una limitante zona geopolítica, encerrado entre Argentina y Brasil, tras pasar la peor crisis económico-financiera de su historia en 2002, ha dado lecciones claras de cómo se puede recomponer una economía bajo tres premisas básicas: el cumplimiento, la transparencia y la confianza. El himno nacional de Uruguay repite dieciséis veces la frase “sabremos cumplir”.

Los uruguayos -quizá por inconformistas- creemos estar aún muy lejos de ese modelo sobre el que comúnmente se habla al mirar hacia nuestro nuestro país. Pero si en algo existe una política de Estado, cuyo incumplimiento costaría muy caro a cualquier político, es el respeto a las normas internacionales. Es en este punto donde posiblemente radique el mayor secreto para explicar por qué en una región aún débil en estrategia financiera, un país pueda emitir bonos a 30 años por US$ 853 millones, justo a 10 años de su peor crisis económica.

El excelente libro Con los días contados del periodista uruguayo Clauidio Paolillo (Colección Busqueda, Ed. Fin de Siglo, 2004) relata minuciosamente los pasos que debió dar Uruguay para recomponerse de una de sus peores crisis financiera. Allí se puede ver claramente que el 2002 marcó un antes y un después en la historia económica del país.

Paolillo relata lo que fue “el día más negro” de ese año. El 28 de mayo de 2002, el Gobierno de la época se da cuenta que “ni el segundo ajuste fiscal ni las nuevas ayudas prometidas por los organismos internacionales de crédito conseguían reinstalar la confianza en los mercados financieros”.

Ese mismo día, “en que el Sr. Horst Köhler (director ejecutivo del FMI) había dicho que Uruguay merecía apoyo internacional […] para enfrentar la crisis, la calificadora británica Fitch bajó tres escalones la nota de la deuda uruguaya y la ubicó en la categoría de riesgo creciente”. Fitch advertía sobre “la severa y continua caída de los depósitos financieros y la pérdida de 1.400 millones de dólares de reservas” registrada en abril de ese año.

El resumen de esta historia es que a finales de 2002, la deuda pública alcanzó los u$s 11.400 millones, cifra que representaba más del 100% del PBI. Considerando números históricos del país se puede ver que con este monto de deuda externa se llegaría al equivalente del valor de las exportaciones de cuatro años y medio de ese entonces.

Es bueno aclarar que el entonces presidente Jorge Batlle debió enfrentar uno de los momentos más difíciles de la historia económica de Uruguay, pero también supo entregar un país que a finales de 2003 ya mostraba claros signos de recomposición. Fue durante ese mismo período de la crisis que se pusieron los cimientos fundamentales para que Uruguay pueda contar una historia muy diferente a la que le toca contar a Argentina en materia económico-financiera.

Las principales diferencias que hicieron que Uruguay no atraviese la misma situación de Argentina se basó en la persistencia del equipo económico del Dr. Batlle, liderado en un primer momento por Alberto Bensión y posteriormente por Alejandro Atchugarry, de resignarse a declarar el default y confiar en que, más allá de tardar en ver los resultados directos, una de las variables más importantes para una economía es darle confianza a los acreedores externos.

Es común escuchar en Uruguay que sea cual sea el presidente siempre cumplirá las normas. Por esta misma razón -y más allá de ser un tema aparte del que estamos analizando- el general de la población uruguaya no vio con buenos ojos que el actual gobierno se pliegue al acceso de Venezuela al Mercosur bajo un mecanismo que dejó mucho que desear desde el punto de vista jurídico.

Un legado histórico de este país es justamente el cumplimiento de las normas. Algunos dicen que este legado es justamente una condición de país pequeño que, como tal, debe ser un fuerte promotor y defensor de las normas internacionales.

Ese mismo legado permitió que durante 2012, al cumplirse 10 años de aquella crisis, la misma calificadora que aquel 12 de mayo ubicara a Uruguay dentro de la categoría de riesgo “creciente”; califique hoy a Uruguay (en moneda local) dentro de la categoría BBB-, alcanzando el grado inversor. En ese mismo comunicado en el que Fitch eleva la nota de Uruguay, resalta que las vulnerabilidades externas y fiscales “se han reducido” y señala como altamente positivo los acotados vínculos y comercio con Argentina.

Tras estos avances, sumados meses de trabajo, hoy Uruguay puede emitir bonos a más de 30 años por un monto de US$ 853 millones. Esta operación se concretó con la tasa de interés más baja en la historia del país, ubicada en un 4,125%.

En comparación con mercados emergentes de similar calificación, esta tasa estaría solamente por detrás de Chile.

La estructura de dicha emisión es muy positiva para el país. Según resalta un informe de Presidencia de la República sobre esta emisión, “hasta el año 2022 (salvo en un año) Uruguay no tendrá niveles de amortización que superen el 2% del PIB. Por ejemplo en 2013 y 2014 los niveles serán inferiores al 1,5% del PIB”.

Al releer los datos históricos y ver a la posición financiera que lleva Uruguay en relación con su deuda pública, se puede confirmar que no existe secreto peor guardado que el de la confianza económica. La estrategia es sólo una y trasciende cualquier teoría económica. Se resume justamente en una frase que se repite en Uruguay dieciséis veces al cantar nuestro himno nacional: “Sabremos cumplir”. Frase que, cuando se debe a un legado histórico, no hay idea ni partido que se anime a derribarla. Porque es la sociedad misma quien vela por ella.