Desde hace unas semanas la economía argentina está viviendo una intensificación de la disputa distributiva. Esta disputa se ve reflejada en dos variables nominales claves: el precio de dólar y la inflación. La vinculación entre ambas resulta esencial para poder comprender el estado del funcionamiento de la economía en cualquier sociedad.
Estas variables han sido muy estudiadas por la escuela de pensamiento económico que se conoce como el Estructuralismo Latinoamericano. Estas ideas fueron el resultado del pensamiento de los economistas de América Latina como Raúl Prebisch, Osvaldo Sunkel, Celso Furtado, Oscar Braun y Marceo Diamand, entre otros. Su surgimiento se relaciona a la experiencia de estos economistas en distintos ámbitos académicos y de la gestión pública, vinculados con la toma de decisiones en los procesos de industrialización que emprendieron nuestros países a de mediados del siglo XX. El carácter de interés por entender problemas prácticos fue una de las principales características que se imprimió en este tipo de pensamiento, vinculando nociones históricas, sociales y políticas en una misma formulación conceptual.
Los países que se han comprometido en el desarrollo de un proceso de industrialización suelen enfrentarse un problema económico similar, conocido como restricción externa. Esta dificultad consiste en la capacidad que los países poseen para financiar las importaciones de bienes, insumos y tecnología necesarios para el desarrollo de su industria nacional. Este desarrollo implica la adquisición de un conjunto de capacidades tecnológicas y es la única salida para achicar la brecha de ingresos con los países capitalistas más avanzados. En el medio de este camino, es necesario una política de tipos de cambio diferenciales que implica la administración del precio del dólar junto con un conjunto de medidas de aranceles y subsidios de acuerdo con la competitividad de cada sector de la economía que se pretende desarrollar. Por el lado distributivo, la consecuencia lógica de un proceso de crecimiento y cambio estructural es la existencia de tensiones por la participación en las distintas porción del excedente, que resulta en cierto grado de inflación, fenómeno presente en todos los países hoy industrializados, y que, administrada con diversas políticas de ingresos, no resulta problemática.
Entre tanto, estos procesos no suceden en el vacío, son el resultado de fracciones sociales que legitiman los intereses y su proyecto político hacia el conjunto de la sociedad. Este proyecto político es conducido por una fracción hegemónica cuyos intereses resultan ser los del conjunto de la sociedad. Este proceso de legitimación incluye un ordenamiento institucional (de hecho o legislado) conocido como régimen de acumulación, donde se distribuyen prioridades y beneficios en un sentido amplio, el cual es relativamente estable en el tiempo. Este mecanismo trae consigo el perfil de inserción internacional (si al resto del mundo le vamos a vender granos o productos manufacturados) cuyo origen es la distribución del excedente del proceso de acumulación y su resultado un esquema estable de procesamiento de conflictos políticos (de distinta magnitud) que se generan entre tanto.
Durante la última década, Argentina ha vivido un cambio de régimen de acumulación. Este fue el resultado de la crisis económica, política y social que vivió el país a fines de 2001. Desde lo económico, la profunda recesión y la excepción al pago de la deuda permitió alejar la restricción externa y motorizar la demanda interna mediante el aumento del consumo doméstico. El nuevo régimen de acumulación en desarrollo se reflejó en una nueva hegemonía de los sectores industriales, comerciales y de los trabajadores vinculados al mercado interno. De allí la intensificación del rol del Estado en la economía expandiendo el sistema de protección social, la mediación en las negociaciones colectivas de trabajo, el incremento de la inversión pública en obras y a través de las empresas del estado, la distribución del ingreso con las retenciones, el control de los capitales, etcétera.
En la actualidad existe una embestida del bloque financiero-agro exportador, en alianza con las empresas transnacionales y los grupos mediáticos concentrados, es decir, el bloque hegemónico durante la década neoliberal, y que hoy pugnan por recuperar la conducción del proceso económico. Esta disputa se ve reflejada principalmente en el campo de intervención del Estado en la economía.
La reciente aceleración de la devaluación generó una fuerte transferencia de ingresos de las clases populares (que tienen ingresos nominados en pesos) hacia los sectores exportadores (de ingresos en dólares), que resultó ser muy beneficiosa para estos últimos. Sin embargo, el problema no es simplemente el precio del dólar o la rentabilidad sectorial sino “las retenciones” (en palabras del titular de la Sociedad Rural, Diario La Voz del Interior, 1º/2/14). Esto es así y parecería que no puede ser de otra manera. Entre otras medidas, las retenciones son un reflejo del proyecto político industrialista del bloque nacional, que hoy es el que conduce el Gobierno Nacional y esto es lo que pretende ser puesto en cuestión.
Por ello, la dinámica del dólar y la inflación son el centro de la escena de la disputa política por una transformación del régimen de acumulación. Un aumento brusco en el tipo de cambio generaría una pérdida del poder adquisitivo de la mayor parte de la población, disminuiría el consumo interno, frenaría la inversión, el empleo y crecimiento de la economía. De este modo, lo que se busca es deslegitimar un modelo económico exitoso para poner fin a un proyecto político de industrialización. De un lado, un modelo de crecimiento con inclusión social que prioriza el empleo, la distribución del ingreso y la expansión del mercado interno y, por el otro, un modelo de financiarización y exportación de materias primas, de estancamiento del poder adquisitivo y contención del conflicto social.
Agradezco los valiosos comentarios de Santiago Goyer y Dionela Guidi.